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En momentos en los que en EE.UU. se habla de pasar de los principios a las reglas en pos de la neutralidad de la red (incluyendo también a las redes inalámbricas), dos de los gigantes de las telecomunicaciones móviles de los EE.UU. como AT&T y Verizon comunicaron, separadamente, la apertura de sus redes a servicios de terceros que compiten con los propios.

AT&T anunció que su red estará abierta a servicios de telefonía como Skype para el iPhone. De esta forma, sus usuarios podrían hacer llamadas a distintos destinos por mucho menos de lo que le pagarían a su operador móvil. Por su parte, Verizon anunció un acuerdo con Google para producir equipos basados en Android, los que estarán abiertos a cualquier aplicación, incluyendo a Google Voice, un software similar a Skype.

Si bien por ahora los acuerdos de “neutralidad de red” están acotados a determinadas plataformas de software, son de todos modos un adelanto de cómo evolucionarán las cosas bajo esta filosofía. Los operadores de las redes no serán sólo proveedores de “cañerías” para que los servicios y contenidos fluyan, sino que podrán ofrecer los propios, aunque crecientemente en competencia con terceros, como lo demuestran estos anuncios.

El tema de la neutralidad de la red es sin dudas un debate de fondo en el mundo de las telecomunicaciones, especialmente en las móviles, basadas en un recurso escaso, como es el espectro. De hecho, los operadores esgrimen el argumento de que su ancho de banda es limitado (mucho más que en las comunicaciones fijas), por lo que deben tener la libertad de manejar sus redes y evitar que ciertas aplicaciones puedan afectar la capacidad de las mismas.

Habrá que creer entonces que estos anuncios son un indicador de que las redes actuales están en condiciones técnicas de absorber la carga que implican las llamadas telefónicas en formato IP, cuya demanda de ancho de banda es manejable para las capacidades de las redes móviles modernas. O al menos, eso es lo que parece.

En definitiva, como debería ser también en radiodifusión, si el recurso utilizado es casi infinito (cable), la red no debe poder elegir qué servicios acceden a Internet ni tratarlos diferenciadamente. Cuando el recurso utilizado es escaso (espectro), hay que negociar. “Negociemos Mendieta” es lo que se comienza a escuchar en la industria.

En momentos en que el centro de atención en el Congreso gira alrededor de la ley de medios, lo cierto es que lo que se conoce como el “impuestazo tecnológico” todavía está merodeando, ahora nuevamente en Diputados. Es un buen momento para que quienes tengan que tratar esta ley chequear la información publicada esta semana en el sitio Infobae Profesional, bajo el título de “Impuestazo: la verdad que esconde Tierra del Fuego y el ‘corralito’ a las empresas”.

El artículo en cuestión aporta varios elementos y documentos que ponen en serias dudas las capacidades de Tierra del Fuego de poder absorber una mayor demanda de los productos que la ley pretende promover. De ser así, el impuestazo nunca tendría un mejor nombre, ya que el resultado sería seguir con niveles de importación similares a los actuales pero con mayor carga impositiva.

Es normal que en momentos como el presente, donde se debate el polémico proyecto de ley de medios, cada uno de los interesados intente llevar agua para su molino, resaltando sus virtudes y minimizando sus defectos. Pero una cosa es defender su posición y otra es utilizar argumentos “flojos de papeles” para sostener algo de dudosa veracidad. Esto sucedió esta semana en que ATVC publicó una solicitada en relación al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La industria del cable en Argentina tiene varios méritos. La penetración del servicio (de más del 60% de los hogares) tiene tasas que se ubican entre las más altas del mundo, siendo claramente líder en Latinoamérica. Existen cientos de operadores de todos los tamaños que hacen una importante contribución a la distribución y diversidad de los contenidos (algo que está en línea con el espíritu del proyecto de ley). También es justo reconocer que fue la TV por cable la pionera de la banda ancha en Argentina, a través de Fibertel, antes que las mismas telefónicas. Es más, fue uno de los primeros países donde se implementó comercialmente el acceso de banda ancha vía redes de TV por cable. En síntesis, la industria de la TV por cable tiene suficientes méritos como para recurrir a argumentos falseados para defender su posición frente a un proyecto de ley que la afecta especialmente.

Un argumento irritante (porque subestima al destinatario del mensaje) es decir que se trata de una industria en competencia. Que haya más de 700 operadores no quiere decir que compitan entre sí. Las industrias basadas en redes compiten dentro el alcance geográfico de las mismas, no dentro de la totalidad del territorio nacional. Una importante proporción de los cables operan en regiones acotadas pero donde son la única alternativa. Se podrá argumentar que siempre está la competencia de la TV satelital, cuya cobertura alcanza a todo el país. Si bien se trata de un producto sustituto, no es tan competitivo, como lo demuestra su penetración que equivale aproximadamente al 10% del mercado de cable. El resultado es que a pesar de estas 700 cableras, abundan los casos donde los habitantes tienen una única opción de proveedor de TV por cable.

Por supuesto, en esto hay gran responsabilidad del Estado, que durante años congeló el otorgamiento de nuevas licencias, medida ridícula desde el punto de vista técnico si se considera que el tendido de cables no es un recurso escaso, como sí sucede con el espectro radioeléctrico (razón por la cual hay un número limitado de canales de TV de aire, radios, proveedores de comunicaciones inalámbricas y hasta operadores de telefonía celular). En otros casos hubo, como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, medidas que frenaban el ingreso de nuevos actores porque les exigían acciones que los “incumbentes” cableros no cumplían (ni cumplen), como soterrar sus cableados. Se evitó así realizar una inversión que sí se le exige a los “entrantes”. Por eso, cuando desde ATVC sostienen que la industria se desarrolló sin exclusividades, es una afirmación que puede considerase al menos como discutible.

No le falta razón a ATVC cuando afirma que se trata de una industria donde “los operadores se consolidan y establecen alianzas para costear las cuantiosas inversiones en digitalización, nuevas tecnologías y banda ancha”. Al cable, como a las telcos, se le aplica la misma racionalidad económica: importantes inversiones que requieren de escalas para poder ser viables. Por eso, más que pretender evitar la concentración, hay que regularla para que ésta no dé lugar a abuso de posiciones dominantes.

Finalmente, y en un acto de sincericidio, ATVC reconoce la debilidad de muchos de sus asociados. Lo hace cuando afirma que “con cables pobres y fragmentados seguiremos teniendo redes atrasadas, con pocos canales que terminarán siendo los que el Gobierno decida”. Como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.

Lamentablemente, el proyecto de ley de medios no se presenta como una solución para estos problemas. Los desequilibrios y limitaciones que se dan tanto en las redes de cable como las de telecomunicaciones requieren de un enfoque más aggiornado, pensando no ya en una Ley de Telecomunicaciones sino en una ley que podríamos bautizar de “Infraestructura digital”. Una norma que no diferencie entre red de cable coaxil, par de cobre o fibra óptica, y que tenga una normativa independiente de los contenidos que por ésta viajen. Una Ley de Infraestructura Digital que contemple las particularidades del negocio (como la tendencia a las grandes escalas) pero que tenga como norte la competencia de infraestructuras, la mejor forma de asegurar el desarrollo, difusión y actualización de las mismas a precios que el consumidor pueda pagar. Es hora de despertar del letargo y darse cuenta de que vivimos en el siglo XXI.

Un par de semanas atrás se conoció el rumor circulante en Italia por el cual habría en aquél país un movimiento que apunta a convertir a Telecom Italia (TI) nuevamente en una empresa 100% italiana, lo que implicaría la salida de Telefónica del paquete accionario de Telco, sociedad controlante de TI.

Esta semana, el rumor se convirtió en presión política, luego de que el viceministro de Desarrollo Económico italiano expresara ante la Cámara de Diputados de aquél país que la presencia de Telefónica en Telco, "es un problema relevante que se tiene que resolver".

Si bien se trata de un tema entre privados, la presión política está. Inclusive los medios de aquél país mencionan que el primer ministro está directamente interesado en que Telecom Italia vuelva a ser totalmente italiana. Lo que no queda claro es si esto se debe a un sesgo nacionalista o, para los malpensados, porque esta presencia extranjera en TI podría afectar sus intereses como magnate de los medios.

Lo único concreto por el momento es que el ruido político existe y que a fines de este mes, los accionistas de Telco debe renovar el acuerdo que tienen desde hace casi 3 años.

Por supuesto, lo que ocurre en Italia es seguido atentamente desde aquí, no sólo en el interior de Telecom y Telefónica, sino también por todos aquellos interesados en adquirir la participación de TI en Telecom Argentina, ya que de producirse finalmente la salida de los españoles de la empresa italiana, no habría motivos para exigir la desinversión de TI en Argentina. Muchos destinos dependen de lo que finalmente ocurra en Italia.

Esta semana tuvo lugar una nueva edición de Expocomm, un clásico que en su versión 2009 se mostró considerablemente disminuido en cuanto a la exposición, percepción manifestada por visitantes y exhibidores por igual. En las charlas de pasillo las dudas es si este “bajón” se debe a un tema coyuntural (la famosa crisis, empresas involucradas en conflictos “políticos”) o si es más bien estructural (validez de la relación costo/beneficio de participar, necesidad de un evento cuando los anuncios son un continuo a lo largo del año, etc.). Sobre el Seminario, es difícil opinar sin haber concurrido a un número importante de charlas, si bien algunos temas generaban interés. Como sucede en este tipo de eventos de industria, hay un atractivo especial por la congregación de actores, lo que da lugar a ricos intercambios de información, tanto en las presentaciones como en la informalidad de los pasillos.

Por supuesto, no podían faltar dos temas centrales: el impuesto a los productos tecnológicos y la ley de medios, especialmente en lo que hace a la participación (o no) de las empresas de telecomunicaciones.

En el caso del denominado “impuestazo”, era lógico que el ambiente estuviera dominado por opiniones adversas, independientemente de si el interlocutor era un afectado directo o no. Un triste detalle de este proyecto fue la confirmación de que las notebooks y netbooks fueron retiradas de los alcances de los proyectados impuestos simplemente por la diferencia entre empleos perdidos en el continente versus aquellos generables en Tierra del Fuego. Si fuera por el impacto en el desarrollo digital, todavía seguirían incluidas en la pretendida norma. Una muestra de la miopía de nuestros legisladores. En fin…

Por el lado de la ley de medios, obviamente no había felicidad por la exclusión de las empresas de telecomunicaciones. La sensación que queda es que sacrificar el ingreso de éstas al negocio de los medios estaba previsto de entrada, ya que se aceptó esta modificación al proyecto original sin casi oponerse. No obstante, y visto el status actual del proyecto de ley, parecería ahora que todos los cañones apuntan a propiciar la promulgación de una nueva ley de telecomunicaciones. En realidad, y considerando la evidente diferencia entre contenido y transporte, sería razonable que la ley de medios se enfocara en el primer punto y que la de telecomunicaciones en el segundo. Pero como el ejecutivo y los legisladores no pueden distinguir claramente las diferencias entre uno y otro, hay chances de que se terminen votando engendros en cada materia.

