Items que tienen el tag Regulacion

Según reza el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y esto se pudo comprobar nuevamente en relación al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todo comenzó con una noticia publicada por la agencia estatal Télam, que no fue reproducida mayormente por los medios masivos, aunque sí lo hizo el sitio parlamentario.com. La misma resultaba inverosímil, ya que afirmaba que “según voceros de los legisladores, los representantes del cable expresaron su apoyo al anteproyecto presentado por el Gobierno”. Esto es cuando menos gracioso, ya que la industria del cable es quien lidera la oposición a la nueva norma, siendo el eje de los últimos congresos realizados por el sector.

Por este motivo, no llamó la atención que rápidamente se emitieran comunicados aclarando los puntos. Tal fue el caso de la Red Intercable, quien bajo el título “La Red Intercable aclara que no apoya la actual propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” expresó que “ante una versión periodística lanzada ayer por la agencia oficial Télam, la Red Intercable expresa que su posición es distinta dado que mantiene profundas diferencias con dicha propuesta”.

Quienes regularmente leen “Comentarios” saben que la posición aquí defendida es la de abrir el juego a la distribución de contenidos televisivos en sintonía con el desarrollo tecnológico. No obstante, este tipo de declaraciones, que van en contra de la verdad, no aportan al debate que necesariamente debe plantearse. Y pensar que en algún momento el slogan oficial era “Argentina, un país en serio”. No sabemos si es para reír o para llorar. Sinceramente.

• Ray Bradbury: Para quienes gustan de la ciencia ficción, recomendamos la lectura de la entrevista al presidente de AFARTE. Sin más comentarios. Por otra parte, el debate por el polémico proyecto ya se da fuera del país y en otro ámbito.
• A sangre fría: La combinación de sustitución por Internet (y consecuente caída de tiradas) y recesión económica hizo que la venta de publicidad en los diarios de EE.UU. disminuyera un 28,8% (o US$ 2.600 millones) en el primer cuarto respecto al año pasado. Ciertamente un negocio no muy atractivo para estar en este momento.
• Vivito y encajando: El legendario Tetris ya vendió más de 125 millones de copias desde su creación en 1985, a razón de algo más de 5 millones por año. Será un juego, pero es cosa seria.

Siguen las novedades respecto de lo que ya se conoce como “impuestazo tecnológico”. Luego de no haber podido tratar el proyecto de ley en el Congreso, lo que postergaría su tratamiento para después de las elecciones, y ante la masiva oposición a la medida (sólo están a favor el oficialismo y las pocas empresas beneficiadas instaladas en Tierra del Fuego), parecería que se está estudiando reformular la propuesta para que sea más digerible. Al menos eso es lo que se desprende de un artículo publicado esta semana en el diario El Cronista según el cual el omnipresente Secretario de Comercio Interior habría tomado cartas en el asunto. El objetivo sería lograr un proyecto que no genere tanta oposición en un momento donde no le hace falta en absoluto al gobierno.

Básicamente, lo que se estaría analizando son dos alternativas. Una es la posibilidad de extender el beneficio a todos los productores nacionales, independientemente de su ubicación geográfica. La otra, facilitar la radicación en Tierra del Fuego de las empresas que fabrican en otros distritos del país.

La primera alternativa, extender los beneficios a todo el país, es la razonable, dentro de un esquema proteccionista. Es decir, es lógico que si se quiere fomentar y proteger a la industria nacional los beneficios sean independientes de su ubicación geográfica, especialmente tratándose de una actividad que ya está operando en diversos distritos del país. En este caso habría una discusión ideológica entre aperturistas y proteccionistas. Y como toda discusión ideológica difícilmente se llegue a un acuerdo. En algunos aspectos, las ideologías son como las religiones. Hay bastante de fe, con lo cual es tan difícil que un aperturista se haga proteccionista como al revés. Una discusión interesante desde el punto de vista intelectual, pero poco fructífera desde la perspectiva práctica. Pero más allá de esto, esta alternativa implicaría un gran revés para Tierra del Fuego, a pesar de su apoyo al gobierno nacional en el adelantamiento de las elecciones. Habría que buscar otra forma de compensación.

La segunda alternativa, ampliar el listado de empresas a instalarse en Tierra del Fuego y gozar de los beneficios fiscales, no es tan sencilla como parece. Por un lado hay muchos costos involucrados: cerrar las operaciones en el continente, indemnizando a los despedidos y/o haciéndose cargo de los costos del traslado de los trabajadores, montar una línea de producción y la infraestructura necesaria para operar en la provincia más austral de Argentina, reformular la logística y distribución, y otras más. Todo esto sin considerar las inversiones en infraestructura necesarias para absorber la población que se radicaría en la isla y que deben estar a cargo del Estado en alguno de sus niveles. O sea, todo muy lindo en los papeles, pero como reza el dicho, “el diablo está en los detalles”.

Más allá de la alternativa que se siga, hay dos objeciones que se le puede hacer al espíritu del proyecto. La primera, remarcando que es fruto del aporte de Carlos, lector de Comentarios, es que la promoción industrial basada en impuestos a la venta sólo se aplica para el mercado interno, ya que los mismos no se aplican a la exportación. Así, no puede lograrse una industria local que sea competitiva internacionalmente. El punto está más ampliado en el comentario publicado en el blog.

La segunda, es que con este modelo (más allá de la “fragancia” por la cual se opte) se vuelve a caer en el error de pensar al sector tecnológico como sector industrial y no como generador de valor agregado. En otras palabras, Argentina puede beneficiarse mucho más agregando valor a su producción en base a tecnología que fabricando electrónicos para el mercado interno. La prueba está en el desarrollo reciente de toda una gama de servicios exportables, como son los contact centers, las empresas desarrolladoras de software o los proveedores de tercerización de servicios. Todas actividades basadas en las TIC, gracias a la combinación de infraestructura tecnológica y recurso humano capacitado. Y de más está decir que así como agregan valor a la producción exportable, también generan competitividad de la economía y ayudan notablemente a la integración y movilidad social.

Para ser más gráficos, si nos situáramos en la segunda mitad del siglo XIX, estaríamos preocupados en fabricar durmientes y rieles en vez de en desarrollar una infraestructura de ferrocarriles para mover lo producido por el país. No está mal en absoluto que como país fabriquemos rieles y durmientes, pero no debe ser a costa del desarrollo de la infraestructura.

Una última observación es que, más allá de si se extiende el beneficio a todas las empresas nacionales o a aquellas radicadas en Tierra del Fuego, lo que sí es seguro es que los precios de los bienes involucrados subirán igual.

Como sucedía con el personaje de la empleada pública de Gasalla, esta semana en Telecom Argentina tuvieron que recular en algunas decisiones, retrotrayendo la situación a unos meses atrás. Todo como consecuencia de la indefinición en relación al ingreso de Telefónica entre los accionistas de Telecom Italia.

Primero fue la Cámara en lo Contencioso Administrativo quien suspendió el ejercicio de la opción de compra que Telecom Italia tiene sobre las acciones del Grupo W en Sofora, controlante de Telecom Argentina. De esta forma, los italianos no podrán, al menos por el momento, aumentar su participación en la operación local. Luego fue el turno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), quien ordenó a la empresa dejar sin efecto los cambios introducidos en la dirección de la empresa, restableciendo el disuelto Consejo de Dirección y revocando la unificación de la Dirección General Operativa y la  Corporativa en una Dirección General Ejecutiva, así como la designación del Director General Ejecutivo.

Cuando uno repasa la situación, lo más grave es que si bien hace ya 2 años que Telefónica es accionista de Telecom Italia, todavía el gobierno argentino no pudo determinar si la composición accionaria de la empresa de Telecom Argentina constituye un monopolio en el país. Esta demora es contraproducente, tanto para los accionistas como para empleados y clientes. Para los accionistas porque tanto el quehacer cotidiano como las decisiones estratégicas requieren de una voluntad común, algo que en este escenario no es fácil de lograr. Para los empleados porque viven con angustia lo que puede pasar en la empresa, y eso puede generar que pierdan foco en sus tareas (ni que hablar en los niveles más altos, donde debe haber demasiada política interna). Para los clientes porque si Telecom pierde velocidad crucero como consecuencia de estas distracciones, hay riesgos de que se resienta el servicio.

En definitiva, más allá del minué de declaraciones y decisiones administrativas y judiciales, ya va siendo hora de que el gobierno se expida por el tema de fondo, determinado si hay o no monopolio y disponiendo en consecuencia. Es hora de poner punto final a una situación de incertidumbre que sólo puede hacer mal y no bien.

Esta semana fue rica en novedades relativas a lo que ya se conoce como “impuestazo tecnológico”, es decir, la suba del IVA y la aplicación de impuestos internos a distintos bienes tecnológicos que no sean producidos en Tierra del Fuego.

Resultó interesante lo que sucedió con las declaraciones del presidente de AFARTE (que agrupa a los fabricantes del Tierra del Fuego) el martes al diario Clarín, bajo el título de “Electrónica: los industriales llegan a un acuerdo por Tierra del Fuego”. Por un lado, la nota habla de un acuerdo entre los fabricantes radicados en esa provincia y aquellos que están en el continente, pero siempre en el país. Claro que esto duró sólo unas horas, hasta que CAMOCA, cámara que agrupa a los fabricantes “continentales” entre otros, emitió un comunicado desmintiendo tal acuerdo.

Por otra parte, el mismo artículo da a entender que el supuesto acuerdo fue realizado entre los empresarios, por lo éstos serían quienes deciden en definitiva quién se puede acoger a los beneficios de producir en Tierra del Fuego y no las autoridades estatales. Algo así como la privatización de las políticas industriales. Notable.

El representante de AFARTE también dio una entrevista al diario Página/12, donde cometió la irresponsabilidad de decir que “la notebook no es un producto suntuario, es una herramienta de trabajo para personas de ingresos altos”. O sea, si bien acepta que es una herramienta de trabajo, la asocia con personas de ingresos altos. ¿Será que no se enteró de que también las empresas, de todo tamaño, compran notebooks? ¿Tampoco se enteró de que cada vez son más los integrantes de sectores medios que compran notebooks (o ahorran para ello)? Una demostración de desconocimiento del mercado pasmosa. Pero la cosa se pone peor cuando afirma: “¿con qué impuesto las grava? Como ya existe una ley de Impuestos Internos, es más fácil incluirlas ahí que inventar otro gravamen”. Así, demuestra una ligereza en el manejo tributario que explica muchas cosas.

Finalmente, en lo que hace al tratamiento de la ley en el Congreso, tropezó esta semana al no lograr el quórum necesario (no olvidar que los muchachos/as están en campaña por lo que se reúnen poco para sesionar… hay cosas más importantes) y quienes siguen de cerca el acontecer parlamentario sostienen que no será tratada hasta después de las elecciones. Habrá que ver qué sucede políticamente entonces ya que de hecho, aún dentro del propio oficialismo, hay dudas respecto de la conveniencia de la medida. No hay que olvidar también que distritos importantes como la Capital, Buenos Aires y Santa Fe, entre otros, ya tiene fábricas produciendo en su territorio, las cuales se verían muy afectadas de aprobarse la ley.

Lo cierto es que el proyecto de ley generó una oposición cerrada. Sólo fue defendido por AFARTE y unos pocos de los voceros del oficialismo contra el resto de las cámaras y el público en general (basta con leer comentarios de lectores en los diarios, grupos de Facebook y blogs creados a tal efecto). Así, quienes siguen el tema político creen finalmente que el proyecto quedará en la nada. Sería un desgaste innecesario para el gobierno en una medida que en definitiva no les aportaría nada tanto económica como políticamente. Ojalá que no estén equivocados.

En el día de hoy, el diario La Nación publicó un artículo en el que se informa que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puso a disposición de la Argentina un fondo de € 2.800 millones para proyectos relacionados con la adopción de la norma de televisión digital europea (DVB). Se trata de un nuevo elemento que se suma a la hora de determinar la norma de TV digital, que se daba por descartada que sería la japonesa/brasilera, pero de la cual aún no hay ningún tipo de confirmación.

