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Independientemente de la opinión que se tenga en relación al fondo de la cuestión en el asunto Fibertel, lo que es indiscutible es que tal como se plantean las cosas en la famosa resolución 100/2010 vamos, como los lemmings, camino a un salto al vacío. Por un lado, porque, como explicamos la semana pasada [ver “Va a estar linda Internet”], la industria en su conjunto no tiene la capacidad técnica y humana necesaria para absorber 1 millón de usuarios en 90 días. Por el otro, porque el argumento del gobierno de que existen más de 300 ISP alternativos, es falaz. Que existan 300 o más proveedores no implica que haya igual número de redes, y mucho menos que éstas puedan ser accedidas por todos en cualquier lugar del país. Así, de nada le sirve a un ¿ex? cliente de Fibertel en Buenos Aires que la cooperativa de Villa Giardino (por citar sólo un ejemplo) dé servicios de Internet si ésta no tiene acceso físico al domicilio del abonado, sea a través de una red propia o de terceros.

Para entender mejor las limitaciones del caso, es necesario distinguir entre dos tipos de actores en lo que hace al acceso a Internet. Están quienes cuentan con una red propia, sea de alguna opción de cable (ADSL, cablemódem, fibra óptica, etc.) o inalámbrica (Wimax, LMDS, etc.). Se trata de aquellos que disponen de infraestructura que cubren geográficamente los domicilios de los clientes. Después están los que dan el servicio específico de Internet (navegación, mail, etc.) sobre la red de terceros, en un modelo que, en un ejercicio de simplificación, podría asimilarse al de operador virtual en otros servicios de telecomunicaciones. Por aspectos regulatorios, esto ocurre mayormente sobre las redes de las empresas telefónicas, lo que da lugar a que empresas como Sion, Datamarkets y tantas otras ofrezcan el servicio de Internet sobre el ADSL de aquellas. Incluso, esto es lo que permite contratar Arnet sobre la red de Telefónica o, inversamente, Speedy sobre la red de Telecom.

El problema con la caducidad de la licencia de Fibertel/Cablevisión es que obliga a sus abonados no sólo a migrar de ISP, sino también de red. Y justamente el acceso a estas redes, independientemente del proveedor del servicio de Internet, es lo que no abunda y se convierte en el talón de Aquiles de la resolución 100. Salvo en zonas de alta densidad de demanda y por lo tanto de oferta (como sucede en el micro y macrocentro de Buenos Aires) mayormente ésta se concentra en unos pocos operadores, generalmente uno telefónico (Telecom, Telefónica y Cooperativas), uno de TV por cable y, en menor medida, alguno inalámbrico.

De este modo, surgen dos aspectos débiles de la resolución. Una es la falta de una estrategia seria y viable para la migración de 1 millón de abonados. La otra es el despropósito que significa “apagar” una de las mayores redes de acceso a Internet del país (la de Cablevisión), con todo lo que esto implica, no sólo en términos de competencia sino también pensando en el desarrollo digital de Argentina. Se podría agregar una tercera, discutible desde una perspectiva política, que es que no es razonable que la solución (determinar la “muerte” del servicio) sea más grave que la causa del problema (operar con una licencia caducada). En otras palabras, resulta ilógico que el remedio sea más letal que la enfermedad.

Por lo pronto, se estaría evaluando la extensión del plazo para la migración del millón de clientes de Fibertel, de acuerdo con lo publicado en el sitio La Nota de Tapa. El artículo menciona que el interventor de la CNC habría admitido ante asociaciones de consumidores que se estaría evaluando una extensión de los plazos para permitir que los proveedores alternativos tengan más tiempo para adecuarse a un pico de demanda extraordinario. No obstante, esta medida no soluciona uno de los problemas más importantes, como lo es la desactivación de la red de Cablevisión como una alternativa competitiva de acceso. Por otra parte, nada garantiza que un número importante de usuarios no esperen hasta último momento para migrar (por desinterés, vagancia, especulación, etc.), con lo cual cumplido el plazo también quedarían clientes desconectados.

Independientemente de la extensión o no de los plazos, y dando por descontado que el proceso de apelación a la medida entrará en un recorrido judicial impredecible pero también lento, no hay que descartar un escenario donde efectivamente Cablevisión deje de prestar el servicio. 

De darse esta situación, y ante la falta evidente de un plan de migración para “reubicar” 1 millón de abonados en 3 meses, la mejor forma de evitar la desconexión de la mayoría es que sigan accediendo a Internet a través de la red que usan actualmente, la de Cablevisión, más allá de quién sea el proveedor del servicio de Internet (ISP). No hacerlo tendría un costo muy alto cuando en muchas de las localidades afectadas sólo queda el acceso a la red telefónica. Así para que los usuarios no queden desconectados y no se alteren las condiciones de competencia, un nuevo ISP debería operar utilizando la red de Cablevisión. 

En tren de analizar escenarios, surgen dos alternativas si lo que se busca es cumplir con la resolución pero al mismo tiempo mantener el servicio en forma ininterrumpida para sus usuarios. Ambas implican la entrada en escena de una sociedad que cuente con la licencia para dar servicios de Internet (ISP), la cual operaría sobre la red de Cablevisión, quien prestaría la infraestructura de transporte pero no el servicio. Y las alternativas son que este ISP sea privado o público.

Si es privado, Cablevisión tiene un as en la manga: PRIMA S.A. (Primera Red Interactiva de Medios Argentinos). Se trata de una subsidiaria 100% de este operador, tal como consta en sus balances. La misma tiene licencia para operar, haciéndolo bajo la marca Datamarkets.