Dicen que este tipo de eventos son reflejos de la industria a la que convocan. Si efectivamente es así, no hay dudas de que el 2009 no pasará a la historia como un gran año, sino aquel donde se pusieron en riesgo muchos logros. Esperemos que Expocomm 2010 sea exuberante (pero racional, tampoco repetir la locura de la burbuja tecnológica de los 2000).

Que las empresas de telecomunicaciones no puedan legalmente ofrecer servicios de TV no atenta contra la posibilidad de distribuir contenidos en video, específicamente si no es bajo el modelo de broadcasting. Es por eso que esta semana, Telefónica anunció que para marzo del año próximo lanzará un servicio por el cual ofrecerá películas, series, documentales y otros contenidos en video utilizando el modelo de bajo demanda (u On Demand), a través de su red de banda ancha. Inicialmente, el servicio estará disponible en Capital y Gran Buenos Aires, aunque seguramente no en la totalidad de este territorio conociendo las limitaciones técnicas de este tipo de transmisión y sus necesidades de ancho de banda.

El servicio, que será exclusivo para clientes de Telefónica, tendrá un abono mensual (de valor no anunciado) que incluiría la conexión de banda ancha y una cantidad limitada de contenidos. Lo interesante, es que los mismos podrán ser vistos directamente en el televisor, sin necesidad de PC. Lo que sí ya está determinado es que los contenidos no incluidos en el abono tendrán precios que oscilarán entre $ 1,90 y $ 6,90.

Ciertamente, este tipo de servicios tienen chances de tener buena aceptación, en la medida en que el precio sea el adecuado. De hecho, un 30% de los usuarios de Internet que están abonados a un servicio de TV paga (cable o satélite) muestran intenciones de abandonarlo si existiera la posibilidad de conectar su televisor a la red para ver películas o series. Esto surge del informe “Usuario online: consumo de contenidos 2009”, realizado por Carrier y Asociados. Estos porcentajes pueden considerarse como muy alentadores para quienes tengan intenciones de ofrecer este tipo de servicios, habida cuenta de que se trata aún de un concepto y no de un servicio concreto.

No obstante, la clave estará no sólo en la calidad de los contenidos (cosa obvia), sino, y fundamentalmente, en la variedad y cantidad de los mismos.

Entre tanto debate por la ley de medios, hace un par de semanas se publicó una nota en el diario italiano Corriere della Sera, que pasó desapercibida en estas latitudes. En esta se especula con la posibilidad de que Telefónica abandone su participación en Telecom Italia por presión de los demás accionistas.

El artículo menciona que el próximo 28 de octubre debería renovarse el acuerdo entre los socios de Telco, accionista principal de TI. Pero el mismo especula con que podría alterarse la composición societaria, creando nueva Telco, totalmente italiana, con nuevos accionistas y sin Telefónica. Más allá de que finalmente esto termine sucediendo o no, la mera especulación indicaría que el ingreso de Telefónica no habría resultado tan beneficioso como algunos de sus socios italianos imaginaron originalmente.

De concretarse este recambio societario, el impacto en Argentina sería importante. Con Telefónica totalmente fuera de TI, ya no habría razón para exigirle la desinversión en Telecom Argentina. Así, se acabaría con las versiones en relación a los interesados por esta participación (lo que daría por tierra con mucha especulación política). O quizás no. Porque de ser así, TI podría hacer uso de su opción de compra de la participación del Grupo W, lo que luego de los últimos meses, parecería una fija. De este modo, volvería la danza de nombres, aunque quizás sean otros.

Estamos a un mes de la fecha clave. Un poco de paciencia. [Gracias por la data TecnoBIZER]

La célebre frase del Bambino (con inflexión de la voz y todo) tranquilamente podría haber sido utilizada esta semana por la presidenta CFK, luego de una reunión con empresarios tecnológicos que tuvo lugar durante su estadía en los EE.UU. En la misma, defendió el proyecto de “impuestazo tecnológico”.

La presidenta mencionó posibles inversiones para la fabricación de celulares. A juzgar por el listado de empresas que participaron de la reunión, la única que está vinculada al negocio es Brightstar, quien además ya opera en Tierra del Fuego desde hace unos años.

Investigando un poco en la Web, se puede ver la resolución 146/2004, que habilita a la empresa a tal fin. Más interesante aún es que el artículo 2° de dicha resolución menciona que la capacidad de producción será de más de un millón de unidades anuales. En el artículo 3°, la empresa se compromete a fabricar, al cabo de 3 años (o sea 2008), un volumen mínimo de 490.000 unidades anuales.

Revisando las importaciones del año pasado, en Argentina se fabricaron poco más de 200 mil unidades. O sea, la producción total representa el 41% del total comprometido únicamente por Brightstar. Esto indicaría entonces que la empresa todavía tiene capacidad ociosa.

Así surge la duda: ¿incrementará sus inversiones si con las que actualmente tienen todavía están lejos de los volúmenes acordados oportunamente?

Un banquete para un psicólogo. Esto es lo que surgió de la participación del interventor del Comfer ante el plenario de las cuatro comisiones del Senado respecto del proyecto de ley de medios.

Mientras argumentaba a favor de la extensión de las licencias que se hizo por decreto en el 2005, el funcionario sostuvo que producto de la ley 22.285 y de los decretos de necesidad y urgencia de la década del 90, “las transferencias de las acciones de los medios no estén consideradas en los expedientes del Comité Federal de Radiodifusión” y esa irregularidad “permite que se generen posiciones dominantes en el mercado superando holgadamente las 24 licencias que la ley de la dictadura actual, esteeee..., justifica”. Suponemos que quiso decir “la ley actual de la dictadura”, o “la ley de la dictadura, actual”. Los psicólogos dicen que el inconciente es eficaz.

Quienes quieran escuchar el audio original, pueden hacerlo desde aquí y sacar sus propias conclusiones.

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• Unplugged: En Francia ya rige la ley antipiratería que llega a penar con hasta un año de desconexión a los usuarios que anden pirateando en el cyberespacio. La medida es sin dudas polémica, en tiempos donde Internet es más que entretenimiento: un año sin teletrabajo, sin pagar impuestos y servicios online, sin compras electrónicas, sin acceso a información y educación. No parece una resolución brillante al problema. Más bien, preocupante… [El País]
• Lo que faltaba: Aparentemente, Microsoft, asociado con Sharp, está por entrar en el mercado de los celulares con equipos propios. Más allá de rumores acerca de servicios Zune y un propio app store (siguiendo el modelo iPhone), ¿qué dirán los demás fabricantes que usan Windows Mobile? Pasen y vean. [Gizmodo]

Finalmente, en la madrugada de ayer, Diputados dio media sanción a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, familiarmente conocida como Ley de Medios. Pero en la ansiedad por sumar la cantidad de porotos necesaria para la aprobación de la norma, el oficialismo decidió “podar” de la misma uno de los aspectos más progresistas (en el sentido estricto de la palabra) que incluía. Se trata de la exclusión de las empresas de telecomunicaciones de la posibilidad de distribuir contenidos televisivos.

Para aquellos interesados en conocer los fundamentos de esta postura pro ingreso de empresas de telecomunicaciones, la explicación está en esta columna publicada esta semana en el diario La Nación bajo el título “Cableras y telefónicas, una división del pasado” (N. de la R.: no es fácil fundamentar una postura en el espacio de 20 tweets – 2.800 caracteres – pero ya que estaba hecho, era mejor reciclarlo que reinventar la rueda).

Lamentablemente, el contexto no fue el ideal para debatir con fundamento y profundidad un tema tan importante para el desarrollo futuro no sólo de la actividad, sino también, y de mayor importancia, por su impacto en la infraestructura clave de una sociedad moderna. En esto ciertamente influye la tendencia del gobierno a polarizar cualquier tema que toca. Así, todo es dicotómico. Blanco o negro. No hay grises. Y la mayoría de las veces es en las posiciones intermedias donde se encuentra el mejor camino.

Lamentablemente, la oposición hizo honor a su denominación y se opuso a todo, lo bueno y lo malo por igual. Y peor aún, no estuvo siquiera presente en el debate, con lo que la transmisión del mismo fue casi un coro de voces a favor de la ley y, con tantas cadenas de televisión transmitiendo en vivo, se privó a la ciudadanía (incluyendo a sus votantes) de tener la otra campana. Eventualmente, podrían haber pedido la palabra y retirarse antes de la votación, como forma de protesta. Como oposición, un flojo papel.

Aunque por otros motivos, también fue triste el papel de los pequeños partidos, la mayoría autodenominados “progresistas”. Dicen defender la pluralidad y actuar en contra de la monopolización de la información, pero aceptaron la norma a partir del momento en que se privó a la ciudadanía de la posibilidad de contar con redes de acceso alternativas. Con ello, de paso, pusieron un freno al desarrollo de una infraestructura moderna, acorde al siglo XXI. Y lo peor de todo es que no parecen haber actuado así por corrupción o acuerdos secretos. De su discurso se desprende que, paradójicamente, lo hicieron por tener una visión conservadora del tema en lugar de progresista. Tienen una concepción de los medios del siglo pasado, no del presente. Preocupante.

El principal argumento para frenar el ingreso de las telcos fue su condición de “monopólicas”. Si esto ocurre, es responsabilidad primaria del Estado. El gobierno cuenta con el marco regulatorio y las herramientas necesarias para evitar el abuso de posiciones dominantes. Pero desde que comenzó la gestión K (tanto en su versión masculina como femenina), esta potestad no fue ejercida, por incapacidad, o peor aún, por falta de voluntad. Si no comulgan con el marco regulatorio vigente (de la gestión De la Rua), podrían haberlo cambiado. Sin embargo, el camino fue ignorarlo. Y en el tratamiento de esta ley, en vez de aprovechar para dar forma a un escenario en competencia, optaron por lo más fácil: prohibir. Algo así, como “muerto el perro, se acabó la rabia”. Pero el Estado, en sus tres poderes, debería poder dar respuestas más sofisticadas que un simple hachazo.

Lamentablemente, los principales perjudicados son los habitantes de este país, a quienes se priva así de tener más y mejores alternativas.

Si bien el proyecto de ley de Medios aún debe recibir la aprobación del Senado, se puede analizar el impacto de la misma desde la perspectiva de las telecomunicaciones.

Un aspecto muy discutible de la ley es el famoso tope del 35% del mercado, ahora aplicable sólo a la TV por cable. Este límite puede perjudicar más de lo que beneficie. No se debe condenar una posición dominante, sino velar porque esta participación no dé lugar a un abuso. Son dos cosas distintas. Si no, se estaría castigando al éxito obtenido luego de hacer bien las cosas. La mejor forma de evitar tanta concentración no es estableciendo límites artificiales sino propiciando la competencia de infraestructuras, sin importar si es por cable de TV, cable telefónico, fibra óptica o inalámbrica. Es decir, lo mejor sería que la misma competencia establezca los límites y no una norma. Pero para que esto suceda, no sólo hay que regular la competencia, sino velar por el cumplimiento de esta regulación.