Lo divertido de las declaraciones de uno de los funcionarios fue que sostuvo que esos fondos en realidad están disponibles para Latinoamérica (no particularmente para Argentina) por lo que se irán reduciendo en la medida en que otros países implementen la norma y soliciten fondos para proyectos relacionados con la televisión digital. A lo que luego agregó que esto no implicaba que estuvieran poniéndole plazos al Gobierno para elegir un estándar.

Quizás no le ponen plazos, pero lo que es seguro es que lo están apurando…

Esta semana se conoció la noticia de que la Comisión Europea (CE) finalmente se expidió en su investigación antimonopolio contra Intel, aplicándole una multa de € 1,06 mil millones (aproximadamente US$ 1,45 mil millones). Se trata de la mayor pena jamás impuesta por la CE y representa alrededor del 4% de los ingresos y el 27% de las ganancias de la empresa durante 2008. O sea, Intel tendrá una billetera abultada, pero sin dudas que semejante multa se siente. La pena se basó en el sistema de descuentos y rebajas utilizado por la empresa que alentaban a los fabricantes a elegir sus procesadores en lugar de los de su competidora AMD. La condena da lugar a diversos puntos que merecen ser analizados, principalmente como parte de un juego intelectual, ya que nada de lo que aquí se diga o haga incidirá a favor o en contra de la medida.

Una característica que dificulta la regulación antimonopólica en la industria tecnológica es que tiene la particularidad de tender hacia la concentración, particularmente por el famoso efecto de red. Esto pasó con empresas que ya pasaron por este tipo de escrutinios, como fue en su momento el caso de IBM (durante la era del mainframe) o más tarde Microsoft con su Windows (incluyendo a Explorer y el Media Player). Se podrá discutir entonces si es conveniente o no intervenir en un mercado donde la tendencia natural será a la concentración, pero en el caso en que se opte por hacerlo, las decisiones deben ser rápidas. Si no lo son, no importa que después se aplique un castigo ejemplar. Para entonces, la competencia habrá desaparecido o estará seriamente disminuida. En el caso de Intel, el proceso llevó 9 años. Demasiado si el comportamiento efectivamente, y tal como lo determinó la CE, fue monopólico.

El caso específico de Intel no es sencillo por dos razones. La primera es que los descuentos y rebajas son una práctica habitual en cualquier actividad comercial, y esto no impidió que distintos fabricantes de PC como HP o Dell ofrecieran equipos tanto con procesadores Intel como AMD. Y teniendo una oferta con ambos procesadores fueron alternativamente n° 1 del mercado de PC. Por supuesto, se puede argumentar que las condiciones que fijaba Intel para acceder a estos descuentos eran un abuso de posición dominante. Pero, y aquí viene la segunda razón, visto desde la perspectiva de la demanda, esto no impidió que los precios tendieran siempre a la baja ni que se hubiera afectado la innovación (como Centrino, Dual Core, Atom). Por lo tanto, estas prácticas no perjudicaron a los consumidores. Es más, a pesar de las rebajas de Intel, tradicionalmente los equipos más baratos son aquellos que utilizan procesadores AMD.

No obstante esto, también es atendible sentir temor porque si AMD desapareciera e Intel quedara como único proveedor de procesadores de computadoras personales, esta última tendría menos motivaciones para innovar y reducir sus precios. En otras palabras, Intel tendría que estar interesado en la supervivencia de un competidor de peso, ya que fue la existencia de AMD lo que incentivó a la empresa a superarse continuamente.

A esto hay que sumar que naturalmente el mercado de procesadores es sólo apto para pocos y grandes jugadores. Las inversiones son monstruosas y constantes, por lo que deben amortizarse a través de grandes economías de escala. Esto hizo que a lo largo de los últimos 20 años hubiera distintos intentos de participar del negocio de procesadores para PC, pero sólo Intel y AMD subsistieron.

Lo que la historia demuestra es que no son las intervenciones regulatorias las que terminaron con las posiciones dominantes sino los cambios tecnológicos. El caso de IBM perdió vigencia cuando el mundo informático pasó de los mainframes a las PC. Microsoft hoy ya no es el de antes a partir del desarrollo de Internet y su impacto en la forma de usar equipos y aplicaciones. Y en el caso de Intel, se le está haciendo más difícil de lo pensado extender su dominio al terreno de los dispositivos móviles, más allá de sus esfuerzos e inversiones, en momentos en que claramente surge que este es “el” próximo gran mercado.

Una reflexión final es que quizás el camino de las multas no sea el más apropiado para terminar con una situación de abuso dominante. Estas pueden “secar” financieramente a las empresas objetadas, quitándole combustible para desempeñarse en una industria con un dinamismo único. Existe el riesgo cierto de que repercuta en las inversiones en investigación y desarrollo, lo que se traduciría en menos innovación y menos disminución de precios. Y si, como frutilla del postre, para llegar a esto se necesita más de una década (Intel aún puede apelar) para cuando llega el remedio el enfermo puede que ya esté muerto o con secuelas irreparables.

¡No es fácil ser regulador!

Durante la semana que pasó el tema de la suba de impuestos para diversos productos electrónicos (ver ¿Impuestazo en ciernes?) siguió generando repercusiones en los medios, la mayoría de ellas (por no decir todas) contrarias al proyecto.

La principal crítica viene por el lado de la incoherencia entre la declamada Agenda Digital, Plan Mi PC y similares y hacer más oneroso el acceso a la tecnología vía suba de impuestos. Así, las reacciones institucionales fueron llegando. Primero fue la cámara que agrupa a los importadores de cámaras digitales (CACIEIFE - Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica) y ayer nomás se sumaron CAMOCA (Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines) que agrupa a los fabricantes locales de computadoras y CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) donde están los fabricantes multinacionales. Como se puede ver, una medida que puso a toda la industria en su contra, sin importar su origen.

Por otra parte, en los últimos días, desde las operaciones regionales de los afectados así como analistas de mercado, se multiplicaron las consultas para tratar de entender lo que, para ellos (y nosotros también), es inentendible.

La respuesta es que para hacerlo, no hay que pensar con mentalidad de empresario sino de político. No falta quien detrás de esta movida vea una devolución de favores políticos. Vale recordar que recientemente, con motivo del adelantamiento de las elecciones generales, los dos senadores nacionales del ARI por la provincia de Tierra del Fuego (una de las beneficiadas con el cambio en materia tributaria) abandonaron este partido opositor y votaron a favor de la medida propuesta por el oficialismo. Por lo tanto, si bien no hay certezas de que este apoyo a la industria de Tierra del Fuego sea parte de la moneda de cambio, por lo menos guarda bastante lógica. Aunque, en el ínterin, se afecta a productores locales que fabrican en Capital, Buenos Aires, Santa Fe o Mendoza.

Lo concreto es que por ahora el gobierno impulsa una decisión que a todas luces es perjudicial para el país. Pero para llevarla a cabo, deberá dar batalla. Las próximas semanas prometen intensidad en aumento.

Dentro de la regulación en telecomunicaciones, uno de los aspectos en los cuales suele haber consenso (más allá de quienes financian no siempre ven esto con buenos ojos) es en la necesidad de contar con una política de Servicio Universal (SU) que permita llevar la conectividad a sectores o geografías no atendidas correctamente.

Como será la cosa que este gobierno, que se caracteriza por su inacción regulatoria en materia de telecomunicaciones, ha mostrado su mayor actividad en relación al Servicio Universal, aunque aún con pocos logros para exhibir. Sin embargo, al menos en el campo teórico, no desiste de sus buenas intenciones, por lo que esta semana, a través de la resolución 88/2009 de la Secretaría de Comunicaciones, incorporó el acceso a Internet a los servicios básicos financiados con el fondo del Servicio Universal.

La prestación del servicio de acceso a Internet será obligatoria para poblaciones superiores a las 250 personas. Por otra parte, en todos los casos, la velocidad mínima de conexión deberá ser de 128 kbps (lo que permitiría llegar con la red celular, dato no menor) y los precios tendrán que ser similares a los que se cobran en los cinco primeros centros urbanos del país.

La incorporación del acceso a Internet al Servicio Universal era una demanda que tenía ya varios años de vida, por lo cual es bienvenida. Ahora resta esperar que más allá de resoluciones y otros instrumentos regulatorios, empecemos a ver de una buena vez las implementaciones concretas. Si no, sería un mero entretenimiento de abogados.

Tiempo atrás, poco antes de ser adquirida por Telefónica Móviles y pasar a formar parte de Movistar, el operador celular Movicom había lanzado un producto llamado “en Casa”. El mismo consistía básicamente en una segunda línea en el mismo aparato celular, la cual tenía la característica de tener costos similares a los de telefonía fija, tanto para llamadas entrantes como salientes. La única limitación era que esas llamadas debían realizarse dentro de una ubicación geográfica previamente determinada, típicamente el hogar del abonado. Con la venta de Movicom y su posterior fusión con Unifón para formar Movistar, el servicio fue languideciendo (funcionaba únicamente en CDMA, ya que aceptaba dos líneas en el mismo aparato) hasta desaparecer cuando todo se unificó bajo GSM.

Ahora, dentro de una movida tipo “revival”, Movistar volvió a lanzar “en Casa”, aunque adaptada a la tecnología GSM. Esto implica que ya no se trata de un segundo número en la misma línea celular, sino que es un equipo que tiene una línea dedicada al uso desde una ubicación fija (aunque siempre inalámbrica). Las diferencias con el viejo “en Casa” es que el nuevo se usa en un equipo independiente y tiene un abono de $ 20 (más $ 39 para consumo de minutos, totalizando $ 59), con un minuto de $ 0,06.

Para Telefónica/Movistar, el producto tiene sus atractivos. Por un lado, al no ser telefonía básica, escapa a la regulación de ésta (incluyendo los topes tarifarios). Por otra parte, le permite avanzar con un servicio de telefonía “fija” en territorios donde no tiene una red de éstas características. Y finalmente, se trata de una buena alternativa para incentivar el crecimiento de líneas en servicio en momentos en que la madurez del mercado de telefonía móvil impide tasas de crecimiento significativas.

En síntesis, una producto cuya evolución merece ser seguida, ya que implica, además, un paso en la integración fijo-móvil. Y será interesante observar si hay algún tipo de respuesta por parte del resto de los operadores móviles.

Los impuestos pueden ser vistos como una herramienta de política fiscal, pero también de política económica. Idealmente, todo nuevo impuesto o variación en el mismo debería impactar positivamente en ambos campos, aunque muchas veces es una frazada corta (lo positivo de un lado es negativo del otro) y otras, un simple taparrabos (no cubre ni la cabeza ni los pies). Este último podría ser el efecto a obtener de aprobarse un proyecto presentado por el Ministerio de Producción que amplía el listado de productos gravados con impuestos internos al tiempo que también eleva el porcentaje de IVA a varios productos electrónicos, tales como celulares, notebooks, pantallas de LCD, monitores o cámaras digitales.

La medida fue presentada originalmente como tendiente a reforzar la competitividad de Tierra del Fuego, provincia que desde hace años pretende emular a la ciudad brasilera Manaos, aunque ciertamente con menos éxito. La misma contempla el retoque en dos impuestos: los internos y el IVA. En el caso de los primeros, se aplicará para estos productos una tasa del 17% cuando sean importados, frente a un 6,5% cuando sean producidos en Tierra del Fuego. Por el lado del IVA, se subirá la alícuota al 21% desde los 10,5% actuales.

En el caso del IVA, no es malo en sí mismo que se tienda a aplicar una tasa uniforme. El problema es la magnitud de esta tasa, que si bien puede ser deducida en el caso de las empresas (con lo que su impacto es financiero pero no económico) es absorbida en su totalidad por los consumidores. Visto así, servirá para ayudar al freno en el consumo.

Por el lado de los internos, se trata de un impuesto directo que se aplica sobre determinados bienes y son pagados por los fabricantes o importadores, que lo trasladan al precio final del producto. De allí que sean considerados “distorsivos” por los tributaristas, más allá de tener fines políticos y/o fiscales. En este caso en particular, es claro que tiene un fin político (favorecer la producción en determinada provincia), pero el económico es menos evidente, ya que habrá que evaluar cuántos de estos bienes dejan de venderse por aumento de su precio y, consecuentemente, cuál es el resultado fiscal de este cambio.