PRIMA tiene antecedentes prestando servicios sobre redes de terceros. Comenzó a través del ISP Ciudad, operando sobre las redes telefónicas, primero ofreciendo acceso dial up y más tarde banda ancha a través del ADSL de Telecom y Telefónica. Al tiempo, amplió sus servicios a la red de cablemódem de Multicanal. Al operar Ciudad sobre múltiples redes de terceros, sus clientes tenían la alternativa de acceder a Internet tanto desde la red telefónica como de la de TV por cable. Luego de algunos reacomodamientos dentro del Grupo Clarín y más tarde con la fusión de Cablevisión y Multicanal, los clientes de Ciudad terminaron siéndolo de Fibertel/Cablevisión, quien puso el énfasis en la red de cablemódem. PRIMA se concentró entonces en el segmento de empresas con Datarmarkets.

Ante el escenario de que la resolución 100 siga vigente, Cablevisión podría entonces transferir sus clientes a PRIMA, quien comenzaría a operar el servicio sobre la red del operador de cable. Pero esta alternativa tiene un talón de Aquiles: al carecer de licencia, Cablevisión no podría traspasar sus clientes por decisión propia dado que técnicamente ya no lo serían más. O sea que el nuevo ISP debería “conquistar” a los clientes de Fibertel para que expresamente optaran por contratarle sus servicios. Una tarea de uno por uno muy distinta a la de traspasos en masa, y con tiempos apremiantes. No obstante, al usar la misma red que Fibertel (la de Cablevisión), tendría la ventaja de que el servicio continuaría ininterrumpido para los abonados, pudiendo inclusive mantener el preciado dominio fibertel.com.ar. [Caveat lector: PRIMA podría no ser la única sociedad vinculada al Grupo Clarín con licencia para dar servicios de valor agregado (lo que incluye Internet). No obstante, el mecanismo de resolución del conflicto sería el mismo]

Desde el punto de vista político, una solución que implique que una sociedad de Cablevisión mantenga el servicio de Fibertel no parece muy digerible para el gobierno, ya que su estrategia sufriría un duro golpe, con lo que todo el revuelo armado sólo habría servido para quedar en una posición peor que la original.

Si por algún recurso técnico-legal el plan PRIMA no pudiera implementarse, no habría que descartar una intervención directa del Estado, esgrimiendo el argumento de garantizar la continuidad del servicio. Así surge entonces la alternativa de un ISP estatal, que se haga cargo del servicio para garantizar su  continuidad, evitando la desconexión del millón de abonados o como mínimo todos aquellos que no hubieran logrado cambiar de proveedor dentro del plazo de 90 días estipulado. Para ser prolija, esta intervención estatal debería darse hasta tanto la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Claro que el escenario de una operación conjunta entre Cablevisión y el Estado, el primero proveyendo su red de cable y el segundo dando los servicios de Internet, se presenta a todas luces como problemático. Además, una intervención estatal generaría un revuelo político no menor, más allá de que por los antecedentes, esto no sería un disuasor.

Por supuesto, el ISP privado podría ser independiente, aunque parece poco probable que Cablevisión “ceda” los abonados de Fibertel a un tercero para convertirse en una simple red de transporte. Y la regulación vigente no podría exigírselo.

Por el momento, lo único concreto es que de mantenerse las condiciones emergentes de la resolución 100, lo que dejaría a cientos de miles de abonados sin servicio, el gobierno estaría actuando como Nerón quemando Roma. Y hay una diferencia entre ser loco y comer vidrio…

Afortunadamente, el caso Fibertel no es insoluble. Hay distintos caminos que se pueden seguir para lograr los que deberían ser los objetivos principales: no desconectar a ningún abonado actual de Fibertel ni prescindir de la valiosa red de Cablevisión como plataforma de acceso en competencia con otras.

No obstante, el asunto deja al desnudo el problema de fondo: Argentina carece de una estrategia en infraestructura tecnológica que parta de un marco regulatorio acorde a la realidad de su oferta. Hoy parece imposible discutirlo. Habrá que esperar, mínimamente, al 2011.

Lo que era una hermosa jornada de sol y temperatura agradable se transformó súbitamente con el anuncio del ministro de Planificación emplazando a Cablevisión a dejar de prestar el servicio de acceso a Internet con la licencia otorgada oportunamente a Fibertel en un plazo de 90 días. El justificativo técnico de la medida fue que la absorción del ISP (que funcionaba como sociedad independiente) no daba derecho al uso de la licencia, ya que éstas son intransferibles (al menos, en los papeles).

No tiene sentido sumergirse en la cuestión técnico-legal, la cual será parte de una batalla en ámbitos de la Justicia que se dirimirá en un plazo no tan veloz como el deseado por los perjudicados por este anuncio. No obstante, es interesante analizar las repercusiones de tan impactante medida.

Para dar un marco de situación, a junio último Cablevisión tenía poco más de 1 millón de abonados, representando un 25% del mercado, detrás de Telefónica y Telecom, ambos en alrededor de 1,3 millón de abonados. Estos números dan la pauta de que el impacto en el mercado de acceso a Internet lejos está de ser menor.