Otro punto realmente incomprensible de la norma es la exclusión de las empresas de telecomunicaciones como una entidad única. Si bien se esgrime el argumento del monopolio en telecomunicaciones, lo cierto es que la apertura de esta industria en el año 2000 dio lugar a que surgieran decenas de competidores en todo el país. Empresas como Telmex, Iplan, Global Crossing y otras de menor tamaño, operaron desde el primer día en competencia, no sólo sin reservas de mercado sino desarrollándose en áreas ya atendidas mínimamente por el operador incumbente. ¿Cuál es la razón para privarlas de ingresar al negocio de la TV? Ninguna. O en realidad sí: haber comenzado a operar a través de una licencia de la Secretaría de Comunicaciones y no del Comfer. Obviamente están pagando el precio de tener legisladores poco informados y en absoluto involucrados con lo que votan.

¿Están totalmente fuera del negocio las empresas de telecomunicaciones? No del todo. Existe la resolución 275/2009 del Comfer [ver “Generación espontánea, de redes”]. La misma habilita a cualquiera que tenga una red capaz de transmitir señal de video puede arrendarla a un licenciatario. Esto daría lugar a lo que podríamos bautizar como CTVNO (Cable TV Virtual Network Operator, u operador virtual de red de TV por cable). Obviamente, el éxito de esta medida dependerá, en parte, de que no se quiera regular el precio de este alquiler. Mientras estén impedidas de dar el servicio directamente, el precio no será un elemento de disuasión de competidores, sino que deberá cubrir los costos y dejar un beneficio (objetivo último de toda actividad empresaria, algo que muchos tienden a olvidar). Solamente si hay repago de la infraestructura habrá interés en realizar las inversiones necesarias en la red.

Una observación final. En algún momento se atacó el proyecto de ley de medios argumentando que estaba hecho a la medida de Telecom, por el punto que exige una participación máxima del 30% de capital extranjero en las empresas participantes. Y ante la exigida desinversión de Telecom Italia en éste operador, la mayoría de los nombres interesados barajados en los medios eran nacionales, en algunos casos vinculados directamente al gobierno. Así, la posibilidad de dar Triple Play había hecho más atractiva (y por lo tanto más cara) esta participación supuestamente en venta. La exclusión de las empresas de telecomunicaciones, no debe haber causado mucha gracia a los italianos, que vieron así perder valor a sus activos. Pero simultáneamente, otros estarán contentos, porque así entrar en la empresa costará menos. El mundo de los negocios es así, más si hay política de por medio.

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En el debate por la ley de medios, se deja de lado la evolución que está teniendo la TV, no ya como un instrumento pasivo receptor de broadcasting sino como un dispositivo activo para el consumo de contenidos que poco tiene que ver con su modelo original sino que se asemeja mucho, al punto de hacerlo indiferenciable, a la PC. Ya no se trata sólo de TV conectables a Internet, sino también de la posibilidad de agregarle widgets, o pequeñas aplicaciones, que cambian radicalmente la actitud frente a la TV y los contenidos.

Un anticipo puede verse en este video realizado por Opera, desarrollador del navegador homónimo. Sería bueno que los legisladores lo vieran para entender mejor cómo será el mundo en el cual regiría la nueva ley, si es que se aprueba el proyecto propuesto.

• Discurso elíptico: El discurso de la presidenta en la inauguración del centro de soporte mundial de Symantec y su mención a la seguridad informática dejó a más de uno pensando… en qué habrá querido decir. [Red Users]

• ¿Ley mordaza? Un senador oficialista, cansado de los agravios anónimos que sufren los ciudadanos, tiene un “brillante” proyecto de ley que amenaza responsabilizar con multas a los buscadores, ISP, proveedores y todo eso que el legislador considera la misma cosa. Por favor, que no pase de proyecto… [E-Laws]

La oficialización, la semana pasada, de la adopción de la norma japonesa-brasilera de TV Digital por parte de Argentina generó muchas preguntas en torno a qué impacto tendrá de aquí en adelante. Más allá de la norma en sí, el Sistema Nacional de Medios Públicos puso en Internet un documento donde explica con bastante claridad los conceptos básicos de la TV digital.

A pesar de esto, todavía quedan muchos interrogantes, tales como si habrá algún financiamiento a la producción local de conversores y televisores, cómo será la relación industrial con Brasil, cómo se distribuirá la mayor capacidad que permitirá canales adicionales, qué sucederá con el espectro actualmente en uso por la TV cuando sea liberado, etc.

Por ahora, lo concreto es que el apagón analógico se producirá en el 2019. O sea, dentro de una década. Y 10 años, en términos tecnológicos, son un siglo o más. Es justamente este plazo lo que puede hacer que finalmente el tema de la norma de TV digital sea totalmente irrelevante. Repasando lo que pasaba 10 años atrás en Argentina y confrontándolo con lo que hoy tenemos:

• No había banda ancha: hoy representa el 95% de las conexiones a Internet

• YouTube no existía: hoy la mitad de los usuarios de Internet en Argentina ve videos online y 1 de cada 5 ve contenidos de TV

• Los televisores sólo se conectaban a antenas y equipos de reproducción (VHS, DVD): hoy comienzan a incluir conectividad a Internet (RJ45 en la jerga tech)

Con estos antecedentes, es muy probable que de aquí a 10 años ya no hablemos más de TV, típico exponente de la sociedad de masas, con unos pocos emisores y múltiples receptores. Probablemente sólo hablemos de video, en un modelo de muchos contra muchos, más propio de los tiempos de Internet. En otras palabras, para ese entonces nos habremos acostumbrado a consumir bajo demanda (cosa que la TV de aire, analógica o digital, no puede ofrecer). Y para hacerlo, Internet y, en menor medida, los modelos de TV por cable, son los únicos caminos. Si a todo esto le sumamos que las generaciones más jóvenes (que en 10 años serán adultos o comenzarán a serlo), cada vez consumen menos TV y más Internet, tendremos más demanda por la segunda que por la primera como plataforma de consumo de video.

Ante este panorama queda claro entonces cuál es el costo de haber demorado tanto una decisión. El timing apropiado fue el de la decisión original, en los años 90 (perdón por la palabrota), más allá de si la norma elegida en ese momento era la más conveniente o no. Procrastinar no es gratis.

Se sabía que en relación a la fusión entre Cablevisión y Multicanal el gobierno se había guardado un as en la manga. Más allá de la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, todavía quedaba el visto bueno del COMFER. Por eso, no sorprendió del todo que el titular de este último anunciara que había firmado una resolución denegándola. Lo hizo al comenzar a hablar ante las comisiones que analizan en el Congreso la nueva Ley de de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Más allá de la opinión que cada cual pueda tener tanto sobre la fusión como sobre el proyecto de ley en sí, lo cierto es que si a esto se suma la decisión de “estatizar” las transmisiones televisivas del fútbol, queda cada vez más claro que el punto principal es el enfrentamiento entre gobierno y el Grupo Clarín. E independientemente de las simpatías y/o antipatías hacia las partes, el “daño colateral” alcanza no sólo a la industria de medios en general, sino también a la ciudadanía.

Con esta decisión, el COMFER debería explicar por qué demoró 2 años en expedirse, ya que los argumentos esgrimidos hacen referencia a una situación ya denunciada años atrás por los que se sentían damnificados.

Para cerrar, el ensañamiento con el Grupo Clarín puede volverse contraproducente, ya que hasta quienes defienden la necesidad de una reforma a la actual Ley de Radiodifusión, temen que sea peor el remedio que la enfermedad. Así, los potenciales aliados prefieren mantenerse a la vera del camino. Y lo último que alguien en guerra quiere hacer es perder a quienes podrían apoyar su causa.

A pesar de que entre las críticas que los operadores de TV por cable hacen del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está la posibilidad del ingreso de las empresas telefónicas al negocio de los medios, esto no sería tan así. El artículo 24 del proyecto dice que cualquier empresa que quiera dar servicios de radiodifusión puede tener un máximo de un 30% de capital extranjero, siempre que este porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria. De aplicarse así, Telefónica quedaría fuera de la discusión, no así Telecom.

De aprobarse la norma con este artículo, quien se vería favorecido sería Telecom Italia, ya que, obligada a desinvertir en Argentina, su participación en Telecom Argentina tendría un atractivo adicional, habida cuenta de la presencia actual de socios argentinos (el Grupo W), a lo que podría sumarse otro socio local.

El paso del proyecto de ley conocido como Impuestazo Tecnológico hace recordar a la serie original de Batman (la de los ’60 con psicodelia y todo), donde cada vez que lo estaban por ajusticiar algo lo hacía zafar a último momento. Esta semana se produjo una nueva postergación, dando esperanzas a quienes se oponen a ella de que sea definitivamente descartada.

Con la sanción de Diputados, muchos pensaron que la aprobación en el Senado era un simple trámite. Pero la doble postergación de su tratamiento en el recinto demuestra que el panorama no es tan simple. No sólo hay quienes genuinamente se oponen a la norma, sino que también hay que encuadrar la discusión en medio de un panorama político conflictivo, donde muchas veces las posturas a favor y en contra van mucho más allá de la norma en discusión.

Quien no ayudó demasiado fue la principal interesada, la gobernadora de Tierra del Fuego, quien declaró que su provincia "no tiene IVA ni impuesto a las ganancias, porque es una zona por un lado de promoción industrial, y por otro es una zona franca aduanera". Aparentemente estas exenciones no son suficientes, por lo que necesita que los bienes producidos fuera de su provincia tengan un alza de más del 30% para ser competitiva.

Por otra parte, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, CICOMRA presentó una propuesta de los operadores de telefonía celular para excluir a los teléfonos móviles en el Proyecto de Ley. En ésta, según publicó el diario Ámbito Financiero, se comprometen a comprar 210 mil celulares en 2010, 263 mil en 2011 y 315 mil en 2012, alcanzando un total de 788 mil aparatos en los próximos tres años. Según la misma fuente, en el 2008, Tierra del Fuego produjo sólo 166 mil celulares, por lo que en la oferta de compra se estaría duplicando a la capacidad de producción de la isla en dos años.  Según la cámara, este compromiso permite alcanzar el objetivo de reactivar el empleo y la economía de esta región, evitando efectos negativos que generaría la adopción de la norma propuesta.

Como suele suceder, y más allá de sus propios intereses, a veces las cosas se ven más claras desde afuera. Esto pudo comprobarse esta semana cuando el VP de relaciones corporativas de Nokia afirmó al diario El Cronista que “Argentina debería enfocarse en el desarrollo de contenidos para celulares, más que en la fabricación, ya que -señaló- hoy la producción busca escalas globales, es decir, grandes volúmenes de unidades que permitan abaratar el proceso”. Sabias palabras.

En fin, todavía hay que esperar, pero vale la pena si la resultante es evitar una norma que es claramente negativa para el país y el grueso de su población. Cuando parece que todo está perdido, siempre queda la esperanza.

Al parecer desde el gobierno no están tan convencidos de que los usuarios puedan repetir esta célebre (aunque retocada) frase. Al menos así parece luego de que el gobierno nacional presentara esta semana un recurso para que la Corte Suprema revise la sentencia por la que el Estado fue obligado a regular la portabilidad numérica. La puesta en marcha de este mecanismo (previsto en la desregulación del año 2000) permitiría a los usuarios de celulares mantener su número en caso de cambiar de operador.