El proyecto de ley genera dudas por diversos motivos. Siendo que productos como los celulares son consumidos prácticamente por casi todos los argentinos a partir de determinada edad e independientemente del nivel socio económico, cuesta creer que sea más justo que todos paguen más por ellos para favorecer a la industria electrónica en Tierra del Fuego, cuyos dirigentes estiman permitirá la creación de 1.500 puestos de trabajo. Que millones de argentinos vean un encarecimiento superior al 25% en determinados productos para generar 1.500 puestos, no parece una relación muy justa.

Por otra parte, si bien el objetivo de competir con Manaos es loable, esta parece una carrera perdida. Es conveniente destacar que la fabricación de electrónicos está supeditada a determinadas economías de escala, razón por la cual este tipo de fábricas no se instalan en cada mercado como si fueran Mac Donalds, sino que mínimamente abastecen mercados regionales.

Paralelamente, surge la duda sobre qué pasará con empresas que ya están fabricando, pero no en Tierra del Fuego. Tal el caso de PC Arts (Banghó), CICSA (Olivetti) y otras, que lo hacen en Buenos Aires. ¿Pagarán ellas también el impuesto interno para favorecer a la fabricación en Tierra del Fuego?

Por todo esto, la medida, que a priori puede presentarse como “industrialista”, choca contra la recuperación del consumo, las industrias ya establecidas fuera de la isla y las políticas de inclusión digital. Y podría discutirse si es más importante la producción local de estos bienes o el dinamismo y valor agregado que generan, independientemente de su origen, aunque eso ya es entrar en el terreno ideológico, que puede llevar a discusiones interminables. En resumidas cuentas, quizás la única favorecida sea la caja del Estado a través de la recaudación fiscal. En fin…

Si bien aún no resulta claro si es parte de una movida que apunta a meter presión o si es una alternativa probable, lo cierto es que esta semana se agregó un factor de color al culebrón Telecom Italia, Telecom Argentina, Grupo W, Gobierno, CNDC, Telefónica (perdón si nos olvidamos de alguien).

Todo comenzó cuando el diario de negocios italiano Il Sole 24 Ore publicó un artículo bajo el título “Telecom, la salida de Argentina ya no es un tabú”. En la misma, y citando “indiscrezioni”, se dice que en Telecom Italia (TI) evalúan como una alternativa a su conflicto con el gobierno argentino y la CNDC desprenderse de sus activos en este país. Pero al día siguiente nomás, estos trascendidos se convirtieron en declaraciones del presidente de la compañía a la agencia Reuters, cuando afirmó que “no descartan una posible venta de sus activos en Argentina”.

En el artículo de Il Sole se mencionan dos datos de interés para el tema. Uno es que se habrían producido contactos con empresarios brasileros del sector telecomunicaciones (podría ser Oi, el gigante de aquél país, quien tiempo atrás manifestó sus planes de expandirse en la región) para verificar el interés de éstos por el segundo jugador del mercado local de las telecomunicaciones. El otro es que, según algunos accionistas, su participación en Telecom Argentina no es considerada “estratégica”.

En los distintos artículos que se publicaron como consecuencia de estas declaraciones, se mencionó que la participación de TI en la controlante de Telecom Argentina podría valer unos € 300 millones. Aunque no queda claro si ese precio incluye la opción de compra del paquete del Grupo W.

Seguramente los próximos días sean prolíficos en novedades relativas a este tema. Pero por ahora, es más prudente no avanzar demasiado con las especulaciones.

Durante la semana que pasó se publicó la resolución 275/2009 del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), sobre el “reglamento para el acceso a licencias y prestación de servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico”. En criollo, para servicios de TV por cable. Tarde pero seguro, ya que este reglamento tenía 9 años de demora.

Si bien algunos presentaron esta medida como una reapertura del negocio de la TV por cable, en realidad se trata de una apertura mayor. Mientras que hasta el momento los pliegos exigían la instalación de infraestructura propia, el nuevo reglamento incorpora la posibilidad de arrendar la red. Esto implica que ahora, cualquiera que tenga una red capaz de transmitir señal de video puede arrendarla a un licenciatario. Así, y sin tener que esperar a la sanción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (la heredera de la Ley de Radiodifusión), las empresas de telecomunicaciones pueden ingresar, aunque indirectamente, en el negocio de la TV paga.

La medida tiene múltiples impactos. En primer lugar, debería fomentar la competencia al no exigir a los nuevos interesados construir una red desde cero, un costo que sería de difícil recuperación y, por qué no, de financiación. En segundo lugar, para quienes actualmente poseen redes, específicamente las empresas de telecomunicaciones, la posibilidad de arrendarlas da lugar a una nueva línea de negocios. No será dar servicios de TV paga, pero al menos sí cumple con el objetivo de generar nuevos ingresos sobre la inversión existente. Por supuesto, esto también se aplicaría para los actuales operadores de TV por cable, pero difícilmente éstos quieran facilitar el ingreso de competidores (algo que por otra parte es totalmente natural). A esto habría que agregar que la capacidad ociosa de las redes de TV por cable no da mucho margen como para montarle operadores adicionales. Finalmente, se genera una nueva figura, que sería la de proveedor de infraestructura, lo que permite ingresar al negocio no sólo a las empresas de telecomunicaciones sino, eventualmente, a otras de servicios públicos, como las de distribución eléctrica, en la medida en que sus redes puedan transmitir con los ancho de banda necesarios. Todo esto hace que la principal barrera económica para ingresar al negocio de la TV por cable disminuya notablemente.

Una zona gris se da en el caso de los operadores que utilicen actualmente tecnologías inalámbricas (como LMDS o WiMax) para dar servicios de transmisión. Esto se debe a que la resolución del Comfer hace referencia al mercado de “servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico”, lo que implica TV por cable aunque no a los servicios que precisen de frecuencias de espectro radioeléctrico. El tema será de qué lado quedan estas tecnologías que si bien son inalámbricas (no hay vínculo físico) ya tienen espectro asignado, no para radiodifusión sino para transmisión de datos. Y la resolución menciona que no se asignarán frecuencias, al menos hasta que no se defina la norma de TV digital. Sin dudas, un punto que merece ser aclarado.

Si bien una primera lectura puede enmarcar a esta medida como un round más en el enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín (principal actor del negocio de TV por cable), lo cierto es que el nuevo reglamento afecta a todos los operadores por igual, desde Cablevisión hasta los más pequeños. En el caso de estos últimos, la situación se ve potenciada porque el reglamento habilita también a las cooperativas de servicios públicos a ingresar en este negocio.

Por supuesto, la reacción de ATVC (Asociación de Argentina de Televisión por Cable) no se hizo esperar, saliendo con los tapones de punta. ATVC sostiene que debe mantenerse la obligatoriedad de acreditar la propiedad de la totalidad de la infraestructura necesaria para brindar el servicio, ya que la Ley de Radiodifusión vigente impide la cesión o delegación del servicio. Esto sin dudas dará lugar a una discusión respecto de si el uso de infraestructura de terceros implica la delegación del servicio. Ingresaríamos así al intrincado mundo de los abogados y las interpretaciones.

A fines de este mes, ATVC realizará un evento en Mar del Plata, sus clásicas jornadas de “Banda ancha y cablemódem”. Seguramente será una tribuna desde la cual se harán oír.

Los problemas no terminan aquí para los cableros, ya que esta semana diversos canales de televisión abierta de todo el país denunciaron a la TV paga por competencia desleal. Para hacerlo se basaron en un informe realizado por KPMG según el cual en la TV paga la cantidad de segundos publicitarios creció un 113% durante el último año, frente a un 34% de la TV abierta, según un artículo publicado esta semana el diario El Cronista.

Lo de competencia desleal se basa, aunque es discutible, en que la ley permite 12 minutos de publicidad por hora y desde la TV abierta aseguran que el cable tiene 700 minutos repartido en todos sus canales por hora (a razón de 12 minutos por cada uno de los 60 canales). La respuesta de los operadores de cable no se hizo esperar, argumentando, no sin razón, que quienes venden los segundos de publicidad son las señales, no los operadores.

Más allá de las estadísticas, lo cierto es que, particularmente en ciertos casos, el nivel de publicidad en las señales de cable es muchas veces intolerable, excediendo por lejos los 12 minutos por hora. Para colmo, en no pocos casos este exceso publicitario es innecesario, ya que las tandas repiten una y otra vez las promociones de la programación del propio canal.

Más allá de fastidiar a su público, lo que las señales están haciendo es incentivarlo a buscar caminos alternativos: DVD (legales o piratas) y descargas, a la cual comienza a sumarse, por ahora tímidamente, los grabadores digitales que permiten saltear las publicidades. Y no se trata de una tendencia incipiente sino de toda una forma de consumir películas y series que no para de crecer. No sea que de tanto ordeñar a la vaca la dejen seca…

En los últimos días el panorama de Telecom Italia (TI) en Argentina (a través de Telecom Argentina) se complicó notablemente. Es la resultante del ingreso de Telefónica entre los accionistas del operador italiano que también opera en nuestro país. Sin entrar a repasar en detalle lo sucedido (lo cual fue muy bien cubierto por los medios masivos), surgen algunas reflexiones en cuanto a lo sucedido en relación a la intervención del Estado en el tema y de las posibles consecuencias.

Desde la perspectiva del accionar del Estado (algunos dirán gobierno, aunque no es lo que técnicamente corresponde), cuesta entender cómo recién ahora se empiezan a tomar medidas concretas cuando en realidad la operación que da lugar a la intervención estatal se produjo a principios de mayo de 2007, prácticamente 2 años atrás. Mucho tiempo para determinar la legalidad de la participación de Telefónica en TI (y transitivamente en Telecom Argentina). Peor aún, todavía no hay un veredicto al respecto.

En cuanto a la decisión por parte de la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) de que los representantes de TI no pueden participar de las decisiones políticas tomadas por el directorio, ésta deja entonces el control en manos de los socios argentinos, tanto los privados (Grupo W) como el Estado, a través del ANSES quien participa como consecuencia de las acciones que tenían las AFJP. Así, algunos creen ver una movida hacia la argentinización de Telecom, lo que sería un viejo anhelo de algunos personajes vinculados al poder. Obviamente, esto es lo que enfureció a los italianos, que llegaron a hablar de “confiscación”, lo que si bien parece un poco una sobrerreación, habla a las claras de cómo les cayó la medida.

Por otra parte, esta semana la agencia Reuters publicó un artículo significativo, según el cual, en una reunión realizada esta semana, los accionistas de Telco (que posee el 24,5% de TI y donde Telefónica tiene su participación) habrían quitado una frase en sus estatutos según la cual Telco ejercía “control y coordinación” de Telecom Italia. Se buscaría así mejorar su posición ante el escrutinio antimonopólico, tanto en Argentina como en Brasil, donde también TI y Telefónica tienen operaciones.

Si las cosas mantienen el rumbo adquirido esta semana, con acusaciones y amenazas de acciones legales, salvo que algún movimiento político tranquilice la situación, las cosas parecen encaminarse a una “desinversión” por parte de Telecom Italia que podría no ser consensuada, por lo que no habría que descartar una demanda por parte de TI hacia el Estado argentino (para alegría de los abogados eventualmente involucrados). Y por supuesto, ya resurgió la danza de nombres de posibles sustitutos para TI, lo que podría reconfigurar el panorama de las telecomunicaciones argentino de forma radical. Pero es temprano para entrar en esas especulaciones y todavía puede pasar mucha agua bajo el puente.

La inacción regulatoria en materia de telecomunicaciones que, a grandes rasgos, data del año 2002, está siendo cada vez más cuestionada. Ya pasó con el Servicio Universal (aunque, para ser sinceros, sin grandes avances aún) y llegó la hora de la portabilidad numérica en telefonía celular. Es conveniente recordar que en ambos casos, los fallos de la justicia a favor de la puesta en marcha de esas regulaciones, si bien afectan a los operadores, tienen como destinatario al Poder Ejecutivo, más específicamente a la Secretaría de Comunicaciones, quien es la encargada de reglamentar las distintas medidas.