En el escenario en que efectivamente Cablevisión tuviera que dejar de prestar el servicio de acceso a Internet, absorber 1 millón de nuevos clientes no será tarea sencilla para el resto de los ISP desde una perspectiva técnico-operativa. Se trataría de un pico de demanda demasiado alto como para que haya disponibilidad de módems y otros dispositivos de la red así como de personal capacitado para instalar y dar soporte en un plazo tan exiguo. Para tener una mejor idea de magnitud, en los 90 días del trimestre abril-junio pasado, el crecimiento del total del mercado fue de 140.000 abonados. La medida implicaría una volumen 7 veces superior en un período de tiempo equivalente.

Más allá del atolladero que se produciría por la migración de tantos abonados en tan poco tiempo, la desaparición de Cablevisión como proveedor de acceso a Internet traería serios problemas en términos de competencia, ya que el mercado se concentraría aún más. Pero no sólo esto, en varios lugares (el mundo no termina en Buenos Aires), Fibertel es la única alternativa, sea a Telecom, Telefónica o las cooperativas. Allí, su salida implicaría la creación automática de monopolios, dando lugar a un serio retroceso, habida cuenta de que el de acceso a Internet es uno de los pocos mercados donde, a pesar de la concentración, hay competencia. Esto se refleja en sus precios, los cuales apenas subieron en comparación con lo que sí sucedió con otros bienes y servicios, demostrando que la multiplicidad de oferta, aún acotada es el mejor freno a estas subas.

El escenario de la venta o cesión del negocio a un tercero para evitar tamaño traspaso de abonados y mantener la competencia es complejo, ya que el servicio de acceso a Internet se ofrece sobre la misma red por la cual se da la TV por cable, dificultando la separación de los servicios. Es por esto que no sería totalmente descartable la hipótesis de una intervención de algún tipo (estatización, venta forzada, etc.) en la empresa llegado el caso. Esto podría incluir además al negocio de TV considerando que la fusión entre Cablevisión y Multicanal también es cuestionada desde el gobierno. Parece extremo, pero en un juego de what if todos los escenarios deben ser contemplados.

Seguramente los próximos días serán ricos en especulaciones respecto de “manos negras” detrás de la medida anunciada. Tampoco hay que descartar repercusiones, tanto nacionales como internacionales, que hagan un paralelismo entre lo que sucede aquí y en Venezuela, donde también hay un enfrentamiento importante entre el gobierno e importantes grupos de medios.

En resumen: difícilmente la medida anunciada por el gobierno pueda implementarse con éxito en los plazos expuestos. Así, las opciones son una salida negociada o un descalabro importante. Lo concreto es que se vienen días muy movidos.

Esta semana hubo sorpresa, ya que luego de dormir el sueño de los justos por 10 años, finalmente la Secretaría de Comunicaciones reglamentó la portabilidad numérica para la telefonía móvil, a través de la resolución 98/2010. Se trata de un recurso contemplado en el decreto de apertura del mercado de las telecomunicaciones del año 2000, el cual, por diversas razones (y no necesariamente justificaciones), no había sido reglamentado hasta el momento.

La medida que sin dudas es bienvenida, ya que fomenta la competencia entre los operadores. Esto no implica que una vez implementada los precios del servicio bajen, ya que competir por precio es sólo una estrategia y algunos podrán optar por competir por calidad de servicio.

Como siempre hay quienes buscan segundas intenciones, no faltaron las especulaciones respecto de por qué se hizo en este momento y no antes. Algunos dicen que fue para contrarrestar un proyecto de ley nacido en el Senado que quiere aplicar la portabilidad, aunque en este caso la misma contempla también a la telefonía fija. Otros dicen que se lanzó ahora para mitigar el efecto de los últimos aumentos de tarifas anunciados. Pero lo más sólido parece estar por el lado de las exigencias judiciales para su implementación como consecuencia de reclamos de asociaciones de consumidores.

Más allá de las causas, se trata de una medida bienvenida, quizás más que si se hubiera implementado hace 4 años. Tiempo atrás, los principales interesados en conservar su número eran aquellos que usaban el celular para trabajar, fueran altos ejecutivos o personas con un oficio para quienes ese número era la puerta de acceso de sus clientes. Pero para el resto, no importaba demasiado. De hecho era común que muchos cambiaran de línea al comprar un nuevo teléfono más bonito o con más funcionalidades. El tema se resolvía rápidamente, enviando un SMS a sus amistades pidiendo que agendaran el nuevo número. Pero con el paso del tiempo el celular se fue incorporando a todos los órdenes de la vida, no ya solo al meramente social. Así, ponen su número celular en sus CV para ser contactados, cuando se hacen trámites, etc. De esta forma, el valor del número para el usuario creció notablemente.

La resolución fija un plazo de un año para su implementación por lo que todo aquél ávido de cambiar deberá esperar un tiempo más. De todos modos, es previsible que una vez implementada la portabilidad se produzca un pico de demanda inicial por cambios de operadores que luego se estabilizará en valores bien por debajo del 1% mensual.

Sorprendiendo a todos, hacia el fin de la semana pasada se anunció el acuerdo entre los principales socios de Telecom Argentina, TI y el Grupo W, por el cual ponían fin a las disputas que los tuvieron como protagonistas durante un tiempo por muchos considerado como demasiado largo.

Más allá de la renovación del “affectio societatis” entre italianos y argentinos, lo cierto es que la confrontación reciente dio lugar a la intervención de diversos organismos regulatorios y con instancias en la justicia. Así, más allá de que es positivo que las diferencias se arreglen directamente entre los interesados, muchos procesos se pusieron en marcha y habrá que ver si se detienen. Más aún cuando hubo tanto interés político detrás.