Se trata de una medida incomprensible, ya que el Estado no se vería perjudicado y favorecería a los clientes/ciudadanos, no sólo por el beneficio evidente de ser dueños del número sin importar el operador, lo que derribaría la mayor barrera de salida cuando éstos no están conformes con el servicio recibido. Esto es particularmente importante para quienes el celular es una herramienta de trabajo, sin importar si se trata de un alto directivo de una gran empresa, un profesional, un cuentapropista o alguien que hace changas. Ya en el ámbito personal, conservar el número del celular no sólo es importante en momentos en que más y más las comunicaciones se canalizan por esta red, sino que también es la forma de contactar a millones de argentinos para quienes el celular es su única línea telefónica.

Para los operadores también es una medida positiva, en la medida en que la calidad de su servicio sea buena, ya que de esta forma podrían atraer clientes insatisfechos con otros operadores que hoy no cambian porque no pueden resignar su número.

Además, los clientes también se verían beneficiados porque al eliminar esta barrera de salida, los operadores estarían motivados a utilizar otros factores de retención, como descuentos, planes especiales o subsidios mayores a los terminales que les entregan.

Es una lástima que el gobierno no hiciera público los fundamentos para pedir la revisión de la sentencia. Quizás hay algún factor muy negativo que se nos esté escapando y sería bueno conocerlo.

Es feo enterarse de lo que pasa en casa a través del vecino. Esto fue lo que sucedió esta semana cuando el ministro de Comunicaciones de Brasil informó a la cámara de fabricantes de electrodomésticos radicados en Manaos que Argentina optaría por la norma japonesa-brasilera de TV digital. A su vez, el funcionario brasilero se había enterado porque se lo había comunicado el Secretario de Comunicaciones argentino. Según lo informado en distintos medios nacionales, el anuncio oficial será hoy mismo en la cumbre del UNASUR.

En realidad, la noticia no tomó por sorpresa a quienes siguieron todo el proceso de elección (o mejor dicho, de reelección, ya que oportunamente Argentina había optado por el sistema norteamericano) de la norma. El tándem Japón-Brasil ya pintaba como el caballo del comisario. Por lo tanto, sólo resta esperar al anuncio oficial para develar tres intrigas: la participación de Argentina en la producción de televisores y decodificadores aptos; el aporte, si lo hubiera, de inversiones de capital en al país (como sucedió con Brasil); y la fecha del apagón analógico. Habrá que esperar para saberlo.

En cuanto al impacto, por las demoras en la decisión quizás este sea menor al previsto originalmente.

Por un lado, al ser Argentina un país con tan alta penetración de TV paga (alrededor del 60% de los hogares), el cambio de norma impacta menos que en otros lugares. Al recibir los televisores la señal desde redes privadas (de cable, satélite y hasta radio), no se ven afectados por la norma de transmisión por aire y abierta.

Por otra parte, el proceso de transición entre la TV analógica y la digital no puede darse de un día para el otro. Esto es así no sólo por los tiempos técnicos que requiere la adecuación de las redes de transmisión, sino también porque cuanto más largo sea este proceso, más recambio de los televisores se hará naturalmente. Pero mientras el tiempo pasa, la gente va mutando sus hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, tal como surge del informe “Usuario online – consumo de contenidos 2009”. Cada vez más, los usuarios se están acostumbrando, de la mano de Internet, a consumir contenidos bajo demanda. Esta tendencia sólo se profundizará en la medida en que los que actualmente son menores de 20/25 años vayan creciendo, independizándose y tomando sus propias decisiones de consumo. Así, salir con una nueva propuesta de broadcasting de acá a 5 ó 10 años, será un tanto anacrónico. Sin dudas el futuro del consumo de video y audio será bajo demanda, sea en formato fijo o móvil.

El conflicto que tiene como protagonista a Telecom Italia (TI) tuvo esta semana un nuevo y quizás definitivo round cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) resolvió que el ingreso de Telefónica de España en el capital accionario de TI y, por transitividad en Telecom Argentina (TA), atentaba contra la competencia en el mercado local de las telecomunicaciones. Como consecuencia le exige a Telecom Italia desprenderse de su participación en la compañía argentina.

Si bien la resolución es contundente, en el ámbito legal existe la posibilidad de que Telecom Italia recurra a la justicia en búsqueda de una medida cautelar que ponga en suspenso esta determinación hasta tanto la justicia se expida. O sea, podría no estar dicha la última palabra.

Pero como siempre es entretenido especular, valen algunas preguntas que podrían surgir de quedar firme esta decisión. La primera es qué pasará con la opción de compra que TI tiene sobre la participación del Grupo W en el paquete accionario de TA. Si ésta pudiese trasladarse al comprador de la parte de TI, podría eventualmente ejecutarla, ya sea para quedarse con el 100%, ya sea para revenderla a un nuevo socio. Esta última opción no sería descabellada si quien adquiriese la parte de TI no fuera un operador, tal cual se desprende de los comentarios periodísticos que apuntan al consorcio Eurnekian/Gutierrez. Si bien también se menciona al Grupo Clarín, no parece que esta operación tuviera posibilidades de ser aprobada por el gobierno actual habida cuenta del enfrentamiento público entre ambas partes.

En la hipótesis de TA controlada por Eurnekian/Gutierrez y los Wertheim, la empresa carecería de un socio operador. Y este no es un dato menor habida cuenta que un accionista de estas características le aportaría know how del negocio (especialmente en su perspectiva tecnológica) así como mayores economías de escala a la hora de adquirir tecnología. Aunque por supuesto, cabría la posibilidad de que en vez de ser dos socios, sean tres.

Por el momento, lo concreto es que el partido viene difícil para TI.

En momentos en que se trata el proyecto de ley conocido como Impuestazo Tecnológico, los precios locales de algunos de los bienes alcanzados parecen estar dando una muestra de lo que vendrá.

Sabido es que existe una gran controversia por las importaciones de distintos bienes que no pueden ingresar al país debido a medidas paraarencelarias. Así, es notable como de las tiendas de electrodomésticos desaparecieron muchas marcas de televisores LCD importados, quedando los escaparates dominados por la oferta nacional proveniente de Tierra del Fuego.

Pero no sólo se redujo la amplitud de la oferta, sino que los precios subieron notablemente. Un LCD de 32” (el tamaño más popular en este mercado), de primera marca tanto importada como nacional, costaba en el mes de junio alrededor de $ 3.699 (US$ 981). Hoy, un equipo similar de primera marca nacional cuesta unos $ 4.199 (US$ 1.093). Esto equivale a un 11,4% más en dólares y un 13,5% más en pesos.

Un mal indicio si tenemos en cuenta que el impuestazo aún no se aprobó.

• Llega el celular cooperativo: Luego de una lucha por años, finalmente las cooperativas argentinas se aprestan a lanzar su servicio de telefonía celular, bajo la marca “Nuestro”. Las primeras pruebas se realizarán en Córdoba. Aunque no queda claro, suponemos que será bajo el formato de operador móvil virtual. [La Voz del Interior]

• De Internet a la TV: Cada vez es más común ver como en los programas televisivos se utilizan videos cuya notoria pixelización se debe a que han sido extraídos de sitios como YouTube. Divertido y real. [Crítica de la Argentina]

• Compartir para crecer: Para lograr más opciones para los anunciantes, YouTube decidió compartir ingresos publicitarios con los usuarios que publiquen los videos más vistos. Se vienen los ciber productores. [El País]

• Si usás Twitter sos un veterano: En línea con lo que publicamos la semana pasada (“Deconstruyendo a Twitter”), el New York Times publicó un artículo explicando porqué los adolescentes no se ven atraídos por esta red social de microbloging. [La Nación]

Dependerá del cristal con que se mire. Para algunos, es estirar una agonía que lleva a un muerte lenta, pero segura. Para otros, mientras hay vida hay esperanza. Se trata no de una enfermedad (o quizás sí) sino del tristemente famoso “impuestazo tecnológico”, cuyo tratamiento no pudo lograrse para esta semana en el Senado. Ahora, la nueva fecha sería el 2 de septiembre. Mientras tanto, y como venimos haciendo desde hace ya varias ediciones, este tema sigue dando tela para cortar.

A simple vista, algo que es llamativo de este proyecto de ley es la asimetría numérica entre quienes están a favor y en contra del mismo. A favor sólo se escucha la voz de los políticos más involucrados, especialmente los de Tierra del Fuego (algo obvio) así como del presidente de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica). Después, poco y nada. En contra, en cambio, están no sólo las cámaras que agrupan a empresas afectadas, tanto nacionales como extranjeras, tales como CICOMRA y CAMOCA, sino también ONG que bregan por el desarrollo digital en el país. Además, se sumaron espontáneamente miles y miles de usuarios ya sea en blogs, grupos de Facebook, comentarios de lectores en las versiones online de los diarios y hasta cadenas de SMS. La misma instalación del nombre “impuestazo tecnológico” en los medios evidencia la percepción negativa de la medida en cuestión.

Otro aspecto a considerar es la variedad de falacias esgrimidas para defender el impresentable proyecto. Entre éstas, quizás la más descarada de esta semana sea la utilizada por el presidente de AFARTE, quien muy suelto de cuerpo en una entrevista concedida a Canal.AR afirmó que la norma “no afecta a los consumidores”. Como suponemos que debe saber matemática, y que un producto que sube un 30% su precio por efecto de nuevos impuestos sí afecta al consumidor, la explicación debe ser otra. Debe suponer que, de un día para el otro, Tierra del Fuego estará en condiciones de fabricar los 10 millones de celulares que se vendieron el año pasado (con toda su amplitud y variedad de modelos), más los casi 2 millones de monitores, más todos los demás electrónicos alcanzados por el proyecto de ley. Hasta tanto esto no ocurra, el mercado deberá abastecerse de productos importados (más caros por efecto de esta ley), o de productos nacionales, que también serán más caros, pero en este caso por efecto de oferta y demanda. Y si no lo son, será porque la demanda no acompaña la suba de precios.

Hay un impacto adicional que la medida podría tener que sin embargo no tuvo mayor difusión. Con el aumento que se registrará, al menos inicialmente, en los monitores de LCD (que hoy acompañan a la mayoría de las PC de escritorio nuevas), se estaría asestando un duro golpe a los cientos de ensambladores de desktop que hay en el país y que el año pasado ensamblaron (o fabricaron) más de 1,5 millón de unidades. El aumento de precio en el monitor impactaría en aproximadamente un 10% del precio total de la PC, prácticamente equiparando al costo de ésta con el de una notebook. Así, el negocio de ensamblar PC de escritorio se vería seriamente afectado por una migración aún mayor a la actual de los usuarios hacia las notebooks, alcanzando a cientos de pequeñas empresas y comercios que viven de las desktops. No es que esto no fuera a ocurrir de todos modos por el avance natural de las notebooks, sino simplemente que se aceleraría y ya no por la fuerza del mercado sino por la voracidad fiscal.