En el caso particular de la portabilidad numérica, la justicia ordenó al Estado Nacional reglamentar la medida en un plazo de 90 días. Se trata de una medida regulatoria que va ganando momentum en diversos países, particularmente ahora que los niveles de penetración son muy altos y que el servicio está muy arraigado en la cotidianeidad de sus usuarios.

Durante los años de gran crecimiento del servicio en Argentina, entre 2004 y 2007, la medida hubiera tenido impacto mayormente en los usuarios con fines laborales (lo que va desde una encumbrado ejecutivo hasta un albañil), para quienes existe un alto costo por perder un número telefónico ante la eventualidad de un cambio de operador. Para los usuarios particulares, esto no era un problema grave. De hecho, muchos cambiaban de operador al adquirir un equipo nuevo y no hacían más que mandar un SMS con su nuevo número a sus relaciones.

Sin embargo, la incorporación del celular a la vida cotidiana hace que este número ya no sólo figure en las agendas de las amistades y familiares, sino que también sea la forma de contacto directa con relaciones menos profundas y recurrentes. También hay que considerar que para muchos, especialmente en los segmentos más humildes, el celular es el único teléfono que tienen. Así, hoy aún los usuarios particulares ven que el costo de cambiar de número telefónico es cada vez mayor.

Sería bueno que de una vez por todas, la Secretaría de Comunicaciones dejara de hacer la plancha en los temas que le competen. La reglamentación y puesta en funcionamiento de la portabilidad numérica sería un incentivo para que las empresas se esmeren en retener a sus clientes, ya sea con calidad de servicio y/o precios, lo que en definitiva favorecería a los usuarios. Está claro que el mercado total no se achicaría, sino que simplemente habría una mayor concentración en aquél o aquellos operadores que mejor hagan las cosas.

Con la presentación esta semana, tal como estaba previsto, del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA para simplificar), se abrió una nueva etapa en la discusión del rumbo de los medios y la participación de los proveedores de infraestructura en esta actividad.

El anteproyecto es laaaaargo (casi 150 páginas) aunque bastante prolijito, notándose la influencia académica de sus autores, con citas al pie, algún cuadro sinóptico y referencias varias. Desde el punto de vista formal, y considerando la extensión del documento, se siente la falta de una tabla de contenidos que agilice la búsqueda de determinados artículos (se imponen una lecciones de Word o Writer entre los funcionarios involucrados). Son muchos los temas que toca y varios de ellos fueron adelantados en los trascendidos previos, lo que sumado al poco tiempo para analizarlo debidamente, propicia que nos detengamos en las “sorpresas”.

No hay dudas de que muchas de las medidas propuestas apuntan directamente a la línea de flotación del grupo Clarín. Entre éstas se puede mencionar:

·       Impide que un mismo grupo sea propietario de un canal de TV abierta y una empresa de TV por suscripción (cable o satélite) en el orden local. Así, este grupo no podría operar Canal 13 y Cablevisión en el AMBA. Esto implicaría además que si eventualmente Telefónica quisiera obtener una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, debería desprenderse de Telefé (por la cual ya hubo interesados…).

·       Una misma empresa no podrá ser propietaria de una compañía de TV paga y al mismo tiempo producir señales que transmita. El grupo Clarín tiene 6 señales de cable (TN, Volver, Magazine, Metro, Canal Rural y Trece Satelital).

·       No se podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. Cablevisión tiene el 47% de los abonados a TV paga.

·       Si bien el artículo que hace referencia es muy ambiguo, se exige que determinados espectáculos deportivos (léase fútbol) deberán ser transmitidos por la TV abierta y gratuita. Hoy el Grupo es socio de la empresa que tiene los derechos de televisación de este deporte, cuyos ingresos provienen de la venta a los distintos operadores de cable. Y la TV abierta sólo puede retransmitir los goles luego de que hayan sido difundidos por Fútbol de Primera (que se emite por canal 13).

Por supuesto, si bien el Grupo Clarín es el más grande del país y por lo tanto quien más se verá afectado por esta ley si finalmente pasa como está prevista, no será el único. Otros sentirán también sus efectos, aunque con otra escala, como sería el caso del Grupo Uno (muy fuerte en el interior del país) y hasta el Grupo Telefónica, con muchos canales de TV abierta en el interior (más allá de Telefé). Y eventualmente, algunos negocios dejarán de ser viables (como por ejemplo, la compra de Telecentro por algún multimedio, como se viene rumoreando).

En cuanto al universo específico de las empresas de telecomunicaciones, la cosa es más favorable, aunque quizás no es todo lo rosa que pudieran haberse imaginado en algún momento. El anteproyecto contempla que las telefónicas (no únicamente Telefónica y Telecom) ingresen al mercado de TV por suscripción, aunque como redes de transporte. No obstante, se les exige una mayor apertura de sus redes vía interconexión, unbundling, no existencia de subsidios cruzados y hasta portabilidad numérica (que se aplicaría también a las redes móviles). En realidad, esto ya estaba contemplado en la regulación vigente (decreto 764/2000), aunque el Estado no se preocupó demasiado en hacerla cumplir.

Presentando el anteproyecto, se abre ahora un período de 90 días que probablemente coincida con el debate preeleccionario si finalmente se aprueba el adelantamiento de las elecciones legislativas. Si a esto le sumamos el conflicto con el sector agrario que está recrudeciendo, tenemos por delante tiempos muy politizados que distarán de ser apacibles. Quizás no sea el escenario ideal para tratar una ley de tamaño impacto y trascendencia, pero las cartas así están barajadas y no queda otra opción que jugar.

Algunos indicios surgidos de diversas charlas con actores de la industria apuntan a que finalmente el estándar de TV digital a adoptar por Argentina termine siendo el combo japonés-brasilero.

Por un lado, la norma DBV (de origen europeo) dejó recientemente de tener un representante en Argentina. A esto se suma que los impulsores de ATSC están hoy totalmente abocados al mercado de EE.UU., donde recientemente se postergó por unos meses la fecha del “apagón analógico”. Hoy, los fabricantes de equipamiento para TV digital bajo esta norma están más que entretenidos atendiendo un mercado mucho más grande y más rico, que significa un negocio inmediato y no una promesa para mañana.

A esto hay que sumarle un lobby muy fuerte por parte del Estado japonés a favor de la norma ISDB-T y a las declaraciones recientes de funcionarios brasileros indicando que Argentina optaría por esta norma. Así, todos los caminos conducen a Japón con escala en Brasil. Teniendo en cuenta que la norma está definida únicamente en Japón y, con variantes, en Brasil, se podría repetir la decisión del PAL-N como norma de TV color, tomada en los años 70 y cuyas consecuencias aún subsisten.

La semana que pasó abundó en noticias, declaraciones, trascendidos y comentarios respecto de lo que sería la heredera de la actual Ley de Radiodifusión. Todo esto porque, aparentemente, la presentación del anteproyecto de ley se haría el próxima miércoles 18, en la ciudad de La Plata.

Si bien hay muchas especulaciones y trascendidos respecto de los contenidos del anteproyecto, falta poco para que éste sea presentado y pueda por lo tanto ser motivo de un análisis sobre tierra firme. No obstante, y en función de las declaraciones de diversos funcionarios, hay material como para realizar un análisis preliminar.

Quizás el punto más cuestionable de esta movida tenga que ver con que parece más ser la resultante una combinación de ensañamiento y apriete hacia el grupo Clarín que de una convicción profunda respecto del funcionamiento de los medios en el país. Mucho se habla de la desconcentración de los medios, sin embargo fue este mismo gobierno (aunque con distinto presidente) quien no sólo extendió las licencias de TV sino quien también aprobó, en tiempo récord para esta gestión, una fusión entre dos operadores de TV por cable (Cablevisión y Multicanal), generando un actor claramente dominante en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y que representa el 47% del mercado a nivel nacional. Evidentemente, el contraste entre las "ideas" del gobierno y su accionar reciente pone al descubierto ciertas inconsistencias.

El hecho de que el anteproyecto de ley parezca tener un destinatario con nombre y apellido y mucho tufillo a "vendetta" hace que tanto quienes se muestran favorables a un cambio en la materia así como quienes son competidores directos del Grupo Clarín teman que sea peor el remedio que la enfermedad. Entre los ejecutivos de otros operadores de cable se escuchan frases como "estos se pelean con Clarín y cobramos nosotros también".

Por otra parte, desde una perspectiva política, el timing elegido dista de ser el adecuado. La combinación de año electoral, oficialismo diezmado y pérdida de popularidad del gobierno parecen indicar que el gobierno tiene buenas probabilidades de fracasar en su intento.

Una ley que puede generar enfrentamientos entre dos de los cuatro poderes (el ejecutivo y la prensa) debe ser tratada durante los primeros dos años de gestión de un nuevo gobierno, cuando la popularidad y por lo tanto la fuerza de éste se encuentra en la cresta de la ola, lo que da más solidez contra el esperable y natural lobby en contra de los afectados. Y si bien la actual presidenta lleva poco más de un año en su cargo, la continuidad con la gestión de su marido y sus propios desaguisados, colocan al gobierno en una posición equivalente al desgaste generado por 4 o más años de gestión. De corroborarse este pensamiento, no se podría pensar en una nueva ley de radiodifusión sino hasta el 2011. Parece una eternidad y ciertamente lo es, más aún si se consideran los cambios que la propia tecnología y su uso generarán en los próximos 3 años. Pero en fin, así están las cosas.

Si bien la legislación argentina contempla el modelo desde el año 2000, la semana pasada se anunció el primer MVNO (Mobile Virtual Network Operator) u operador virtual de servicios móviles. El mismo surgió de un acuerdo entre Telecom (quien provee la red) y las federaciones de cooperativas Fecotel y Fecosur.

Durante años las cooperativas reclamaron espectro y licencias para dar servicios móviles, pero éstas nunca llegaron a pesar de las promesas recibidas por las autoridades. Así, el acuerdo con Telecom les permite dar el servicio sin necesidad de realizar las inversiones necesarias en infraestructura, al tiempo que podrán agregar una nueva línea de ingresos, en momentos en que la telefonía fija se estanca y parte del tráfico tanto local como de larga distancia migra a las redes móviles.

Por otra parte, la de ser operador virtual parece una opción económicamente más razonable que pagar por espectro e invertir en infraestructura en momentos en que el mercado da muestras de una gran penetración y por lo tanto, de tasas de crecimiento que no justificarían semejantes erogaciones.

En los últimos días el tema de una nueva Ley de Radiodifusión volvió a estar en los medios, ya que fue la misma presidenta quién se encargó de reflotar el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Si como dice, durante este período se enviará finalmente un proyecto de ley al Congreso, sólo puede esperarse un recalentamiento del debate, especialmente en un año electoral.

Lo más jugoso seguramente provendrá de parte del Grupo Clarín, quien con su posición de fortaleza en el mercado de TV paga no ve con buenos ojos el posible ingreso de las empresas de telecomunicaciones en el negocio de la TV. Y que la presidenta en su discurso mencionara que "la digitalización de los medios electrónicos como oportunidad para reconfigurar el mapa mediático" puede ser percibido como una señal en ese sentido.

Siendo que Clarín es un poderoso grupo de medios (con su diario a la cabeza), hará sentir su presión. La prueba pudo verse esta semana, cuando el diario Clarín dedicó un artículo a las declaraciones del líder de la opositora UCR, bajo el título "Si meten la ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto".

Más allá de que se trata de las declaraciones de un opositor en un año electoral, las acusaciones vertidas en la nota son apresuradas, ya que aún no hay un proyecto oficial circulando, con lo cual es difícil hacer una crítica fundada de algo que no existe.

Nadie en su sano juicio podrá acusar a "Comentarios" de oficialismo, pero la oposición debe ser seria y responsable. De no ser así, la única diferencia entre oficialismo y oposición serán los nombres en cada bando. Y entonces, el debate será por personas, no por ideas.