Un dato interesante es que uno de los directores de Telecom y miembro del Grupo W, Gerardo Wertheim, en sus declaraciones a la prensa luego de alcanzado este acuerdo, afirmó que se buscaba hacer del operador local una multinacional argentina, más allá de su presencia actual en el país y en Paraguay. Y a los pocos días el sitio Infobae Profesional publicó que Telecom se encuentra negociando un acuerdo de MNVO (operador virtual) en Uruguay a través de la estatal Antel. Quizás esta expansión regional sirva como argumento para que las autoridades dejen las cosas como están. Habrá que ver cómo sigue.

Otra noticia que dejó la sensación de que no se sabe todo lo que está pasando tuvo que ver con la “crisis” entre RIM (fabricante de los Blackberry) y Arabia Saudita.

Recordemos que el viernes 6 de agosto, los servicios de Blackberry iban a interrumpirse en aquél país. Después de unas pocas horas sin servicio, todo volvió a la normalidad. Evidentemente hubo fumata blanca, aunque no se conocieron los detalles del acuerdo que permitió el mantenimiento del normal funcionamiento de estos servicios.

Si bien es comprensible la discreción en un tema de esta sensibilidad, la falta de detalles da lugar a especulaciones diversas. Se da por sentado que hubo algún tipo de concesión por parte de RIM (se especula con la instalación de servidores en aquél país). Pero al no conocerse los detalles del mismo, este silencio le juega más en contra a los canadienses que a los saudíes.

Esta semana RIM presentó su nuevo terminal estrella, el Blackberry 9800. Sin embargo el lanzamiento se vio eclipsado por el anuncio del regulador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por el cual ordenó a los operadores móviles de aquel país a que suspendan los servicios de Blackberry en breve por incumplimiento con la regulación de las telecomunicaciones.

Básicamente, lo que el regulador objeta del servicio es que RIM no le da acceso a su red para monitorear los datos que por ella circulan en pos de velar por los intereses de la seguridad nacional. Esto afectará a los servicios de mail, Blackberry Messenger y navegación, no así a las comunicaciones de voz, SMS o MMS, las cuales son manejadas por los operadores.

Para entender el fondo del problema, conviene aclarar que los datos desde y hacia los Blackberry viajan encriptados hasta los servidores de RIM. Esto hace que no puedan ser accedidos por terceros, como pretende ahora el regulador.

Los EAU no estarían solos en esta movida. También hay intenciones similares por parte de Arabia Saudita (que comenzaría a bloquear el servicio a partir de este viernes) e Indonesia, al tiempo que ya hubo un conflicto similar con India. Se trata de un típico conflicto moderno, entre Estados nacionales y corporaciones multinacionales.

Por supuesto, ambas parten tienen qué perder.

Para RIM, permitir que los gobiernos monitoreen los mensajes que circulan a través de su red pondría en peligro la relación con sus clientes, lo que incluye a gobiernos (recordar que Obama es quizás su político usuario más famoso) y grandes corporaciones, especialmente en los valiosos mercados de América del Norte y Europa occidental. Así, se ve obligada a mantenerse en su posición.

Para los EAU, bloquear los servicios de Blackberry no es una medida fácil, habida cuenta que uno de los emiratos que la componen es Dubai, quien pretende convertirse en un centro financiero mundial. Esto implica no sólo permitir el uso de esta herramienta tan habitual en los hombres y mujeres de negocios, sino que debe también mostrarse más abierto a los negocios internacionales. Es quizás por esto último que el regulador de los EAU estableció la fecha del 11 de octubre para cortar estos servicios y dar tiempo así a algún tipo de negociación.

Sin dudas, este tipo de conflictos serán cada vez más recurrentes (ya pasó con Google y China). Con el recrudecimiento del accionar terrorista a partir del siglo XXI, sumado a la internacionalización del crimen, la tendencia de los Estados monitoreando lo que sucede en Internet es irrefrenable, sin importar si se trata de gobiernos occidentales u orientales.

Por ahora, el emergente es que, más allá del dolor de cabeza, todo este asunto le hace buena publicidad a Blackberry, cuya seguridad no puede ser violada por los gobiernos. No está mal.

Finalmente, y tal como se podía presumir en las últimas semanas, Vivo, el mayor operador celular brasilero, quedará en manos de Telefónica, quien cerró el acuerdo con Portugal Telecom para comprarle su parte.

Lo que hubo fue una salida política, con la presumible intervención del presidente Lula para que PT no se quedara sin presencia en Brasil, a través de la adquisición de los portugueses de una participación importante en Oi. Se trata del principal operador fijo y 4° móvil de aquél país. Pero además, siendo que hasta el momento era una empresa de capitales brasileros, Oi viene recibiendo financiación estatal con el objetivo de convertirla en una multinacional de las telecomunicaciones, apuntando, fuera de Brasil, a los mercados latinoamericano y africano. Así, el aporte de capital que significará el ingreso de PT en Oi servirá para financiar esta expansión.

Por el lado de Telefónica, más allá de esta gran movida en el mercado brasilero, pueden presentarse problemas en el horizonte. Telefónica tiene participación accionaria no sólo en Telecom Italia, sino también en Portugal Telecom. El tema ahora es qué dirá el regulador brasilero, ya que los españoles tendrán presencia en 3 de los 4 principales operadores de aquél país: Vivo, TIM y Oi. Algo que seguramente desde Claro ya habrán notado… ¿Se viene un pedido de doble desinversión?