Para terminar, al menos por esta semana, un dato curioso respecto de AFARTE. Se trata de una asociación de fabricantes de productos tecnológicos que no tiene siquiera un sitio en la Web. O al menos, no pudimos encontrarlo a través del todopoderoso Google. Y pensar que esta asociación es quien pretende concentrar la producción de tecnología en el país…

Hasta hace no mucho tiempo atrás, no era inusual el enfrentamiento entre operadores de telecomunicaciones móviles y municipios por la instalación de antenas. Y lo peor era que al no haber un marco común en la materia, cada municipio establecía su propia normativa, generando un verdadero dolor de cabeza para los operadores y atentando de paso contra el buen servicio a los clientes.

Sin embargo, y como consecuencia del trabajo conjunto de operadores, la FAM (Federación Argentina de Municipios) y la Secretaría de Comunicaciones (¡al fin una buena!) se firmó esta semana el Código de Buena Prácticas. El mismo tiene por objeto establecer un marco para la instalación de antenas respetando el medio ambiente y garantizando niveles de radiación que respeten los máximos establecidos por el Ministerio de Salud. También da pautas para las ordenanzas fiscales y tarifarias.

Con este nuevo código, progresivamente deberían ir desapareciendo los problemas en las comunicaciones atribuidos a la escasez de antenas. Una demostración de que si hay predisposición real al diálogo, se puede avanzar positivamente en temas conflictivos.

Esta semana una corte federal de los USA acusó a un trío de hackers de robar datos vinculados a 130 millones de tarjetas de crédito y de débito. Básicamente, lo que hicieron fue hackear los sistemas de Heartland Payment Systems, una empresa que se ocupa del procesamiento de pagos vía tarjetas.

Más allá de los detalles del caso, ampliamente cubierto por diversos medios periodísticos, el caso sirve para demostrar que la seguridad informática es en muchos casos menos segura de lo que parece.

En este sentido, resulta interesante que en los EE.UU. muchos de los startups vinculados a la seguridad informática no están pudiendo acceder a recursos financieros para desarrollarse. Las razones, según algunos medios especializados en seguridad de los EE.UU., tienen que ver con que la industria financiera (uno de los principales demandantes de seguridad informática) sintió el impacto de la crisis del año pasado, limitando sus inversiones en la materia. Según la Capital Venture Association, las inversiones en empresas de seguridad cayeron un 37% entre el 2004 y 2008, y en el primer semestre del 2009 éstas representan apenas el 19% del 2008.

Por este motivo, quienes están en el negocio dicen que las normas de seguridad informática deben ser obligatorias, ya que de esa forma los CEO se ven obligados a cumplirlas. Si no, recortar gastos en esta materia es una tentación muy grande en épocas de vacas flacas como la actual. Mientras tanto, a los hackers la crisis no les pegó sino que ahora hacen más negocios que antes.

• En los negocios, como en tantos otros órdenes de la vida, el amor y el odio no son eternos. Y si no, basta con ver lo que está haciendo Yahoo, quien en sus páginas (de la versión .com) recomienda el uso de Internet Explorer 8 de su nuevo socio Microsoft, cuando el año pasado hacía lo propio pero con Mozila Firefox 3, cosa que todavía hace en el sitio argentino. Lo que se conoce como estado confusional.

• Con el furor de Facebook, muchas empresas no quieren quedarse afuera y establecen su presencia en esta red social. Lástima que en su mayoría terminan siendo simples folletos online, donde los clientes preguntan, pero las respuestas brillan por su ausencia. Lo que se llama Web 1.5.

Sin dudas, uno de los temas de la semana fue la ¿cancelación? ¿rescisión? del contrato por el cual la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) cedía los derechos de televisación de los partidos de distintas categorías a la empresa TSC. No tiene sentido desde este medio abordar el tema de fondo, pero sí analizar las consecuencias que podría tener este cambio en función del escenario de los medios de aquí en adelante, especialmente en momentos de grandes cambios tecnológicos y, quizás, regulatorios.

En un eventual escenario donde las empresas de telecomunicaciones se vieran habilitadas a dar servicios de TV, que la transmisión de partidos de fútbol deje de ser exclusividad de la TV paga y pase a ser parte de la programación abierta, es sin dudas un motivo de alivio para éstas. La presencia del fútbol en la grilla del cable es un diferencial muy importante, y habida cuenta de la participación del Grupo Clarín en TSC, se temía que fuera reticente a vender estos derechos o a hacerlo al menos a un precio competitivo. Si el fútbol se transmite en el futuro por la TV abierta, no sólo no existe ese riesgo, sino que la incorporación será gratuita por el simple hecho de retransmitir la señal abierta que se ocupe de la transmisión.

La otra cara de la moneda es el impacto de la medida en el negocio de la TV paga. Y aquí, por su participación de mercado, sin dudas que el principal afectado es Cablevisión. La empresa tiene algo menos de 400 mil abonados con decodificador digital y aproximadamente 3 de cada 4 que lo tienen consumen fútbol. Considerando el precio del abono mensual, estos representan ingresos por aproximadamente $ 70 millones anuales, a lo que habría que agregarle los ingresos por venta de publicidad para estas transmisiones. A esto habría que sumar lo que dejan de percibir otros sistemas de TV paga, como DirecTV, Supercanal, Telecentro y los centenares de operadores de cable que hay en el país. Se trata sin dudas de un impacto no menor.

Por otra parte, habrá que ver si una nueva negociación por los derechos de transmisión incorpora conceptos más aggiornados que contemplen la difusión de los partidos o parte de éstos por Internet y, eventualmente, por los celulares, como ya sucede en otras ligas del mundo.

El tema del impuestazo tecnológico sigue dando que hablar, con muchísimas voces en su contra y, la verdad, muy pocas a su favor, salvo aquellas del gobierno, de sus aliados y de los principales beneficiados, la provincia de Tierra del Fuego y la asociación de productores en aquél distrito, AFARTE.

Para seguir echando leña al fuego, y dándole la razón a los que cuestionan si el término “fabricación” se aplica en el caso de la protegida industria en Tierra del Fuego, la Secretaría de Industria publicó esta semana dos resoluciones, la 244 (cámaras digitales) y la 245 (celulares).

Las mismas enumeran los insumos que deberán ser argentinos para que los productos sean considerados como tales, poniendo en evidencia la artificialidad de la medida. Para los celulares son el manual del usuario, los folletos del producto, la tarjeta de la garantía, las bolsas plásticas, las cajas y los materiales de embalaje, y las etiquetas. Para las cámaras digitales es básicamente lo mismo más algunos opcionales en función del modelo como bolsos de transporte, adaptadores, CD con software y otros componentes.

Realmente da entre risa y llanto que se considere que la fabricación local de estos componentes alcancen para poder ponerle el rótulo de “industria argentina” al producto final. Que los equipos no fabricados en la isla se encarezcan en más de un 30% por esto es una burla a quienes seriamente defienden la industria nacional y avalan el pensamiento de los que creen que toda esta movida no es más que una forma de acceder a mayores recursos fiscales más que a propiciar un desarrollo industrial que, así, no será tal. Un bochorno.

Finalmente, y luego de algunas demoras, el proyecto de ley que grava a los electrónicos (más conocido como impuestazo tecnológico) obtuvo media sanción en el Congreso (diputados), aunque con algunas modificaciones respecto del proyecto original.

Un cambio positivo fue la eliminación de las notebooks del listado de electrónicos incluidos. Más allá de las posturas ideológicas en relación al proteccionismo o librecambismo, la inclusión de las portátiles no tenía gollete, habida cuenta de que las mismas se fabrican en el territorio nacional. De haber prosperado el proyecto original, se hubiera discriminado entre producción nacional y producción en Tierra del Fuego, lo que a todas luces era un disparate.

No obstante, el proyecto puede (y debería) ser mejorado. Una de las mejoras tendría que ser también la exclusión de los celulares. Por diversas razones. Por un lado, porque aunque muchos no lo vean así, son una herramienta contra la exclusión social. No sólo porque cada vez más permiten acceder a Internet (es cierto que aún no es masivo, pero hacia allí es la tendencia). También son una herramienta de trabajo para muchos, inclusive aquellos pertenecientes a los segmentos socio económicos más bajos. La imagen del celular asociada al empresario hiperactivo es cosa del pasado. Por otra parte, en un año donde la caída de la importación de celulares es del orden del 27%, subir el precio de los mismos vía aumento de impuestos sólo la hará más pronunciada. Así tendremos menos renovación, menos usos de nuevos servicios (viables a través de equipos más avanzados), menos recaudación de impuestos.

En cuanto al tema de duplicar el IVA para que pase del actual 10,5% al 21% que registran la mayoría de los productos, parece acertado en términos de igualdad fiscal. En realidad, el problema aquí es lo elevado del IVA, no su aplicación a los electrónicos. Sin embargo, sería bueno evitar sobresaltos estableciendo un cronograma de suba progresiva, para que no impacte tanto y tan súbitamente en los precios. Aunque pedirle esto a un gobierno que aumenta un 300% el gas de una facturación a otra es algo ingenuo.

Ya pensando en el impacto en los demás productos, se puede decir que será casi neutro en el caso de los televisores de LCD. Y no porque la suba no se refleje en los precios sino porque las retenciones de estos productos en la Aduana hicieron que hoy prácticamente no se acceda a aquellos fabricados fuera del país. Basta con recorrer las casas de electrodomésticos para comprobar que lo que mayormente hay disponible son equipos de marcas fabricadas en Tierra del Fuego. Y además, están más caros que un mes atrás, tanto en pesos como en dólares.

Por el lado de los electrónicos pequeños incluidos en el proyecto (cámaras fotográficas, GPS y otros), es probable que al haber un margen de precio tan grande se incentive el contrabando, con el consecuente costo fiscal.

Más allá de las críticas o apoyos que recibe la propuesta, indudablemente el tratamiento de este proyecto en momentos en que se discuten también otros de gran importancia indica que hay ciertamente un interés recaudatorio detrás de la medida. Según el diario El Cronista, el gobierno espera recaudar $ 3.000 millones, lo que le permitiría tapar algunos baches fiscales.

Todo esto sucede mientras Argentina tiene precios más altos que otros países de la región en materia de electrónicos, tal como surge de un artículo publicado por el diario La Nación. En fin…

• ¿Te acordás hermano?: Revisar viejos anuncios sirve para entender el presente. Cuatro años atrás el gobierno anunciaba la compra de un millón de laptops escolares, por US$ 100 cada una, al tiempo que se festejaba ser “el primer país de habla castellana en incorporarse al programa One Laptop per Child (OLPC)”. Al final, la máquina no fue lo que prometía, el programa se desvaneció y la realidad terminó siendo bastante más modesta. [Clarín]
• No toca botón: Uno de cada tres habitantes europeos nunca entró a Internet. Parece que al Viejo Mundo, más allá del mayo francés, se le escapó la tortuga (Diego dixit). Habrá que ver que hacen sus nativos digitales frente a la próxima revolución. [El País]
• Bien ahí: En el 2010 la ciudad de Buenos Aires será la sede de las súper interesantes conferencias TED, que se hacen originariamente en California. En estos momentos la versión local, que entre otros contará con Adrián Paenza, está en preparación. Los augurios son muy buenos. [La Nación]

De manera sorpresiva, esta semana el gobierno anunció el lanzamiento de un sistema estatal de distribución satelital de señales de TV. Algo así como un DirecTV pero estatal, tanto en su propiedad como, por el momento, en sus contenidos.