Esta semana la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la orwelliana ley 25.873, conocida como Ley Espía y luego empeorada por el decreto 1.563/2004, que obligaba a las empresas de telefonía y de Internet a registrar los datos de todas las comunicaciones de sus usuarios. Adicionalmente, exigía a los operadores tener que conservarlos por diez años para que estuvieran a disposición del Estado.

La decisión es bienvenida, ya que significa un tiro de gracia para una medida propia de un estado totalitario y fascistoide, que vigila a sus ciudadanos y se entromete en su privacidad, independientemente de si son sospechosos o no de algún delito, sólo "por las dudas" (lo cual además tiene penosas reminiscencias). Cabe recordar que, a causa del revuelo que generó oportunamente, el Poder Ejecutivo había decretado su suspensión, aunque no su anulación.

Desde el punto de vista jurídico (y sin meternos en territorio de abogados), la medida es novedosa porque por expresa disposición de la Corte tendrá efectos para todos los usuarios y no sólo para aquel que presentó el amparo. Esto es lo que en EE.UU. se conoce como acción de clase, mecanismo no contemplado en nuestra legislación, que tiene la virtud de evitar la multiplicación de juicios idénticos.

Esta semana, el Gobierno volvió a prorrogar la intervención en la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones), esta vez hasta diciembre de este año. El mismo está intervenido desde el 2002, aunque no queda claro porqué continúa la intervención de un organismo que debería ser autónomo. Si en 7 años de intervención no pudieron ponerse las cosas en orden, es que hay algo que no funciona como debiera. Sería bueno que alguien explicara las razones para mantener la continuidad de la intervención.

Luego de 3 años de espera, finalmente la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) aprobó la compra de Ertach por parte de Telmex. Lamentablemente, el OK llega en un momento poco propicio para nuevas inversiones, en lugar de haberlo hecho en épocas más "dulces". Ahora se espera un desenlace similar para la compra de Velocom por parte de Nextel. Pensar que otras operaciones de mucha mayor envergadura y claramente más conflictivas desde el punto de vista de competencia se resolvieron tanto más rápido.

Siguiendo con este tema, esta semana se produjo un hecho poco frecuente: la presidente argentina accedió a dar una entrevista a un medio periodístico. En ésta,  hizo un guiño a favor del ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV.

En la entrevista dada al canal de TV Telefé (en una exclusiva del canal perteneciente a Telefónica), la mandataria expresó que "tenemos que abordar el cambio tecnológico, dar ese salto". Luego prosiguió con que "planteamos la necesidad de discutir una nueva ley de radiodifusión, que ya no se llamará así sino con otro nombre más acorde al salto tecnológico".

¿Se viene finalmente el Triple Play por parte de las telcos?

• Los usuarios del iPhone en Argentina parecen tener un lado lúdico bien desarrollado, a juzgar por el ranking de aplicaciones más descargadas desde el AppStore: de las pagas, las primeras 8 más bajadas corresponden a las categorías juegos y entretenimientos, mientras que lo mismo sucede con las primeras 7 gratuitas. Aparentemente, no son muchos quienes ven al iPhone como una herramienta de productividad.

• La ley de estímulo promulgada por el Congreso de los EE.UU. tuvo algunos recortes. En la volteada se cayeron los US$ 2 mi millones destinados, originalmente, a la universalización de la banda ancha en aquél país. Parece que hay muchos disconformes con la medida.

En momentos en que Obama genera en la población estadounidense muchísimas esperanzas (se podría decir que demasiadas, posicionándolo como un mesías, siendo que tiene un panorama complicadísimo... pero esto es tema para otro medio), el debate sobre el uso de su BlackBerry estuvo en el centro de la escena política.

Si bien en un principio se sostuvo que el flamante presidente debería decirle adiós a su Blackberry por razones de seguridad, la batalla del mismo (demostrando ser un ferviente seguidor de la zarzamora) finalmente tuvo éxito. Por supuesto, su uso tendrá ciertas limitaciones: sólo un círculo selecto de gente tendrá su dirección, estas personas serán previamente instruidas en el uso de los mails por parte de la Casa Blanca y los mensajes del presidente serán diseñados para que no puedan ser reenviados.

Así, victorioso, se publicaron fotos luego de su asunción, chequeando mails en su Blackberry 8830. ¿Cuánto vale para RIM (fabricante del Blackberry) que el presidente de los EE.UU. afirme, antes de asumir, que para sacarle su equipo se lo tendrían que "arrancar de las manos"? Vale muchísimo, pero le costó cero. A esto se llama tener un cliente fidelizado.

A escasas semanas de la fecha original prevista para el apagón analógico que daría lugar a la TV digital como única norma en los EE.UU., el Congreso de aquél país votó una ley para que el mismo se postergue por 4 meses, hasta el 12 de junio próximo.

A pesar de que se gastaron unos US$ 1 mil millones en la campaña informativa, se estima que todavía unos 6,5 millones de hogares no están listos para el apagón. En esto juegan distintos motivos, con mucha gente que deja todo para último momento, pero el más grave es que muchos hogares aún no cuentan con el cupón que entrega el gobierno y que no es otra cosa que un subsidio de US$ 40 para comprar el conversor necesario para poder ver TV digital en equipos analógicos. Quizás las complicaciones macroeconómicas en aquél país hayan dificultado financiar los US$ 650 millones previstos para los cupones que no llegan.

Sin dudas servirá de experiencia a los demás países que ya tienen un cronograma previsto. Claro, no es el caso de Argentina.

Como suele ser habitual en enero, no fue mucho lo que sucedió en el país durante el mes más fuerte de las vacaciones. La nota más relevante fue que Telecom Italia no pudo ejercer su opción de compra del paquete accionario del Grupo W en Telecom Argentina. La noticia era esperable habida cuenta de los movimientos políticos previos y da lugar a un debate político, jurídico y de negocios muy interesante.

No obstante esto, es preocupante el mal uso que se hace de la palabra monopolio, que según la definición de la Real Academia Española es una "situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor". Pero el problema es que los involucrados ponen el foco en la cantidad de vendedores sin considerar el tema desde la óptica del mercado. Para entender mejor este concepto, remitimos a un comentario escrito hace algo más de un año en este medio, bajo el título "Sobre monopolios reales y competencia ficticia", que sigue vigente a pesar del tiempo.

Si quisiéramos ahorrarnos el trabajo, en este punto podríamos tomar lo escrito 12 meses atrás, ya que seguiría vigente. Pero haremos un esfuerzo para agregar nuevas perspectivas.

Se seguirá reclamando por una nueva Ley de Telecomunicaciones así como una de Radiodifusión. Por el lado de la de Telecomunicaciones no parece haber ningún apuro ni demasiado interés. Esto a pesar de que el marco regulatorio vigente tiene más de ciencia ficción que de conjunto de normas para regir una actividad. En cuanto a la Radiodifusión, las "peleas" entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que son las que impulsaron que el tema esté en la agenda mediática, se parecen cada vez más al cuento del pastorcito y el lobo. Cuando efectivamente algo ocurra, nadie lo creerá. Y con un año eleccionario por delante, no parece probable que el gobierno (así como tampoco los legisladores que deban renovar su mandato) estén dispuestos a enfrentarse con el grupo mediático más importante del país.

Por otra parte, y a pesar de lo mucho que se habló y que parecía al borde la definición, lo cierto es que en materia de TV Digital estamos como cuando llegamos de España...

En fin, otro año perdido en la materia, lo que refuerza el dicho "res non verba". Y aquí tuvimos mucha verba y poca res.

En telecomunicaciones, como en casi todos los órdenes de la vida, hay ideologías. Particularmente en lo que hace a modelos regulatorios para permitir la competencia, hay dos grandes líneas: los que propician la competencia de infraestructuras (modelo aplicado en los EE.UU.) y los que sostienen que debe haber una infraestructura común, poniendo el foco en la competencia entre servicios brindados sobre ésta por distintos proveedores (modelo europeo).

El modelo europeo se basa en utilizar una única infraestructura de base heredada de las grandes telefónicas estatales de cada país luego de los procesos de privatización, que generalmente quedaron en manos de empresas privadas, en algunos casos con participación estatal. Este incumbente heredaba una red que cubría todo el país y, más importante aún, la llegada hasta la casa del cliente (la famosa última milla). En este caso, la competencia entre operadores se fomenta abriendo la red del incumbente para que los entrantes puedan también utilizar su infraestructura, lo que permite llegar con nuevas ofertas a los clientes, pero montados sobre la última milla (o bucle local en la jerga) del incumbente. La virtud de este modelo es que genera competencia rápidamente, ya que los operadores entrantes no tienen que invertir el capital y tiempo necesario para montar una red. Su defecto es que no incentiva la modernización de la red, ya que la competencia se da a nivel de servicios sobre la red existente.

En el caso del modelo americano, lo que se propicia es la competencia de infraestructuras. En este caso es conveniente recordar que, como sucede en Argentina, en los EE.UU. existe una importante red de TV por cable, convirtiéndose ésta entonces en la alternativa a las redes de telefonía. Así, típicamente la competencia se da entre estos dos actores, a lo que comienzan a sumarse alternativas inalámbricas (tanto móviles como fijas). Este modelo tiene la ventaja de incentivar la actualización de la red, y así es como ya hay casos de operadores migrando su red hacia fibra óptica hasta la casa del cliente, previendo el crecimiento de servicios más demandantes de ancho de banda (video de alta definición, video bajo demanda, etc.). La desventaja es que la competencia es más limitada por las necesidades de inversión y, desde el punto de vista económico, es menos eficiente replicar infraestructuras.

Así, y simplificando notablemente, podría decirse que el modelo europeo genera mucha competencia en el corto y mediano plazo, pero no fomenta la modernización de la infraestructura en el mediano/largo. Inversamente, el modelo americano incentiva la inversión en mejoras y actualizaciones de la red pero es lento para generar alternativas (y si la rentabilidad de un área determinada no lo justifica, esa alternativa no llega nunca). En sí, es difícil decir si uno es mejor que el otro. Todo depende de las circunstancias y los objetivos del momento.

En esta materia, Argentina es fiel a su estilo de "tercera posición". Tiene un marco regulatorio estilo europeo, pero una realidad de mercado estilo americano. El modelo vigente técnicamente es el del año 2000 y contempla conceptos como la desagregación del bucle. Sin embargo, el mismo nunca fue completado (quedó trunco con la caída del gobierno en el 2001), y muchísimos aspectos nunca fueron reglamentados. Así, sólo quedó lugar para las empresas que decidieron y pudieron construir o adquirir su propia red, caso Telmex, Iplan, Ertach, entre otras, las que se sumaron a los operadores de cable, que son una importante alternativa en lo que es banda ancha y que recién ahora incursionan en el negocio de la telefonía. Adicionalmente, se puede prever que las redes inalámbricas (tanto las celulares con 3G como WiMax y otras) sean cada vez más una opción.

Como suele suceder con las posturas ideológicas, su viabilidad depende de momentos y circunstancias (¿o acaso alguien imaginaba a los republicanos propiciando la participación del Estado en el sistema bancario de los EE.UU.?). En momentos en que tanto se habla del aggionarmiento de leyes (como la de Telecomunicaciones y la de Radiodifusión), sería bueno que en Argentina se diera este debate para comenzar a definir, de una buena vez, la política a seguir en el desarrollo de esta infraestructura, clave en la sociedad de la información.

Esta semana se produjeron dos noticias que podrían implicar profundos cambios dentro de la composición accionaria de Telecom Argentina.

Por un lado, durante estos días aterrizó en Buenos Aires el director de Estrategias de Negocios y Desarrollo Internacional de Telecom Italia (TI). Su objetivo, reunirse con interesados en la participación del Grupo W, que pasará a manos de TI en enero próximo como consecuencia de una opción de compra firmada entre italianos y argentinos al momento del ingreso de estos últimos en Telecom, 4 años atrás. El timing sería ideal para los italianos, ya que parte del precio acordado oportunamente se define por el valor de mercado. Y las sucesivas caídas del valor de las acciones hacen que hoy TI tenga que pagar casi un tercio de lo que hubiera correspondido un año atrás (evidentemente, hay quien se beneficia con las caídas de la bolsa).