Luego de casi un año desde su anuncio en agosto pasado, a partir de la semana próxima el nuevo operador móvil “Nuestro” comenzará a ofrecer sus servicios.

Bajo el modelo de MNVO (operador virtual de red móvil) utilizando la red de Personal, “Nuestro” está formado por algunas cooperativas telefónicas, cansadas de esperar por la promesa que nunca llegó: tener frecuencia asignada para dar el servicio por sus propios medios. “Nuestro” comenzará sus operaciones en Villa Gesell y se espera que rápidamente se expanda a otras localidades, ya que según sus autoridades, el objetivo es llegar a fin de año a 180 ciudades, proyectando unas  200.000 líneas en 24 meses y 1,3 millón en cinco años.

Los objetivos parecen razonables habida cuenta de que “Nuestro” llega al ruedo en momentos en que la penetración del servicio está madura. Así, deberán ganar clientes pero no tanto a través del precio, ya que compran el acceso a la infraestructura a precio mayorista a Personal. Un camino puede ser a través del servicio al cliente, donde la proximidad mayor a éste que la de los grandes operadores puede ser un activo valioso. La otra alternativa, no excluyente, es el armado de paquetes de servicios con aquellos ya provistos por las distintas cooperativas (ej: telefonía, TV, etc.).

El desafío que las cooperativas tienen por delante no es menor. No sólo por las particularidades del negocio en este contexto. También porque al ser una suerte de consorcio entre múltiples empresas, las discusiones, que de por sí nunca son simples cuando hay dinero de por medio, sea por el reparto de ingresos como por la realización de inversiones, serán complejas. No es fácil poner de acuerdo a tantos socios, cada uno cacique en sus tierras. Sin dudas, un caso interesante para seguir.

Durante la discusión de la ley de Medios, los pequeños cableoperadores quedaron en el peor de los mundos. Cayeron en la misma bolsa que los grandes operadores del país enfrentados con el gobierno. Pero a diferencia de éstos, cuyos principales potenciales competidores (las empresas de telecomunicaciones) quedaron fuera del servicio de TV, a los cableoperadores les surgió competencia por el lado de las cooperativas, ellas sí autorizadas a dar estos servicios.

Quizás por esto es que ahora decidieron despegarse y formar la CACPY (Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes). Según un comunicado emitido, “el objetivo de la Cámara es trabajar y crear un ámbito en donde nuestro sector pueda participar activamente en las discusiones de todos los temas relacionados con las Telecomunicaciones”.

Cuando se discutió la ley de medios, la postura de ATVC (Asociación de Televisión por Cable) se vio muy influida por el gigante Cablevisión, cuyos intereses no están 100% alineados con los de los pequeños operadores del interior. No obstante, la movida de CACPY puede haber llegado un poco tarde. El tiempo dirá.

En los últimos meses se repiten las noticias de Estados (tanto a nivel provincial como nacional) entregando netbooks para el sector educativo, tanto a alumnos como a docentes. Sólo el plan nacional contempla la entrega de 3 millones de equipos de aquí al 2012. Más allá de su impacto a nivel educativo, sin dudas que el hecho de equipar a los alumnos con computadoras portátiles tendrá un efecto beneficioso para la industria, especialmente la nacional.

Para poner las cifras en perspectivas y poder medir más el impacto de los distintos planes, conviene recordar que el año pasado se vendieron unas 900 mil computadoras portátiles, contabilizando tanto notebooks como netbooks. De esta forma, sólo los 3 millones de equipos provistos por el gobierno nacional en 3 años equivalen a más que duplicar las ventas totales de portátiles del año 2009. Sin dudas, un aporte que se hará sentir.

Por otra parte, la industria local recibirá un fuerte impulso, ya que se exige que al menos el 50% de las unidades sean de producción nacional. Se podrá argumentar en contra, diciendo que no hay igualdad de oportunidades para los fabricantes internacionales frente a los locales. Pero también es bueno remarcar que si el objetivo es fomentar una determinada actividad, se trata de una medida más sana que subir impuestos a los productos importados, como fue la base del impuesto tecnológico que entró en vigencia a fines del año pasado. Y la prueba está en que los productores de Tierra del Fuego pidieron autorización para fabricar portátiles dentro de sus condiciones normales de operación, es decir con sus ventajas tradicionales que ya tienen pero sin apelar a la distorsión impositiva adicional que significó el mencionado tributo.

Hay que considerar que convocar a la fabricación nacional de esta forma sirve para incentivar a una industria que ya existe (representa aproximadamente la mitad del mercado de PC), tiene logística y soporte. Es decir, no se está inventando una industria desde cero (con el aprendizaje que conlleva) sino que se está potenciando lo existente.

Para verlo por el contrario, este fue quizás el error de poner metas tan altas de producción a los fabricantes de conversores para TDT, una industria prácticamente inexistente hasta ese entonces. La consecuencia fue que finalmente tuvieron que importar de apuro ante la incapacidad de entrar en un ritmo de producción tan ambicioso en tan poco tiempo. Y así y todo no se pudo cumplir con el objetivo fijado inicialmente en relación a los 600 mil conversores que debían estar distribuidos antes del inicio del mundial de fútbol. Apenas si llegaron a los 40.000.

Sin dudas, un avance en cuanto a políticas de industrialización, por más que quede mucho camino por recorrer.

Esta semana se cumplió un año de la fecha en la cual, luego de un aplazo inicial, debería haber comenzado a funcionar el SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) para el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Este aniversario fue recordado en un artículo publicado por el diario La Nación donde se tiene acceso a más detalles.