La idea es llegar a todos los rincones del país (y pensar que durante años se nos dijo que el estatal Canal 7 llegaba a TODO el país, pero evidentemente no era cierto), con un sistema que tendrá acceso gratuito y sin codificar. Eso sí, quienes quieran consumir sus contenidos deberán adquirir e instalar el equipamiento para la recepción, ya que los televisores no pueden captar señales satelitales en forma nativa. Sin dudas, una barrera de entrada.

Por ahora sólo se confirmó que las señales que difundirá serán las de Canal 7 y Encuentro, aunque también trascendió en algunos medios que se incorporarían un canal de noticias, una señal educativa orientada a niños así como otra de cine nacional. Según publicó el diario Clarín, en una primera etapa se buscará que el servicio llegue a 12 mil escuelas rurales, encargándose el Estado de distribuir los receptores necesarios.

Desde el punto de vista político, la medida despertó muchas críticas, la mayoría de las cuales se centran en los contenidos, acusando al gobierno de querer construir una plataforma que difunda el discurso oficial. Pero sin entrar en este terreno, bastante fangoso por cierto, conviene analizar la viabilidad y razonabilidad de la propuesta.

Si bien el objetivo de llegar a escuelas remotas es digno de elogio, quizás no sea la de la TV la mejor propuesta. De hecho evidencia que quienes están ideando la propuesta atrasan en su concepción de las comunicaciones. Si por ejemplo el canal Encuentro emite un documental sobre la vida de Belgrano a las 21 hs., ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Convocar a los alumnos rurales a la noche o se les entregará una grabadora de VHS o DVD? ¿Y si se lo perdieron, alpiste? Queda claro entonces que sería mucho mejor llevar Internet satelital a las escuelas para así poder descargar los contenidos y consumirlos de la forma en que mejor se adapte a cada situación. Obviamente, de paso se les daría acceso a mucha más información de la que pudiese surgir de las 5 o 6 señales que se pretende difundir. Aunque quizás lo que se pretenda es un contenido más monolítico… No falta quien crea que la diversidad de contenidos es nociva. ¡A ver si se les ocurre pensar!

Por otra parte, al requerir equipamiento ad hoc para su recepción (conocido en la jerga como CPE – Customer Premises Equipment o equipamiento en instalaciones del cliente), muchos quedarán fuera del servicio, salvo que el Estado decida subsidiar total o parcialmente su costo. Lo que en los tiempos en que no cierran las cuentas y con subsidios que tienden a recortarse no parece muy viable.

Pronóstico netamente personal de quien esto escribe: se trata de otro anuncio que no pasará de eso. Como el celular argentino (conocido como el Argento), los fideicomisos para las telecomunicaciones, los US$ 20.000 millones chinos, Comarcoop, y la lista sigue…

Este fue el protagonizado esta semana por la Secretaría de Comunicaciones, que en sólo 7 días pasó de otorgar numeración para brindar servicios de telefonía (resolución 149/2009) a Fibertel a emitir una nueva resolución (165/2009) que da marcha atrás con la anterior. ¿Qué pasó en el ínterin?

Ya el viernes se difundió que Telefónica, Telecom y algunas cooperativas cuestionaban la medida de la Secom ya que la numeración se asignaba a Fibertel, pero ésta es una sociedad disuelta luego de la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Por otra parte, al no estar aprobada definitivamente la fusión, las telefónicas sostienen que esta asignación es ilegal.

Es muy difícil opinar de temas técnico-legales si no se es abogado. Pero más allá de la postura a favor o en contra de Cablevisión o telefónicas, lo cierto es que es inexplicable (o tal vez sí) este ida y vuelta de la autoridad máxima en términos de telecomunicaciones sobre un tema, aparentemente, tan evidente. Y esto no hace más que reafirmar las versiones que sostenían que la autorización inicial fue sólo una maniobra para evitar un casi seguro fallo adverso de la justicia por “mora en la administración” [ver “apremios legales”], y que no se debió a un análisis pormenorizado de la situación. De haber sido este último el caso, no se hubiera dado marcha atrás en cuestión de días.

Suele ocurrir que un lema en lugar de reflejar una realidad expresa las carencias que se intentan ocultar. Así se entiende la frase que hizo pública el gobierno argentino en los últimos años: “Argentina, un país en serio”.

En la última semana, diversas noticias podrían llevar a presentir que el proyecto de ley que aplicaría nuevas alícuotas a determinados impuestos que afectan a los electrónicos (alias “el impuestazo tecnológico”) podría sufrir modificaciones, si no su rechazo total.

Primero fue CAMOCA quien le bajó el pulgar a la gobernadora de Tierra del Fuego. Pero no fue un rechazo total sino que dejaron la puerta entreabierta con su sugestivo “la ley no puede sancionarse tal como está”. O sea, no hay un rechazo total. ¿Pensarán en extender los beneficios a toda la producción nacional?

Esto parece empalmarse con otra noticia, según la cual el polémico Secretario de Comercio estaría considerando modificaciones al proyecto para quitar de la lista de los productos afectados a las notebooks. Es justamente el caso de las portátiles lo que más revuelo levantó, ya que varias empresas locales se encuentran fabricando dentro del territorio continental argentino, con lo que el proyecto original produciría un daño real contra la industria nacional a favor de la industria fueguina.

Finalmente, una noticia que en otro momento hubiera pasado desapercibida pero que en este contexto es significativa es el anuncio de PC Arts (fabricante de los equipos con marca Banghó) abriendo una nueva planta en Córdoba. Esto puede interpretarse como una confianza absoluta en que la ley tal como fue presentada no será aprobada.

De todos modos, en medio del diálogo con la oposición y ante tantos temas más de fondo para el país, pasará seguramente un buen tiempo antes de que la ley tal como fue presentada en el proyecto o alguna versión modificada pueda ser tratada en el Congreso. Por ahora entonces, no hay que apurarse a salir a comprar antes de que suban los impuestos (aunque alguno quizás quiera hacerlo antes de que trepe el dólar).

• Gran hermano: Los usuarios del Kindle de Amazon se sorprendieron cuando la empresa borró de su lector de libros electrónicos copias adquiridas de 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell por carecer de los derechos de venta de las mismas. Parece que no se compra el libro, sino el derecho a leerlo (y hasta ahí nomás). [El País]

• It’s alive!: Si bien muchos están convencidos de que el Rey del Rock murió, algunos lo vieron chequeando su pasaporte en un aeropuerto holandés. Los pasaportes digitales pueden mejorar algunos aspectos de seguridad, pero siguen siendo vulnerables a un vulgar hackeo, actividad inseparable de la informatización. [ZDnet]

• Chivito gratis: Dicen que Twitter gastaría 55 millones de dólares por publicidad en un mes si pagara por la cobertura que los medios de comunicación hacen sobre la plataforma de microblogging. Para darse una idea, Microsoft gastará alrededor del doble en promocionar al buscador Bing. Claramente, capitalizaron la fiebre de Twitter entre los periodistas.[TechCrunch]

Esta semana diversos medios cubrieron la noticia del otorgamiento de numeración telefónica a Fibertel S.A. (y no Cablevisión, como hubiera sido esperable, aunque ambas pertenecientes al Grupo Clarín), uno de los pasos necesarios para ofrecer servicios telefónicos y poder así ingresar al selecto grupo de empresas que hoy ofrecen Triple Play en Argentina, donde se destacan Telecentro y Supercanal.

El tema en sí no es tan relevante como para merecer tanta cobertura periodística, pero de alguna forma hubo desconcierto habida cuenta del público enfrentamiento entre el gobierno y el multimedio. De alguna forma las preguntas eran: ¿cómo es que si están tan enfrentados el gobierno lo favorece con esta medida? ¿el enfrentamiento fue pour la galerie?

Sin embargo, la explicación podría ser menos intrincada. La empresa venía reclamando desde fines de 2007 por la numeración, y como no obtenía respuesta de la Secretaría de Comunicaciones, interpuso primero un recurso administrativo y luego un amparo por “mora de la administración”. Esta última decisión fue la que llevó a la Secretaría a expedirse para evitar un posible fallo adverso que tuviera consecuencias sobre los funcionarios del área. En otras palabras, no sería amor sino espanto.

Esto de actuar por reacción y no por iniciativa propia parece una característica de la actual gestión en Comunicaciones. Ya pasó tiempo atrás con el Servicio Universal (que salio momentáneamente de su letargo cuando intervino del Defensor del Pueblo), y más recientemente fue también la Justicia quien emplazó a la Secretaría a avanzar con el tema de Portabilidad Numérica.

A juzgar por la actividad por iniciativa propia del actual titular de la Secretaría, es sin dudas un gran candidato a llevarse el “Ñoqui de oro” y no particularmente por su afición a las pastas…

• Textiquette: Nuevas preguntas sobre etiqueta surgen después de la consolidación de los mensajes de textos como una de las formas preferidas de comunicarse en el imperio digital. Propuestas éticas frente a normas sociales que deben upgradearse... [Wired]
• Pájaro loco: La obsesión con Twitter, que como la gripe porcina nació en América del Norte pero prendió fuerte en Argentina, provoca que se le dé relevancia a historias que no la tienen, a no ser porque involucran a la red social del pajarito azul. El problema, claro, es que cualquier cosa no siempre es noticia. ¿Cuando bajará la temperatura del twittermómetro? En Google News pueden verse la cantidad de medios que reprodujeron la “noticia”. [Google News]
• Autobombo trucho: Una empresa estadounidense de cirugía estética deberá pagar 300 mil dólares al Estado de Nueva York por ordenar a sus empleados a que posteen comentarios favorables sobre la empresa en la Web, haciéndose pasar por "clientes satisfechos". A esta práctica (astroturfing), muy corriente en sitios como Amazon, finalmente le llegó la hora de (algo) de regulación. [The New York Times]

Los datos arriba mencionados deberían servir de advertencia para las empresas de telecomunicaciones en Argentina, ansiosas por ingresar al negocio de la TV paga. Simplificando, se podría decir que las telcos quieren reproducir un modelo del pasado (aggiornado, es cierto, pero del pasado al fin), que está ingresando en un feroz combate por mantenerse al día. No obstante, estratégicamente sería interesante romper con lo clásico y proponer un modelo moderno de consumo de video.

Por el momento, hay que partir de la base de que la ley les impide dar un servicio de TV tradicional. Y si bien está dando vueltas el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el devenir político reciente le resta notables chances de ser aprobado tal como fue presentado. ¿Y si no sale la ley, qué harán? Por otra parte, aún en el caso de estar legalmente habilitadas, las telcos deberán abordar un mercado maduro, con una penetración del 60% de los hogares. Y competir en un escenario de estas características será durísimo, demasiado si se consideran también las inversiones necesarias para dar el servicio. En otras palabras, estarían llegando tarde a la fiesta: ya se formaron todas las parejas, y las personas que están sueltas, son las menos atractivas. Estos serían los segmentos económicamente de menor potencial y aquellos para quienes la TV es un servicio poco atractivo.