El italiano declaró a la prensa que hay más de cuatro interesados argentinos en esa participación, lo que sería una forma de mantener vínculos aceitados con el gobierno. Tal cantidad de interesados marca claramente que varios de ellos podrían ser inversores ajenos al negocio de las telecomunicaciones.

Pero esta noticia cobra otra envergadura si se la vincula con las provenientes de Italia y que indican que TI estaría interesado en vender su operación celular, TIM, en Brasil, teniendo como candidato principal a Telefónica.

En principio, la operación no sería tan simple ya que el regulador brasileño, la CMT, no permitiría que Telefónica controlara las dos principales operadoras de telefonía móvil del país, Vivo (donde es socia de Portugal Telecom) y Tim Brasil. Para que esto avance una opción sería que Telefónica salga de Vivo (algo que intentó más de una vez) donde no estaría muy a gusto en el modelo de propiedad compartida y concentre sus operaciones en TIM, que así pasaría a llamarse Movistar.

Pero si TI vende su negocio móvil en Brasil que es un mercado mucho más grande y con más espacio para el crecimiento que el argentino, ¿cuál sería el sentido de seguir en Argentina? Es cierto que la caída de la bolsa hace que no sea un momento propicio para desprenderse de activos. Quizás el plan sea aguantar a que las cosas se reacomoden y salir en un momento más oportuno.

Lo cierto es que el caso de Telecom se parece al del pastorcito y el lobo. De tanto amagar, cuando la cosa sea en serio, nadie lo va a creer.

A veces, las decisiones de la justicia, por lo alejadas que están de la realidad, son ridículas y muestran algún grado de megalomanía por parte de los jueces. Esta semana, la Cámara Civil y Comercial Federal hizo lugar al planteo de un cliente de telefonía móvil, que reclamó a la empresa de comunicaciones mantener el servicio AMPS y que no se le obligue a migrar a GSM, según lo publicado por el sitio Centro de Información Judicial.

Se trata de un cliente de Movistar que alega que si se le exige cambiar a la nueva tecnología, va a sufrir una degradación de la calidad del servicio, pues con GSM no podría comunicarse en algunas localidades que con AMPS sí podría. En consecuencia, el tribunal ordenó a la compañía continuar con el funcionamiento de las redes TDMA y CDMA para clientes con tecnología AMPS y rehabilitar y/o reconectar dichos sistemas al mismo estado en que se encontraban al momento de iniciarse su desconexión.

La decisión de la justicia es poco seria ya que atenta contra la libertad tecnológica de las empresas. Lo único que falta es que la justicia también decida en estos temas. Lo que sí podría haber hecho la justicia antes que el desaguisado de exigir volver atrás en la evolución tecnológica sería pedirle garantías al operador de que el cliente tendrá mínimamente igual servicio luego del cambio. Sería más factible que lo que decidió.

Ahora este caso, totalmente menor, seguramente será apelado y seguirá avanzando en la pirámide de la Justicia, restando los escasos recursos judiciales a temas más importantes y trascendentes. Quizás el error es pensar que los jueces son distintos al resto de la sociedad a la que pertenecen.

Durante la última semana, volvieron a crecer las especulaciones según las cuales habría avances desde el gobierno para permitir el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV.

El puntapié inicial fueron las críticas que el "presidente de facto" Néstor Kirchner hiciera a los medios de comunicación desde Chile, lo que le valió una respuesta del editor general de Clarín en su edición dominical. Por supuesto, esto generó que se volviera a hablar del resurgimiento del enfrentamiento entre el gobierno y este grupo de medios. Al día siguiente, en otro acto (esta vez en Argentina), el ¿ex? presidente reflotó el tratamiento de una nueva Ley de Radiodifusión, "que elimine gestos monopólicos", tal como había sucedido originalmente durante el enfrentamiento con el Grupo Clarín.

Días después, desde el sitio Enciclomedios, se mencionó que se estaría trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión que incluiría la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones sean autorizadas a dar servicios de triple play de manera progresiva (quizás algo similar a nuestra propuesta de julio pasado).

Por otra parte, en otros ámbitos se viene especulando con la posibilidad de que se considere a la IPTV como un servicio de valor agregado (cosa que se hace en otros países), lo que permitiría prescindir de una modificación a la Ley de Radiodifusión (cuyo tratamiento sería muy conflictivo) y acortaría los tiempos. Esto sería importante también porque, de implementarse este cambio, implicaría que las empresas de telecomunicaciones hicieran importantes inversiones para adecuar la red, lo que en el contexto actual (nacional e internacional) sería un logro que el gobierno podría mostrar.

Dicen que cuando el río suena, piedras trae. No obstante, también hay que recordar que en esta materia, el río viene sonando desde hace rato, y sin embargo, el agua sigue cristalina.

Es la idea que queda luego de que esta semana se firmara un convenio de "colaboración y buenas prácticas" entre la FAM (Federación Argentina de Municipios) y las empresas de telecomunicaciones móviles (Claro, Movistar, Nextel y Personal) que apunta a ponerle un punto final a las innumerables disputas entre operadores y municipios por la instalación de antenas para ampliar la cobertura y capacidad del servicio.

Entre los objetivos del convenio se destaca el que busca "concientizar acerca de la importancia y la necesidad de permitir la instalación de estructuras soporte de antenas de comunicaciones móviles y de las infraestructuras vinculadas indispensables para brindar capacidad y calidad en la transmisión de información". En otras palabras, se busca lograr un marco de referencia que permita la unificación de criterios en todos los municipios para la instalación de antenas, de forma tal de terminar con los conflictos que surgen a la hora de los correspondientes pedidos de autorización. Estos no sólo surgen de aspectos ambientales, sino también por diferencias en las tasas de habilitación e inspección.

Será importante que los mismos contemplen, dentro de parámetros lógicos y debidamente fundamentados, tanto las inquietudes respecto de la radiación generada como de polución visual. Con criterios unificados, más allá de que éstos puedan ser más exigentes que los vigentes en muchos casos, se le da previsibilidad a la expansión de la red. Y eso es fundamental para el desarrollo de la misma.

Esta semana se realizó el Congreso Nacional de Telecomunicaciones, que tuvo lugar en el Palacio de Correos, sede de la Secretaría de Comunicaciones. Lo que allí se habló fue de lo más jugoso en meses en materia de telecomunicaciones y ahora resta saber cuan largo es el trecho entre el dicho y el hecho. Alcanza con recordar que hubo un congreso similar 4 años atrás (aquél que iba a servir de base para una nueva Ley de Telecomunicaciones) que sólo fue una pérdida de tiempo para sus participantes.

Un dato importante fue presenciar a distintos sectores juntos y en coincidencia, cosa no muy habitual en el país. Ver a las empresas de telecomunicaciones, las cooperativas y los gremios debatiendo y coincidiendo, pidiendo lo mismo, es un hecho no menor y sin dudas una demostración de fuerza frente a los operadores de TV por cable en relación a la posibilidad de dar servicios de TV.

Por supuesto, este reclamo no fue el único. También hubo pedidos de ajuste de tarifas (un tema que tal como adelantamos semanas atrás estaría cada vez más en la agenda) como una forma de financiar las mejoras en infraestructura. Por el lado de las cooperativas se volvió a la carga con la posibilidad para éstas de dar servicios móviles. En este aspecto, algo novedoso y también criterioso, fue el abordaje de este tema no sólo como operador tradicional sino como operador móvil virtual. Cabe recordar que la legislación actual contempla esta figura, y de hecho en su momento se le otorgó esta licencia a Millicom (luego Ertach), si bien nunca llegó a prestar el servicio. Otro aspecto positivo fue el reclamo por la reglamentación definitiva del Servicio Universal, tema sobre el que la inactividad oficial es francamente vergonzosa. Por el lado sindical, hubo también pedidos de unificación en cuanto al sector gremial al que deben pertenecer trabajadores que realizan actividades similares en distintas empresas. Un tema que, como tantos otros, muestra incoherencias en la actualidad. Las conclusiones alcanzadas pueden ser accedidas desde aquí.

Por el lado oficial, y quizás como nunca antes, hubo guiños a favor de los pedidos de los participantes, principalmente en relación a la posibilidad de dar cualquier tipo de servicio que se pueda ofrecer sobre las redes. En otras palabras, TV y por lo tanto Triple Play. Sin embargo, queda aún por ver si ese fue un guiño que esconde una intención real o si es sólo un tic nervioso, ya que no se avanza con guiños sino con medidas concretas.

Entre los "perdedores" de la semana están sin dudas las empresas de TV por cable que ven cómo la oposición a su postura se abroquela y consigue sacar declaraciones esperanzadoras a los funcionarios involucrados. Y en este contexto, su argumento más fuerte, el de la legalidad, va perdiendo fuerza. Es cierto que la legislación actual impide a las empresas de telecomunicaciones dar servicios de TV (sean incumbentes, entrantes o cooperativas). Pero no menos cierto es que la legislación en general no es algo estático, sino que va cambiando para adaptarse a la evolución de los tiempos, por lo que nada impediría que se modifique la ley para que esto suceda. Aunque en este caso es de esperar que el tratamiento de la nueva legislación sea meditado, flexible y consensuado.

Todavía falta mucho camino por recorrer, pero lograr la unidad de criterios entre distintos involucrados y los guiños de funcionarios, permiten albergar esperanzas de que en materia de telecomunicaciones por fin se comience a regular mirando hacia el futuro. La sencillez del contexto es tal que alcanza con muy poco para tener ilusión.

En una Argentina que se parece cada vez más a una montaña rusa, con emociones extremas que se repiten entre escasos y breves momentos de sosiego (a tal punto que habría que bautizar el juego como "montaña argenta"), esta semana la mano vino por el lado de la estatización de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), o mejor dicho, de los recursos de éstas.

Sin entrar en la discusión política, ideológica o técnica sobre la conveniencia y oportunidad de la medida, es conveniente analizar cuál sería su impacto ésta en caso de concretarse como ha sido planteada. Y lo primero que surge son dos cosas: una suerte de estatización parcial de muchas empresas (incluyendo a un actor de peso en telecomunicaciones) y una restricción de fondos que sirven para financiar las compras de muchos productos tecnológicos.

Teniendo en cuenta que las AFJP invirtieron el 10% de sus recursos en acciones ordinarias de empresas argentinas, donde el primer lugar medido en pesos es para Telecom Argentina (según información de la Superintendencia de AFJP), tendríamos al Estado participando nuevamente en la provisión de servicios de telecomunicaciones, ya que tendría más del 20% del capital. A esta lista, aunque con participaciones mucho menores, se sumarían el Grupo Clarín, Telefónica, Intel, IBM, HP, Cisco, British Telecom, Nokia, Oracle y otras como para formar una cartera tecnológica más que interesante.

Por otra parte, las AFJP también fondean fideicomisos financieros que en muchos casos sirven a cadenas de electrodomésticos como Garbarino, Falabella, Ribeiro, Bonessi como una fuente para ofrecer financiación a los clientes. Justamente la capacidad de financiación es algo que se estuvo retrayendo en los últimos meses, impactando en las ventas. Una nacionalización de los fondos podría agravar aún más esta situación, salvo que se mantuvieran los criterios de inversión actuales.

Es notable como una decisión, en teoría simple, tiene ramificaciones impensadas (cuando no fue meditada con suficiente profundidad).

En las últimas horas, Google salió a criticar algunas decisiones judiciales que la obligan a quitar los resultados que surjan de determinadas búsquedas, generalmente relativas a personas. La postura oficial de Google al respecto puede ser accedida desde su blog oficial para América Latina.

Es cierto que Google no puede ser responsable de lo que otros publiquen en Internet. Lo único que hace el buscador es referenciar dónde se encuentra esa información en la red. Por lo tanto, no sólo no es responsable, sino que la supresión de ese resultado no implica que el contenido haya desaparecido de la red. Por otra parte, la seguidilla de demandas contra Google por parte de personajes de la farándula da más para pensar que se trata de una incipiente industria del juicio (léase, hagamos plata fácil y rápido).