Cuando en febrero del 2009 se anunció la implementación del SUBE en un plazo de 90 días, desde este medio se advirtió que no había que hacer caso a promesas incumplibles [ver “Es un boleto”]. La base de esta opinión tenía que ver con lo complejo de un proceso como el anunciado, imposible de implementar en tan sólo 3 meses.

Este error de apreciación por parte de las autoridades puede deberse a dos factores, no excluyentes entre sí: desconocimiento o utilización política de la ilusión incumplible. Es difícil determinar qué es más grave.

Por lo pronto, el problema se atenuó con la emisión de monedas (últimamente abundan las que brillan por ser nuevas). Una solución menos tecnológica pero de más fácil y rápida implementación. Mientras tanto, a seguir cambiando monedas en el banco o comprando golosinas en los quioscos para obtener el ansiado (y vil) metal.

La resolución por la que se autoriza la fabricación de notebooks y netbooks en Tierra del Fuego bajo las mismas condiciones que tienen otros bienes similares fabricados en aquella provincia, despertó algunas inquietudes entre los afectados. Sin embargo, al menos por el momento, su impacto no debería ser relevante.

Es que una cosa es contar con los beneficios que se otorgan a la producción en las islas y otra es, además, que se las incluya dentro de los bienes alcanzados por el impuesto tecnológico. Mientras la primera opción tiende a abaratar la producción en esa provincia a través de rebajas impositivas, la segunda encarece a los bienes del exterior al agregárseles impuestos y derechos aduaneros. Y, al menos por ahora, sólo ocurrirá lo primero.

¿Significa esto que los productores locales de portátiles cerrarán sus plantas en la Argentina continental para radicarse en la isla? Para tranquilidad de quienes trabajan en ellas, la respuesta es no. Esto se debe a que si bien los productores perciben una reducción de costos por rebajas impositivas, los mismos suben por otro lado: mano de obra (que, dicen los que conocen del tema, se multiplica por 3) y logística. La reducción real de costos resultante sería del orden del 5%, lo que no alcanzaría para compensar las inversiones necesarias y la menor agilidad para responder a las cambiantes demandas del mercado.

Así, podría esperarse que luego de las correspondientes autorizaciones (que son caso por caso) sean las empresas que ya se encuentran operando en la isla las que añadan las portátiles a sus líneas de producción. Pero, al menos por ahora, no hay que prever una migración de los productores continentales hacia la isla y, consecuentemente, las tensiones que eso podría causar.

Justo en la semana en que un representante de 3G Americas se reunió con un grupo de analistas y expresó su inquietud por las demoras en las nuevas asignaciones de espectro necesarias para atender las mayores demandas de los usuarios móviles, éste apareció. Fue porque el Secretario de Comunicaciones, paradójicamente famoso por sus silencios o sus pocas frases de compromiso, anunció que antes de fin de año se subastarán frecuencias, algo que no sucedía en el país desde 1999. Se trata de los 37,5 Mhz que devolvió Telefónica Móviles como consecuencia de su fusión con Movicom en el 2004, a los que se suman otros 90 Mhz en nuevas bandas, actualmente destinadas a servicios fijos de telecomunicaciones.

El anuncio se produjo en el marco de las jornadas denominadas “La Revolución Móvil”, organizadas por el Grupo Convergencia. El funcionario, como primer orador de la jornada, se anticipó así a los reclamos que se esperaban por parte de operadores durante las jornadas, justamente por las limitaciones que enfrentan. Se trata de una buena noticia en momentos en que la demanda por capacidad crece aceleradamente, no tanto ya por la incorporación de nuevos usuarios, sino por el crecimiento del tráfico de datos, impulsado tanto por smartphones como por módems de banda ancha móvil.

Lo que no aclaró el funcionario es quiénes podrán participar de la subasta o, para verlo de otra forma, si habrá quién esté impedido de hacerlo. A las tres operadoras tradicionales (Claro, Movistar y Personal) habría que sumar el interés de Nextel y las cooperativas.

Nextel ya comenzó en otros países de la región a ampliar sus servicios a tecnologías 3G. Y justamente esta semana anunció que desistía de la compra de Movilink, debido a las demoras en la aprobación de esta operación, anunciada en el 2007, por parte de las autoridades. Se trata de la segunda operación cancelada por la inacción regulatoria, luego de que la misma Nextel desistiera tiempo atrás de comprar a la local Velocom. Igualmente, para ser justos, en este último caso influyó que Velocom tenía frecuencias y equipamiento para usar Wimax, tecnología que lentamente parece estar perdiendo el interés de los operadores.

Las cooperativas telefónicas del interior del país tampoco deberían ser descartadas, ya que por años reclamaron espectro para poder dar servicios móviles. A pesar de las promesas, éste no llegó en el tiempo adecuado, por lo que finalmente comenzaron a operar bajo la marca “Nuestro”, en un modelo de operador virtual, utilizando la infraestructura de Personal.

En línea con el ingreso o no de nuevos actores, tampoco aclaró el funcionario si, ante la disponibilidad de espectro, se subirán los límites (o caps) que cada uno puede tener, o si serán los mismos que rigen hasta ahora.

Más allá de los mencionados, no habría que ser demasiado optimista respecto del ingreso de nuevos operadores, ya que en un mercado maduro como el argentino, comenzar a dar servicio desde cero, con una red nueva, no parece económicamente muy viable.