Esto no significa que desistan de participar del negocio del video. Al contrario, es justamente el video el contenido que más consume el ancho de banda disponible, por lo que ignorar este hecho sería poco sensato. Pero sí podrían simplificar el acceso a ese contenido a través de set top boxes que conecten la TV a Internet, quizás con alguna interfaz que agregue las distintas fuentes y simplifique su acceso desde un control remoto y asegurando el ancho de banda necesario dentro de su red, tanto para streaming como para descargas (legales en este caso). Y en vez de cobrar por los contenidos, que no son su fuerte, hacerlo por la tecnología que permite el acceso a éstos.

Hoy mismo, algunos ejecutivos de las telcos admiten por lo bajo que los números del negocio de TV paga a través de las redes telefónicas evidencian un dudoso recupero. Quizás sea hora de dejar de mirar para atrás y comenzar a hacerlo hacia delante. Y en vez de pelear una batalla con resultado potencial pírrico contra la TV paga tradicional, generar un servicio nuevo y diferenciado.

Los que conocen de temas regulatorios saben que el marco jurídico que rige a las telecomunicaciones locales es abiertamente pro competencia, especialmente a partir del decreto 764 del año 2000. Pero también saben que en todos estos años fue muy poco lo que se hizo al respecto, casi nada, que es también una forma de marcar la política en la materia. Dentro de los distintos aspectos contemplados en la regulación, pero no implementados, está la portabilidad numérica, es decir, el derecho del consumidor a conservar su número telefónico independientemente del operador que dé el servicio.

Ante la inacción del ejecutivo, a cargo de implementar los distintos aspectos ya contemplados en la regulación, es la justicia quien tiene que tomar cartas en el asunto. Por eso esta semana la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual el Estado (más precisamente la Secretaría de Comunicaciones) deberá reglamentar e implementar la portabilidad numérica para teléfonos celulares en un plazo de 90 días.

Difícilmente esta decisión implique que en 90 días podamos cambiar de operador sin perder el número. Pero sí en ese plazo debería estar reglamentada la forma en que la portabilidad se lleve a cabo. Habría que ver luego cuáles son los tiempos técnicos para su implementación, cosa que ya sucede en otros países.

Desde el punto de vista de las empresas proveedoras, es cierto que esto incentivará la competencia entre sí, exigiendo de ellas mejor servicio y/o mejores precios. Pero sólo aquella que sea conciente de que su servicio es inferior al resto puede oponerse a la medida. Inversamente, aquella que esté convencida de que el suyo es mejor debería no sólo estar a favor sino impulsar una medida que la favorecerá.

Una duda: ¿por qué la demanda se limitó a la telefonía celular y no se hizo extensiva a la fija y la IP?

Esto es lo que parece decir la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, quien durante la semana estuvo en el Congreso para reclamar la sanción de la ley que otorgaría beneficios impositivos a la fabricación de determinados electrónicos en su territorio, más conocida como el “impuestazo tecnológico”.

No obstante, en su pedido ante legisladores, los argumentos hechos públicos por la gobernadora no fueron los más sólidos. La misma declaró que “no venimos a pedir privilegios sino a garantizar puestos de trabajo”. Esta afirmación es doblemente falsa.

Por un lado, sí se trata de un privilegio. Etimológicamente, e imitando a Mariano Grondona, la palabra proviene de la conjunción de los términos latinos “privus” y “legis”, lo que equivale a ley privada. Es más, la Real Academia lo define como “exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia”. En definitiva, una ley que favorece a la provincia en detrimento de las demás y además, de los consumidores, es sin dudas un privilegio.

Por otra parte, tampoco se trata de garantizar puestos de trabajo. Por un lado, porque llevar la producción de electrónicos a esa provincia implicaría perder los que hoy genera la fabricación local en el continente. Por el otro, porque se supone que la ley serviría para generar nuevos puestos, no para mantener los actuales.

Yendo al tratamiento del proyecto, surgen dudas sobre la acogida que el mismo pueda tener en el Congreso, especialmente luego de las elecciones legislativas que configuraron un nuevo mapa político. Cabe recordar que los representantes de Tierra del Fuego votaron a favor del adelantamiento de las elecciones, apoyando al oficialismo, quien salió bastante maltrecho de la contienda. La pregunta es si habrá ánimos de apoyar a una provincia gobernada, supuestamente, por la oposición pero que favoreció al oficialismo. Y con la derrota de este último, la provincia quedó del lado de los debilitados. El tema será difícil no sólo por la potencial pérdida de puestos de trabajo en el continente, sino porque en un panorama recesivo, aumentar impuestos es una medida poco popular.

Por lo pronto, el presidente del bloque oficialista en Diputados prometió tratar el proyecto en la próxima sesión, a principios de agosto. Habrá que ver entonces cuál fue el reacomodamiento político del Congreso luego de las elecciones. Continuará…

• Tarzán en la city: La ciudad porteña es una selva urbana de 15 mil kilómetros de cables, con 500 mil de ellos colgando por los aires. La mitad de los cables, que violan una ley de 2005 que los limitaba, son de empresas telefónicas o de electricidad y están en desuso. Hasta los ecologistas estarán de acuerdo: esta selva hay que tirarla abajo. [lanacion.com]
• La unión hace la fuerza: La necesidad de optimizar inversiones en infraestructura en la industria celular logra que los competidores se unan, al menos en Europa. Tiempo atrás fue Telefónica con Vodafone. Ahora lo mismo se da entre Telecom Italia y 3, quienes sellaron un acuerdo para compartir los puestos de acceso a la red móvil (postes, cables y demás infraestructura). Cambian los escenarios, cambian las prioridades. [telecoms.com]
• ¿Achicarse para crecer: Les empresas que invierten capital por Silicon Valley, preocupadas por fondos muy grandes y tasas de retorno muy bajas, quieren volver a los principios fundamentales del negocio: achicarse drásticamente. El excesivo financiamento (herencia del boom de las punto com) dio lugar a companías que hacían básicamente lo mismo, lo que daba a los inversores una menor tasa de retorno. Back to basics. [The New York Times]

Más allá del acto en sí, y ya entrando en un terreno más político vinculado al sector tecnológico, los resultados sin dudas cambian el escenario.

La derrota del oficialismo fue celebrada no sólo por sus opositores en la elección. En algunos casos el mercado mostró su optimismo, cuando el lunes posterior a la elección las acciones del Grupo Clarín subieron un 30%. Este alza estaba vinculada seguramente con la creencia de que, debilitado políticamente, el gobierno no podrá avanzar con su proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No obstante, el interventor del COMFER anunció que enviarán el proyecto de ley antes de la asunción de los legisladores recién electos.

A pesar de esto, y tal como lo mencionáramos tiempo atrás, una ley de estas características, que naturalmente provoca tensión entre dos de los cuatro poderes (el ejecutivo y la prensa), debería ser tratada durante los primeros dos años de gestión de un nuevo gobierno (convengamos que el actual tiene seis), cuando la popularidad y por lo tanto la fuerza de éste se encuentra en la cresta de la ola. Hoy, con el oficialismo debilitado por la derrota y con un congreso donde las fuerzas cambiarán no sólo como resultado de las altas y bajas de legisladores sino también por el previsible surgimiento de tránsfugas que se acomodarán al calor de los nuevos polos de poder, el tratamiento de una ley de éstas características tiene pocas chances de éxito.

Otro proyecto de ley conflictivo que corre riesgos de morir nonato es aquel conocido como el “impuestazo tecnológico”, que apunta a modificar impuestos internos y porcentajes de IVA de determinados productos tecnológicos. Si para muestra basta un botón, vale destacar que esta semana el gobierno nacional decidió retrasar hasta septiembre la baja en la alícuota de Impuestos Internos que se aplicaría sobre los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego (medida que podía tomar el ejecutivo sin pasar por el Congreso). Esta marcha atrás se debió a que el gobierno no quiere perder recursos fiscales, menos aún cuando la mencionada ley no tiene asegurada su aprobación. Así, si en septiembre las modificaciones en los impuestos que requieren tratamiento parlamentario no estuvieran aprobadas, no sorprendería que la rebaja mencionada se vuelva a postergar o se archive hasta nuevo aviso.

• Resucitados digitales: Hewlett Packard lanzó dos versiones de sus clásicas calculadoras científicas y financieras como apps para el Iphone. Los nostálgicos tendrán que pagar entre US$ 14.99 y US$ 29.99 para tener los mismos botoncitos y características de aquellos productos de los 80’. En el imperio digital nada muere y todo se transforma. [Digital Beat]
• El sur también existe: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea subsidiar aquellas empresas que instalen fibra óptica en el sur de la ciudad, zona con baja inversión en tendido así como de otras infraestructuras. A falta de Servicio Universal, buenas son las medidas que puedan tomarse a nivel de los municipios. [Generación A]
• “¿Ese es tu walkman? Qué moderno que es…”:. Hace 30 años se presentaba una de las más grandes (y pequeñas) innovaciones culturales: el Sony Walkman. Para un nativo digital de 13 años, súbdito del reinado del iPod, esto significa hablar de un mundo desconocido. La BBC tuvo la brillante idea darle uno a un adolescente para que cuente sus sensaciones. Sin desperdicio. [BBC]

• ¿Tenés una BIC?: BIC, la misma empresa que fabrica biromes, encendedores y afeitadoras descartables, lanzó al mercado algo que faltaba a los apurados y olvidadizos: un celular descartable. ¿Próximamente en todos los kioscos? [Cronista.com]
• SMS para Fidel: Para los cubanos que no alcanzaban a satisfacer su avidez informativa con el viejo y querido diario del partido comunista, el Granma, ahora hay una solución. Se trata de Granpa, un servicio de mensajes a celulares (más accesibles que Internet), que contiene titulares de noticias de El Nuevo Herald y otras páginas de disidentes del régimen castrista. En abril del año pasado Raúl Castro había autorizado la compra de celulares y computadoras. ¿Aires de liberalización o falta de conocimiento del potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación? [lanacion.com]
• Dígale chau a esos rollitos: Kodak anunció que dejará de producir los ya míticos rollos para diapositivas Kodachrome. Siendo que el 70% de su facturación proviene de productos digitales, la decisión es entendible. El imperio digital no se detiene. [Reuters]

• Por esas casualidades de la Web, esta semana nos topamos con el antecesor de Twitter. Se llamó “notificator” y fue utilizado en la década del 30 para dejar mensajes en las estaciones de tren británicas. Más detalles, aquí.
• Luego de oír a algunos personajes de la política autóctona en relación al peso de los fiscales a la hora del control de los votos, queda en claro porqué no se producen avances en el tema del voto electrónico, algo que nuestros vecinos brasileros vienen utilizando ya desde hace algunos años. El voto electrónico parece bastante lejano, lamentablemente.

Esta semana, el mundillo de las telecomunicaciones se vio sacudido por un artículo publicado por el diario La Nación bajo el título “Telecom, el gran objetivo de Kirchner”. En el mismo se sostiene que, a pedido de la propia Telecom Italia (TI) el banco Crédit Suisse First Boston está conduciendo una licitación privada para la venta de su participación en Telecom Argentina.