Pero Google también da muestras de tener criterios flexibles. El caso paradigmático de este comportamiento es su aceptación de lo que puede o no vincular en sus búsquedas en el caso de China. En este país, a pesar de sus grandes avances económicos, el gobierno aún ejerce un importante grado de censura en Internet, y para ello cuenta con la complicidad de Google. Para muestra, basta con buscar imágenes de "tiananmen" en Google China y en Google de los EE.UU. y ver la diferencia en los resultados (para facilitar la búsqueda, esto es lo que se ve en China y esto en EE.UU.). Simplificando, en China se ven imágenes de una hermosa plaza y en EE.UU. se ven tanques avanzando por la misma.

Evidentemente, Google es ahora víctima de sus múltiples criterios a la hora de defender la libertad de expresión. Cuando se le plantea esta diferencia de resultados a los ejecutivos de Google, ellos afirman que no atentan contra la libertad de expresión ya que un usuario tiene la alternativa de buscar en Google.com en vez de Google.cn. Quizás en Argentina tengamos que terminar buscando en Google.com en lugar de Google.com.ar para encontrar los resultados que la justicia argentina considera inconvenientes. Sería lamentable que esto sucediera.

Tal como podía preverse basado en la historia reciente, la sucesora de la actual Ley de Radiodifusión ya no está al tope de la agenda del gobierno, como sí lo estuvo cuando de asustar a supuestos enemigos se trataba. Esto de ningún modo implica que el tema de fondo haya desaparecido, y recientemente la CATEL (Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones) se sumó al coro de demandas y lo hizo en el marco del 1° Simposio de Tecnología IPTV, organizado por esta institución, según lo publica el sitio InfobaeProfesional.

Durante el evento, el presidente de la cámara afirmó que si la regulación se modifica, permitiendo a empresas de telecomunicaciones dar servicios de TV, las cooperativas están listas para dar IPTV. Pero sabiendo que esto no será tan fácil ni inmediato, anunció que durante el año próximo comenzarán a dar servicios de VOD (Video bajo demanda), ya que éste no depende de ninguna modificación a la regulación vigente. Para afrontar las inversiones necesarias, el directivo indicó que las cooperativas prevén asociarse en un pool de compras para lograr una mejor escala en los costos.

Ofrecer VOD y otros servicios que no generen conflictos con la regulación es contemplado por las empresas de telecomunicaciones en general, como una forma de ir avanzando hasta tanto la regulación les permita dar todo tipo de servicio basado en video. Pero en realidad, la cosa no es tan simple. Los costos asociados al despliegue de una red con suficiente ancho de banda, sumados a las inversiones en servidores, sistemas de entrega de video y, dato no menor, todo el sistema administrativo que se necesita poner en marcha para entregar y facturar por un servicio nuevo, permiten pensar que se trata de mucho dinero simplemente para implementar un video club en línea.

Más allá de si se trata de simples amenazas o de adelantos de lo que efectivamente ocurrirá, lo cierto es que para las cooperativas telefónicas ofrecer nuevos servicios es cada vez más un tema de supervivencia a mediano plazo. Su servicio principal, la telefonía, ya no es muy atractivo. Se trata de un negocio que prácticamente no crece, donde la tendencia es a que cada vez una porción mayor del tráfico de voz se canalice por las redes celulares y, como si todo esto fuera poco, no muy atractivo por tener tarifas congeladas. Así, únicamente la banda ancha es interesante, aunque la oferta de las cooperativas suele no ser muy competitiva (comparada con lo que se encuentra en los grandes centros urbanos) en precio y prestaciones.

Con este panorama, no debería llamar la atención que los reclamos de las cooperativas telefónicas comiencen a multiplicarse. Aunque su debilidad es que están mayormente en el interior, y, se sabe, Dios atiende en Buenos Aires.

Ante el cuadro de situación de la telefonía tradicional, no llama la atención que algunos proveedores de TV por cable no se desvivan por dar este servicio, y quienes ya lo están haciendo lo ven más como una forma de fidelizar a sus clientes con una oferta completa más que un negocio en sí mismo. Por esto, no llamó la atención cuando en el marco de las Jornadas ATVC 2008 el CEO de Cablevisión mencionó que apuntan a dar telefonía recién en el 2009, sin precisar el momento del año.

Vale recordar que así como el paso desde las telecomunicaciones hacia la TV no es un camino de rosas, tampoco lo es en sentido inverso. Quizás el tema tecnológico en sí mismo sea lo menos complicado. Desde el punto de vista administrativo/comercial, empezar a cobrar por un servicio en base al consumo implica un grado de complejidad mayor que el requerido por un servicio en base a abonos. En otras palabras, es mucho más fácil cobrarle a cada cliente el precio de abono convenido por mes que medir su consumo y facturarle en consecuencia. A esto se suma que además, siendo la telefonía un servicio público regulado, surgen nuevas exigencias tales como tener una guía, estar dispuesto a intervenir un teléfono si alguna autoridad judicial lo exige (con lo que implica desde el punto de vista técnico y legal), y otro tipo de obligaciones que las empresas que ofrecen telefonía tienen.

No obstante, tarde o temprano, los operadores de cable que aún no lo están haciendo deberán comenzar a dar servicios de telefonía, sumándose a operadores como Telecentro o Supercanal que ya ofrecen triple play. Pero seguramente surjan exigencias que se pondrán sobre la mesa a la hora de negociar el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV. Y dentro de éstas, probablemente la portabilidad numérica, un tema que está bastante dormido, ocupe un lugar destacado, habida cuenta de que se trata de una medida clave para lograr que los clientes decidan qué operador contratar sin ataduras.

En definitiva, queda claro que no todo lo que reluce es oro.

Como es habitual todos los años, se llevó a cabo una nueva edición de Expocomm, el evento que convoca a la industria de las telecomunicaciones local vía expo y congreso. Y como suele suceder, quedó bastante tela para cortar. Por supuesto, lo jugoso suele estar en el congreso, ya que siempre hay definiciones y declaraciones que tienen bastante de política sectorial, a lo que se suman los discursos inaugurales donde asisten y hablan no sólo ejecutivos de la industria sino también funcionarios del área.

Dentro de los reclamos políticos, no faltó el llamamiento a diseñar un marco jurídico adecuado a los tiempos tecnológicos que corren, realizado por el presidente de CICOMRA. En otras palabras, convergencia (tecnológica y de industrias), y más específicamente la posibilidad legal de ofrecer servicios como triple y cuádruple play, en clara referencia al servicio de TV, ya que los otros (telefonía, Internet y celular) son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones. Más específicamente, hubo reclamos por una "necesaria nueva Ley de Telecomunicaciones y una nueva Ley de Radiodifusión que sean parte de este marco". Aquí vale observar que la industria telco es menos agresiva en relación a sus reclamos que la de TV por cable, que en cuanta oportunidad se presenta apuntan directamente a las empresas de telecomunicaciones y recuerdan que la ley les impide dar servicios de TV. En definitiva, diferencias de estilo cuya efectividad se verá en los próximos ¿meses?

Por otra parte, causó sensación la presencia del Secretario de Comunicaciones y su subida al estrado para decir unas palabras en el acto inaugural. Es que el funcionario, paradójicamente poco proclive a comunicar, arrancó su breve discurso con una franqueza inusual en estos casos: "No tengo más remedio que decir unas palabras porque así fue anunciado". Las sorpresas no terminaron aquí, sino que siguieron cuando afirmó que el desafío de todos era llevar las TIC a todo el país para que el desarrollo sea parejo. Curioso que nadie le haya dicho que uno de los objetivos de su gestión, y para lo cual cuenta con las herramientas regulatorias, es lograr que estas diferencias geográficas desaparezcan o, al menos, sean menores que en la actualidad. Aquí entran el Servicio Universal, los precios de interconexión, la asignación de espectro, entre otras tantas posibilidades.

Pero el Secretario tiene razón cuando observa estas diferencias. A modo de ejemplo, el costo por Kb de banda ancha en los grandes centros urbanos es de $ 0,09, mientras que en algunas localidades del interior del país, este llega a $ 0,38, es decir, 4 veces más. Estas diferencias se basan tanto en las economías de escala que surgen de la densidad poblacional como de los costos de conexión a la red para cada ISP.

Si luego de dos años y medio al frente de la Secom su titular recién empieza a darse cuenta de algunas cosas, los cambios que la industria necesita pueden demorarse en llegar.

Esta semana se combinaron diversas noticias que permiten pensar que en breve el tema tarifas telefónicas podrá tener mayor presencia que la que venía registrando hasta el momento.

Primero fueron las eliminaciones de algunas bonificaciones en los servicios de telefonía fija que afectaron a los clientes de líneas control. Luego fue el aumento en los abonos de banda ancha (servicio desregulado). Básicamente, medidas para suplir el congelamiento de las tarifas telefónicas que están en los mismos valores desde antes de la gran crisis del 2002. Medidas que ciertamente no son simpáticas ni bienvenidas. Pero también es justo reconocer que mientras otros precios de la economía (salarios, bienes, servicios y tarifas) subieron para acomodarse, en mayor o menor medida, a una inflación no reconocida aunque real, los de la telefonía básica se mantienen inalterados. Y esto hace que, en términos relativos, la telefonía fija sea hoy mucho más barata que años atrás.

Y como todo, la paciencia de las empresas parece estar acotándose. En su paso por Expocomm, el presidente de Telefónica reclamó un ajuste de las tarifas telefónicas que permita "seguir desarrollando infraestructura". No le faltó razón al ejecutivo en cuestión cuando analizó el motivo por la cual el Gobierno no descongela las tarifas del sector: "nosotros no tenemos subsidios. Si tuviéramos subsidios, los bajarían y nos permitirían aumentar".

Por supuesto, esto no indica que el ajuste deseado por las telefónicas esté a la vuelta de la esquina, pero en la medida en que se mantengan los actuales niveles de inflación, no debería llamar la atención que los reclamos empiecen a reiterarse.

Quizás un camino a considerar sería el de permitir los aumentos pero introduciendo medidas que alienten la competencia, buscando que sea en definitiva ésta la que actúe como freno a las subas. La prueba está en que en los negocios cuyas tarifas están desreguladas, como telefonía móvil, banda ancha o larga distancia, los precios subieron en mucha menor medida que la inflación.

Esta es la idea que queda luego de leer dos noticias publicadas por el diario La Nación, la primera durante el fin de semana pasada y la segunda en el día de hoy. En ambos casos se habla de proyectos de licitaciones de espectro (o sea, vender aire). En el primer caso, se trata de frecuencias aptas para WiMax, lo que podría traer más competencia en el mercado de acceso a Internet. En el segundo, el espectro involucrado estaría destinado a servicios móviles 3G. También se mencionó licitar la frecuencia de 700 Mhz (donde hoy operan servicios de televisión pagos inalámbricos).

En el caso de las frecuencias para WiMax, llama la atención que así como deciden abrir el juego para que ingresen nuevos operadores, todavía no se aprobaron las ventas de Ertach a Telmex y de Velocom a Nextel (los únicos operadores de WiMax en el país). Por otra parte, si de fomentar la competencia en el acceso a Internet se trata, los reclamos de los ISP más chicos vienen por el lado de costos de interconexión que por la facilidad para desplegar sus redes.

En cuanto a las frecuencias para 3G, el mercado natural parece ser el de los actuales operadores móviles. En el caso de las celulares (Claro, Movistar y Personal) les permitiría ampliar su capacidad, aunque con un costo adicional de actualización de redes y de lanzamiento de terminales que operen en la nueva frecuencia. En el caso de Nextel, puede ser un camino para su futuro, ya que de hecho NII (el holding que opera en Latinoamérica) ya compró espectro para 3G en otros países de la región.

Difícilmente ese espectro para 3G sirva para el ingreso de un nuevo operador, ya que con un mercado saturado sería una inversión muy grande en licencia e infraestructura y sin una base instalada de clientes como para hacerla viable.

Habida cuenta de la parálisis regulatoria de los últimos años, el súbito interés por licenciar espectro por parte del gobierno puede ser visto también como una forma de lograr financiación en momentos en que las cuentas empiezan a resentirse como consecuencia de las políticas implementadas y el contexto internacional actual.