Para el gobierno, más allá de mostrar cierta iniciativa perdida en temas de telecomunicaciones, la medida será positiva porque le permitiría generar ingresos, especialmente en momentos en que se hace difícil conseguir financiación por fuera de los recursos impositivos y previsionales. Y encima, el año que viene hay elecciones presidenciales…

Con ventas del orden de los 10 millones de unidades o más en los últimos 4 años, no hay dudas de que la industria móvil, y particularmente los fabricantes de terminales, es una cosa seria, a pesar de que los últimos 2 años fueron de crecimiento negativo. Pero con 50 millones de líneas activas, y alrededor de 35 millones en uso, combinado con un proceso de actualización tecnológica que no se detiene (primero la cámara de fotos, luego el reproductor de MP3 y ahora los smartphones y similares), comienza a ver la luz un problema que merece ser atendido debidamente: qué hacer con los equipos descartados.

Para tener una mejor dimensión del problema, los niveles de ventas anuales de terminales indican que en aproximadamente 3 años se renueva la totalidad del parque efectivamente en uso, a razón de algo más 11 millones de unidades promedio por año. Este valor crecerá moderadamente acompañando el avance poco más que vegetativo en términos de nuevos usuarios. Así, a partir del 2011 las bajas anuales deberán ser levemente inferiores a las altas (altas totales menos altas por crecimiento vegetativo y 2° líneas). Estos datos surgen del informe “Mercado Celular Argentino”, publicado por Carrier y Asoc.

Visto así, es comprensible que ya haya gente preocupada. Esto dio lugar a que desde el Congreso Nacional se impulse una ley que se ocupe del tema de los residuos electrónicos. La norma en estudio implicaría asignar la responsabilidad de su tratamiento y determinar el financiamiento de la operatoria, la cual probablemente pase a formar parte del precio de venta de estos dispositivos. La misma abarcaría no sólo a los celulares sino también otros dispositivos de renovación frecuente con contenido contaminante, como computadoras, televisores.

Si bien los avatares políticos no permiten prever el tratamiento de una ley que no entra dentro de la lógica del enfrentamiento oposición-oficialismo dominante en estos días, habrá que ir acostumbrándose a la idea de que en un futuro próximo los productos electrónicos no podrán descartarse despreocupadamente. Cuando esto suceda, habremos dado un gran paso como sociedad.

Cuando a fines del año pasado se aprobara el polémico impuesto a los bienes tecnológicos, no quedaba en claro cuál sería el impacto del mismo en los celulares. Es que si bien su costo se vería afectado por el peso del nuevo tributo, quedaba la duda sobre en qué medida éste sería absorbido por fabricantes y operadores. O al menos, si no era absorbido, podía ser disfrazado.

Bajo el razonamiento de que si eran más caros se venderían menos, sorprendió a varios que la demanda por celulares creciera un 27% en el primer trimestre de este año comparado con igual período del anterior, tal como señaláramos la semana pasada [ver “La belle époque”].

Si bien no es simple establecer una comparación entre lo que costaba determinado modelo de celular antes y después de la aplicación del impuesto, sí pueden hacerse algunas observaciones.

La primera es que sin dudas, el mayor costo está siendo subsidiado vía abonos. Alcanza con repasar las ofertas de los distintos operadores para constatar que en su enorme mayoría se trata de equipos que se venden asociados a un plan determinado que implica un compromiso mensual de gasto. El tema se ve potenciado porque, al tratarse de un mercado maduro, gran parte de los dispositivos demandados responden a un proceso de recambio. Así, los operadores juegan muchas fichas a terminales que, por sus características, propician la venta de un abono que incluye un paquete de datos, logrando de esta forma aumentar el ingreso promedio por línea. En definitiva, el subsidio responde a la lógica de la hojita de afeitar.

Más allá de esto, lo concreto es que la oferta proveniente de Tierra del Fuego está aumentando aceleradamente. En el primer trimestre de este año, los celulares “argentinos” alcanzaron casi las 300 mil unidades, que si bien representa sólo un 14% del total, es mucho más que las 9 mil unidades que se produjeron en igual período del año anterior. Una diferencia tan grande que no tiene sentido calcular en términos porcentuales.

Con este nivel de producción, el primer trimestre del año equivale a un 73% de lo realizado en todo el 2009. Y claramente seguirá creciendo en la medida en que se sumen nuevas marcas produciendo desde la isla. Hasta marzo, las únicas marcas con equipos locales fueron Motorola y Samsung. Pero ya se anotaron Alcatel, LG, Nokia y ZTE, con lo que la producción local sólo irá in crescendo.

A pesar de los buenos resultados en materia de celulares, no hay que precipitarse a la conclusión de que fue una buena medida, o al menos, inocua. Evaluar el impacto en celulares es difícil ya que además del equipo en sí, su venta está asociada a un servicio que genera un gasto recurrente, con lo que los precios de venta no reflejan exactamente los costos.

Distinto es el caso de las computadoras. Mientras que la demanda por las portátiles (no alcanzadas por el impuesto) subió un 186% comparando el primer trimestre de este año con el del anterior, las de escritorio lo hicieron sólo un 7%. Y más allá de que estamos en un proceso de migración desde desktops y hacia notebooks, también es cierto que las de escritorio se vieron afectadas por la aplicación del impuesto a los monitores, lo que las encareció, mientras que las portátiles bajan de precio como consecuencia de la natural evolución de la tecnología. Así la brecha de precio entre unas tradicionalmente más baratas (desktops) y otras históricamente más caras (portátiles) se redujo.