La noticia en sí no sorprende ya que en los últimos tiempos fue evidente que las cosas en Argentina no saldrían al gusto de los italianos: escrutinio (aún sin veredicto luego de dos años) del ingreso de Telefónica como accionista de TI, negativa a que TI hiciera uso de su opción de compra por la participación del Grupo W (su socio en Telecom Argentina), negativa a que los representantes de TI pudieran participar de las decisiones políticas tomadas por el directorio, ingreso del Estado al directorio de Telecom Argentina a través de las acciones de la empresa en manos del ANSES. En fin, una seguidilla de decisiones que, sin entrar en terreno de abogados ni juzgar su legitimidad, ciertamente no fueron del agrado de los italianos, quienes, en abril último, ya habían mencionado a la salida de Telecom Argentina como una opción.

De lo que no hay dudas es que hay un gran componente político en esta decisión si se considera que apenas 6 meses atrás Telecom Italia estaba dispuesta a comprar la participación del Grupo W en Telecom Argentina. De comprar a vender: un cambio de planes demasiado radical en tan poco tiempo como para que sus razones se atribuyan a otro factor. Esto lleva a pensar que tampoco habría que descartar esta movida como un elemento de presión, aunque de dudosa efectividad.

Por supuesto, esto desata la danza de nombres. La nota en cuestión menciona a dos interesados argentinos: la Corporación América (del fundador de Cablevisión, Eduardo Eurnekian) y el Grupo Clarín. En el caso de la Corporación América, se trata de un grupo que sonó inclusive entre los interesados por el paquete accionario correspondiente al Grupo W en momentos en que TI aún pensaba que podría hacerse de esta participación para luego venderla a otro socio local. El Grupo Clarín, por su parte, siempre formó parte de la danza de nombres locales, aunque su enfrentamiento con el gobierno y su fuerte presencia en el mercado de Internet de banda ancha (sumada a la de TV paga) harían complicada la aprobación de este ingreso en Telecom Argentina. Pero difícil no es imposible. Más aún en Argentina.

Los nombres mencionados en el artículo no sorprenden ya que forman parte de la llamada “burguesía nacional” que el propio gobierno aspira a reflotar. Sin embargo, una Telecom sin un socio operador podría no ser lo mejor para la empresa a mediano y largo plazo. En un negocio tan capital intensivo y donde las economías de escala a la hora de comprar tienen un peso importante, la no existencia de un socio con operaciones regionales o internacionales podría atentar contra la obtención de mejores costos por sinergias y escalas a la hora de comprar. En igual sentido, no habría un socio que pudiera aportar know how específico del negocio ni experiencias en otros mercados en el lanzamiento de productos novedosos.

Ya en tren de especulaciones, vale aclarar que más allá de que la nota en cuestión no nombra a ningún operador entre los interesados, también es cierto que no son muchos los que podrían verse atraídos a ingresar en el mercado argentino. Quizás habría que buscar más por el lado regional, con lo que la lista de candidatos se acorta. Uno sería el clásico de siempre, Telmex. Aunque su ingreso en Telecom no parece fácil habida cuenta de que, entre las condiciones del ingreso de Telefónica en Telecom Italia estaba la que les daba a los españoles la posibilidad de hacer oír su voz a la hora de desprenderse de activos. Y visto el enfrentamiento que españoles y mexicanos tienen en la región, no es difícil imaginar qué es lo que dirían. El otro potencial candidato sería la brasilera Oi, empresa que ya fuera mencionada como interesada en la parte de TI en Telecom en abril último y que ya hizo público tiempo atrás su plan de expansión en la región.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas habrá que ver si esta noticia se confirma o, ante un posible escenario no tan favorable al gobierno, los italianos deciden sentarse a esperar. Las próximas semanas tienen la respuesta.

Esta semana dos noticias provenientes de Europa, también conocida como el viejo continente (con su asociación de vejez a sabiduría), significaron un duro golpe para las industrias de los contenidos.

Una fue la obtención de una banca en el Parlamento Europeo por parte del Partido Pirata Sueco (Piratapartiet), que tiene como meta no sólo lograr un mayor respeto por los ciudadanos y su derecho a la privacidad, sino también reformar el derecho de autor y las leyes de patente. El partido obtuvo el 7,1% de los votos, todo un logro luego de 3 años y medio de vida.

La otra fue el revés que obtuvo una ley aprobada por el parlamento francés pero rechazada por el Consejo Constitucional, organismo que revé la legislación aprobada antes de que entre en vigencia. La ley en cuestión contemplaba desconectar de Internet a los usuarios que continuaran compartiendo archivos luego de dos advertencias para dejar de hacerlo. El Consejo basó su decisión en que la propuesta era contraria a los principios constitucionales de Francia, como la presunción de inocencia y la libertad de expresión.

Más allá de las posiciones que cada cual pueda tener al respecto, el fondo de la cuestión tiene que ver con que, ante la naturalización de lo que actualmente son considerados delitos contra la propiedad intelectual, se está avanzando hacia una criminalización creciente de la población. De alguna forma, esto implica un cierto paralelismo con la criminalización del consumo de drogas. No se puede procesar y condenar a tanta cantidad de gente. Las leyes deben reflejar los valores y costumbres de la sociedad, y, con los hechos a la vista, esto no parece estar sucediendo actualmente.

Por supuesto, el tema es complejo. En el caso de la música, los videos, el software y otros contenidos digitalizables, hay muchísima gente trabajando y capital invertido detrás. Por esto, permitir libremente las copias no sólo acabaría con las industrias que generan contenidos, sino que éstos terminarían desapareciendo si no hay una forma de hacer viable económicamente su producción. La respuesta tendrá que ver con reformas a las leyes de propiedad intelectual pero también con cambios en los modelos de negocio de estas industrias, que todavía responden al paradigma de la sociedad pre-digital.

La industria del software está encaminada hacia una adaptación de la mano de los modelos de software como servicio, donde ya no se instala una aplicación que puede ser copiada, sino que se la usa estando conectado. En el caso de la música, está migrando sus ingresos desde la venta de CD o descargas hacia los ingresos por conciertos, merchandising y otros subproductos. Y en el caso de la industria del cine y la TV, quizás parte de la solución pase por el desarrollo de modelos de distribución online, sean pagos o financiados por publicidad.

Está claro que el derecho de autor tal como lo conocemos no se adapta a las “nuevas tecnologías”, por lo que es imperativo aggiornarlo. Sino, y volviendo a la comparación, será como con el tema de las drogas. Se las viene combatiendo bajo un modelo represor desde hace décadas, pero cada vez se consumen más y cada vez hay más delito alrededor de las mismas. Más allá de cual sea la solución, en ambos casos parece estar demostrado que la estrategia actual de combate frontal es un fracaso.

A pesar de que el tema parece haber entrado en el freezer hasta al menos después de las elecciones legislativas, el proyecto de ley conocido como “impuestazo tecnológico” sigue generando noticias. En una evidente campaña de prensa destinada a revertir la imagen negativa de la medida, AFARTE (cámara que nuclea a los fabricantes de Tierra del Fuego) comunicó a los medios sus diferentes “concesiones” para que finalmente se apruebe una ley que favorezca a la fabricación en Tierra del Fuego.

Haciendo gala de una gran habilidad para transformar estas concesiones en beneficios para sus miembros, los directivos de AFARTE explicaron que hicieron llegar a la Secretaría de Comercio Interior (curioso, ya que el proyecto surgió originalmente de la de Industria…) sus propuestas.

Una es proveerles al resto de los fabricantes locales los monitores de PC al mismo precio que importan. Si la calidad fuera la misma que la de los importados, para los fabricantes sería indiferente. Sin embargo las empresas radicadas en Tierra del Fuego se asegurarían automáticamente una demanda importante, de no menos de 1,5 millón de unidades anuales (tomando como referencia las computadoras de escritorio vendidas los últimos 2 años). Nada mal para arrancar.

Por otra parte, aceptarían incluir un 25% de memorias nacionales en las notebooks que fabricarán en Río Grande y Ushuaia. Siendo que la movida se encuadra dentro de la lógica de la sustitución de importaciones y de la producción nacional, no tiene mucho sentido este tope. Deberían incluir todas las memorias que la industria nacional les pueda proveer y recién después acudir al mercado internacional.

También mencionaron la posibilidad de reabrir el régimen de radicación de nuevas compañías en Tierra del Fuego para que cualquier firma pueda producir en la isla. Y, para facilitar la transición (las plantas no se instalan y comienzan a operar en un día), se comprometen a fabricarles a los terceros “al costo” hasta tanto tengan producción propia. Así, nuevamente se aseguran demanda (al menos inicialmente). Sería bueno que aclarasen si el costo mencionado incluye la retribución al empresario, tal cual lo considera la teoría microeconómica.

Dentro de la variedad de artículos publicados en diversos medios, surgió una interesante declaración en una entrevista concedida al sitio Infobae Profesional por parte del presidente de AFARTE. Emulando a algunos políticos que en vez de seducir intentan lograr adhesiones en base al temor, el dirigente aventuró que “si las laptops (o notebooks) no comienzan a producirse en Tierra del Fuego, con seguridad van a desaparecer del continente; por ello, si quieren competir deben venir sus fabricantes a instalarse en este distrito fueguino”. Una afirmación que, por apocalíptica, merecería una ampliación en sus fundamentos.

Esto es lo que está pasando en YouTube, quien por estos días lanzó YouTube XL, una interfaz rediseñada pensada para ser utilizada desde una TV, ya sea a través de una consola de juegos (como es el caso hoy de la PS3 y de la Wii), una PC u otro dispositivo conectado a Internet. La misma apunta a que los videos sean vistos de una TV y puede operarse no sólo con el teclado/mouse sino también con algunos controles remotos. Si bien por ahora los videos no tienen publicidades, no hay dudas de que se trata de un primer paso para hacer más atractivo el formato para los anunciantes, tan necesarios en momentos en que YouTube crece al ritmo que pierde dinero. Aunque el paso previo será lograr que los dueños de contenidos profesionales (series, programas de TV, películas, espectáculos, etc.) estén dispuestos a llevar a éstos a Internet.

El concepto de ver videos de Internet en la TV puede parecer muy avanzado, pero está instalado entre los usuarios en Argentina. Es que un 30% de aquellos que además están abonados a un servicio de TV paga (cable o satelital) estarían dispuestos a darlo de baja si pudieran ver esos contenidos vía Internet. Esto surge del informe “Usuario online: consumo de contenidos 2009”, recientemente finalizado por Carrier y Asociados. Las principales razones para hacerlo son considerar que los servicios de TV paga son muy caros, sus contenidos son viejos y repetidos y la programación no es interesante, entre otras.

Cabe aclarar que un servicio de estas características no entraría en conflicto con la actual Ley de Radiodifusión, por lo que no debería llamar la atención que el modelo sea evaluado por distintos ISP en un futuro no muy lejano.

Se trata de una muestra más de que mientras empresarios y lobistas siguen discutiendo quiénes están autorizados a distribuir contenidos en video, la tecnología y los usuarios siguen avanzando…