El Ministro de Seguridad declaró a los medios, según publica el sitio Infobaeprofesional, que algunas cosas se están revisando. Quizás la principal sea la exigencia de registrar las huellas digitales del comprador. Efectivamente, esta medida era totalmente de laboratorio, impracticable en la realidad. De incluirse en la norma, exigiría la provisión de un scanner de huellas digitales en todos los puntos de venta, más un sistema que pudiera conectar a ese scanner contra una base de datos para certificar la información provista por el comprador. Realmente, faraónico.

Lo que también puede rescatarse de sus declaraciones es la intención de garantizar que si un teléfono se robó o se perdió, quede definitivamente desactivado. Algo que sin dudas contribuirá para bajar este tipo de delitos, hoy de una cotidianeidad pasmosa.

Quizás si antes de elaborar el proyecto se hubiera consultado a los actores involucrados, que suelen conocer mejor su negocio que los funcionarios, se habrían ahorrado la marcha atrás y las críticas de los usuarios. Pero bueno, al menos en este caso, da la impresión de que supieron corregir a tiempo. Algo está cambiando...

Esta mañana hubo revuelo mediático a raíz de un artículo publicado por el diario Clarín según el cual la presidenta se apresta a firmar un decreto que exigirá el empadronamiento de los celulares como forma de combatir el delito. Si bien no puede cuestionarse el objetivo, lo cierto es que hay varios puntos que merecen ser analizados, porque se corre el riesgo cierto de complicarle la vida a los usuarios honestos sin por ello afectar de manera significativa la actividad delictiva.

Cabe observar que actualmente, cuando se compra un celular por el canal oficial, los requisitos de identificación del comprador están vigentes. Hay que mostrar el DNI, y los datos quedan asentados. Inclusive la dirección otorgada es aquella a la cual el operador elegido envía la factura por la operación. El problema es que hay un inmenso canal no oficial, donde circulan SIM y teléfonos "reciclados", es decir, de dudosa proveniencia, tal es el caso de los chips que se venden en los trenes urbanos. Quizás sería bueno que dentro de este plan de acción hubiera un control mucho más férreo que el actual sobre la cadena de distribución. O sea, más que generar nuevas leyes, quizás habría que cumplir con las existentes, para que el decreto en cuestión no se limite a ser un ejercicio intelectual.

El mecanismo descripto en la nota, tanto para el alta de las líneas como para la recarga de saldo, es bastante "chinesco". En la misma se menciona que quienes usen líneas prepagas deberán identificarse como "usuario legítimo" para poder habilitar cada tarjeta adquirida, si bien aún no se definió cómo se implementará el sistema, citando a un funcionario que dice que "Es igual que exigir a quien compra balas certificación de que tiene su arma declarada". Lo que el funcionario en cuestión no tuvo en cuenta es que hay una pequeña diferencia: las balas se renuevan mucho menos que los créditos del celular. Así lo más probable es que todo el mecanismo sea revisado cuando se compruebe su inviabilidad de su aplicación.

Otro punto que implicará un cambio cultural es que la gente se acostumbre a denunciar robos y pérdidas de celulares. Con aproximadamente 3 de cada 4 líneas celulares en servicio son prepagas, generalmente no hay mucho incentivo para hacer la denuncia en estos casos, ya que no hay seguro que reclamar y es mucho más rápido y eficiente adquirir una línea nueva que hacer la denuncia primero y el trámite en el operador después, para que reestablezcan la línea perdida o robada. Cabe recordar que el año pasado un 7,5% de los usuarios fueron víctimas del robo de su aparato, lo que proyectado da más de 2 millones de casos en el año. Estas cifras surgen del informe "Telefonía móvil - segmento individuos 2008".

En fin, el tema es bastante más complicado de lo que parece y el decreto en cuestión agrega más complicación que solución. No obstante, esto no implica dejar las cosas como están. Habrá que trabajar con los operadores para que sean más estrictos en el control de los SIM y teléfonos que funcionan en sus redes y controlar en serio la  distribución para que sólo quede en manos del canal oficial. Y como paso previo a exigir la huella digital de todo nuevo comprador de una línea, habría que tener un documento de identidad más acorde con el siglo XXI en el que vivimos y no esa invitación al pasado que es nuestro actual DNI.

El fin de semana pasado se produjo un hecho histórico: la realización de una conferencia de prensa por parte del titular del poder ejecutivo de la Nación, algo que no había sucedido durante la actual administración ni la anterior. Dentro de lo que se habló, el tema de la sucesora de la ley de Radiodifusión (pre bautizada como ley de Servicios Audiovisuales) dejó algunos elementos para el análisis.

Entre los aspectos del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso (aún sin fecha cierta), la presidenta destacó que falta abordar el tema tecnología al indicar que al momento de sancionar la actual ley, "lo más moderno era la televisión a color". En línea con este pensamiento, agregó que "hay que preparar marco regulatorio con la incorporación de la tecnología". Toda una definición.

Allí se acabaron las precisiones, pero si de tratar el tema tecnológico se habla, hay ciertos enfoques que no podrían quedar fuera de la discusión. Estos son: IPTV y la definición de la norma de TV digital terrestre, abierta y gratuita. Son temas que tienen detrás intereses encontrados. El de la IPTV enfrentando a operadores de cable y empresas de telecomunicaciones. El de TV digital haciendo lo propio con operadores actuales de TV abierta y potenciales interesados, a los que se suman operadores de TV por cable, empresas de telecomunicaciones y proveedoras de tecnología, cada uno con sus intereses, muchas veces en conflicto.

Todo esto no hace más que llevar a pensar que se tratará de una ley que tendrá el aderezo del choque de intereses en un debate que, a priori, se presenta como apasionante y que marcará en qué condiciones Argentina ingresará en la nueva era de la TV y sus servicios asociados. Como se decía antiguamente, para alquilar balcones.

Es sabido que en política nadie es tan enemigo que mañana no pueda ser tu amigo. Esto se aplica perfectamente a lo que sucedió esta semana, según un artículo publicado por el diario El Cronista en el cual el gremio telefónico FOETRA salió a pedir que se autorice a las telefónicas a dar servicios de TV.

Lo llamativo del caso es que este mismo gremio telefónico fue protagonista el año pasado de duras negociaciones (que incluyeron duras medidas de fuerza) tanto con Telefónica como con Telecom por diversos temas, como aumentos salariales, efectivización de contratados y el gremio al que deben pertenecer los empleados de Call Centers.

Sin embargo, esto no impidió que su titular saliera a respaldar uno de los mayores deseos de las telefónicas (aunque prefieran el perfil bajo para no generar irritaciones peligrosas): dar servicios de televisión por Internet, sentando las bases para el triple play. El sindicalista fue explícito al afirmar que "lo tienen que poder dar todas las telcos. En este momento es un avance tecnológico natural. Tiene que haber competencia y con reglas claras, pero si las telefónicas no pudieran darlo, sería una amenaza a futuro de pérdida de puestos de trabajo".

Está claro que el interés del gremio es crecer en afiliados y no perderlos a manos de otros. La no incorporación de la IPTV a la oferta de las telefónicas podría generar que en el mediano plazo perdieran clientes frente a ofertas del tipo triple play ofrecidas por operadores de TV por cable. Estos pertenecen al SAT o Sindicato Argentino de Televisión, en cuyo sitio se puede ver la sugestiva la leyenda "Servicios audiovisuales, interactivos y datos". Aparentemente entonces, las telefónicas ganaron un aliado inesperado.

Sin demasiada repercusión en la prensa (a diferencia de lo que sucedió en años anteriores), la semana pasada se realizó la 6ta. Jornada de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina (Fecotel). Obviamente, mucho giró en torno a las expectativas de las cooperativas en relación a sus intenciones de ampliar su espectro de participación. Estas claramente son la telefonía celular y el mercado de la TV.

En el caso de la telefonía celular, las cooperativas están en la insólita situación de contar con una licencia para dar el servicio, aunque falta un pequeño detalle: no tienen espectro. En este sentido, el Secretario de Comunicaciones prometió que el segundo semestre de este año será "muy intenso" para el sector (aparentemente no para él, así que a no hacerse ilusiones), y prometió avanzar en la definición de las demandas del sector cooperativo. Claro que avanzar no es igual a resolver definitivamente.

Por el lado de la TV, estuvo presente el interventor del Comfer, quien volvió a declarar que tanto Telecom como Telefónica, así como las demás empresas de servicios públicos, no serán habilitadas para dar servicios de radiodifusión. Sobre este punto se pueden hacer dos observaciones.

La primera gira en torno de la duda respecto del status que otras empresas de telecomunicaciones con fines de lucro (para diferenciarlas de las cooperativas) tienen, ya que en muchos aspectos deben cumplir con la regulación que se aplica a las empresas de servicios públicos. De ser así, empresas que ingresaron al mercado bajo un modelo de competencia quedaría afuera del negocio. Una decisión a todas luces objetable.

La segunda es tener en cuenta que más allá de lo que se proponga en el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, el mismo deberá pasar por el Congreso. A la luz de los hechos recientes, este paso promete no ser un camino de rosas, y lo que salga de allí puede ser algo muy distinto de lo que haya entrado.

Quizás el Secretario de Comunicaciones tenga razón cuando afirma que el segundo semestre será "muy intenso". Pero como reza el viejo adagio, res non verba.

A diferencia de lo sucedido con la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Servicios Audiovisuales (sucesora de la de Radiodifusión) ya tiene un borrador que circuló intensamente entre involucrados, sean medios u operadores de redes. Algunos puntos del mismo fueron publicados por el diario Perfil, dando los primeros indicios de a qué apunta el gobierno. El objetivo del mismo es lograr un mercado audiovisual "democrático y sin monopolios", definición a tener en cuenta a la hora del análisis, ya que se trata del norte que persigue la iniciativa, con lo que los distintos puntos deberían estar alineados en pos del mismo.

A grandes rasgos, el borrador propone reducir la cantidad máxima de licencias para una misma empresa o grupo (lo que implicaría desinversión para algunos jugadores). Esto está en línea con lo que se habló desde que comenzó el ¿conflicto? entre el gobierno y el Grupo Clarín.

En cuanto a la TV por cable, se establecería un límite en la cantidad de abonados, la cual no debería superar el 35% del mercado potencial (un número no tan sencillo de determinar). No resulta claro si este porcentaje se aplica para el total del país o por geografía. Si fuera esta última opción, claramente implicaría que Cablevisión tenga que desprenderse de gran parte de sus abonados en la Capital y parte del Gran Buenos Aires. Si el porcentaje se aplicara al total del país, serviría de poco en términos de propiciar alternativas y desconcentración.

Por el lado de las empresas de telecomunicaciones, en tanto proveedoras de servicios públicos, seguirían vedadas de participar del negocio, a excepción de las cooperativas. De ser así, se mantendría un régimen a todas luces injusto. Es atendible aunque debatible la postura de quienes se oponen al ingreso de Telecom y Telefónica al negocio de la TV, con lo cual esta opción merece ser tratada por separado. Pero es injustificable que empresas que nacieron en competencia y sin exclusividades, como iPlan, Telmex (por mencionar sólo algunas que ya manifestaron su interés de ingresar a este negocio) o algunos ISP se vean impedidos de participar del mismo.

Igualmente, es muy temprano como para imaginar que sea efectivamente este borrador el que se convierta en ley. Por un lado, aún falta el retoque de ciertas áreas del Poder Ejecutivo involucradas. Por el otro, la intención original, según el interventor del Comfer, era presentar el proyecto una vez resuelto el tema de las retenciones móviles. Luego del traspié del ejecutivo en el Congreso en la materia, con la evidente fractura interna de su tropa y considerando que se trata de un tema tanto o más espinoso, hay que ver si se cumple la intención original de presentar el proyecto a más tardar en Agosto. Hacerlo implicaría una nueva batalla en el Congreso con un sector no menos poderoso en un momento en que el oficialismo lame sus heridas. La lógica indicaría que sería conveniente esperar a que cicatricen, pero la lógica general no es la lógica de algunos.