Sintetizando esta situación, en un reciente evento con canales realizado por Intel, un ejecutivo de una firma que produce localmente tanto portátiles como equipos de escritorio, se lamentaba por el impuesto, afirmando que no sólo había impactado negativamente en las ventas de las últimas, sino que se afectaba al consumidor, habida cuenta de que para muchos una desktop es lo único a lo que pueden llegar y éstas son ahora más caras.

Paradoja: los que menos tienen pagan más. Con ayudas así…

Finalmente se reglamentó la ley por la cual los clientes de servicios celulares con abono tributarán un 1% de sus facturas para financiar el deporte de alto rendimiento. El tributo recaerá sobre toda la factura, exceptuando al IVA, por lo que gravará abono, excedentes, SMS, Internet, etc.

Algunas aproximaciones sobre el monto a recaudar son pesimistas, ya que parten de un gasto promedio mensual de $ 40, que es el ARPU que surge de los balances de las empresas de telefonía móvil. Sin embargo, el ARPU de una línea con abono es mucho mayor, ya que el promedio general tiene en cuenta líneas prepagas, muchas de las cuales, además, están en desuso, reduciendo entonces el promedio de gasto.

A diciembre de 2009, existían 14 millones de líneas con abono, según surge del informe “Mercado Celular Argentino”, recientemente finalizado por Carrier y Asoc. Teniendo en cuenta el gasto promedio de una línea con abono, el impuesto permitiría recaudar un piso de unos $ 100 millones anualmente. Claro que esta cifra podría subir por diversas razones: una migración de usuarios prepagos a abonos, un crecimiento de abonos de datos y el ajuste de tarifas como consecuencia de la inflación.

De manera muy interesante, esta semana Google comenzó a publicar sus estadísticas relativas a los pedidos de remoción de contenidos en sus servicios por parte de autoridades estatales, tales como policía o justicia. Así, las estadísticas no incluyen los pedidos realizados directamente por privados que demandan la remoción de contenido de los productos de Google.

Brasil encabeza el ranking de países, mientras que Argentina se ubica en el 8° lugar. Más allá de esto, la información publicada resulta atractiva porque es un indicador del estado de los contenidos en Internet así como de las particularidades de los distintos países en la materia.  

Una aclaración interesante que hace la empresa es que las páginas que son removidas de sus resultados de búsqueda lo son únicamente de aquellas correspondientes al dominio de ese país y no globalmente. Así, la misma puede ser encontrada utilizando los servicios de Google de otro país.

A primera vista, resulta llamativo que China, país que entró en conflicto con Google por el tema censura, no figure en el ranking. La razón es que el gobierno chino considera a las demandas de censura como secretos de Estado, por lo que la empresa no puede revelar esta información.

Los pedidos en Brasil e India (primero y tercero del ranking) son relativamente altos debido a la popularidad de Orkut, la red social de Google (su versión de Facebook). En ambos casos, la mayoría de los pedidos tiene que ver con difamaciones y suplantación de identidad.

Por su parte, en Alemania (segundo en el ranking) el 11% de los pedidos de remoción tienen que ver con contenidos pro nazis o que niegan el Holocausto (ambos prohibidos por la ley en aquél país). Hay gente que no aprende más…

Si bien Google afirma que un muy bajo porcentaje de los pedidos de remoción por parte de las autoridades giran en torno a temas políticos, reconoce que son los que generan los debates más acalorados. La empresa destaca que si bien cumplen con algunos de esos pedidos, en algunos casos no lo hacen. Y aquí citan como ejemplo a lo sucedido en Argentina, donde un fiscal reclamó por información propia y de su esposa (jueza federal) publicada en blogs políticos. Google acató a medias el pedido, removiendo sólo las porciones de uno de los blogs que revelaba información privada de la jueza. El resto no fue aceptado.

De todos modos, Google aclaró que las estadísticas reflejan el número de pedidos realizados por autoridades estatales recibidas en sus distintos servicios, pero no indican si esos pedidos fueron o no satisfechos.

En momentos en que las tentaciones por regular el libre flujo de información en Internet son crecientes, estas estadísticas son un primer paso para ver cuáles son las tendencias en la materia y se convierten en materia prima para debates sobre un tema que afecta a todos.

Luego de muchas especulaciones respecto de su salida o no de Telecom Argentina, esta semana el Consejero Delegado (equivalente a CEO) de Telecom Italia afirmó que “la venta está en curso y estamos convencidos de que llegaremos a una conclusión dentro de poco”, según declaraciones reproducidas por el diario La Nación. El contexto de esta declaración fue la presentación del plan estratégico 2010-2012 en paralelo con su resultados 2009.

Más allá de los problemas que enfrenta en Argentina, la venta también debe ser enmarcada dentro de sus planes de reducir su deuda y gastos de capital en un 20% para el 2012. Así, se planea la venta de activos no sólo en Argentina, sino también en Cuba y Holanda, lo que sin dudas financiará la reducción de deuda al tiempo que bajarán las necesidades de Capex (gastos de capital). Ahora sólo resta saber quién será el próximo feliz propietario.

Algo estamos haciendo mal en Argentina. Al menos según los datos del Foro Económico Mundial (WEF), donde en su ranking de incorporación de la TIC Argentina retrocedió del puesto 63 al 91 en sólo cuatro años.

El informe (en su página 25) marca las contradicciones del país. Así como exhibe ciertas fortalezas en infraestructura (52°), disposición de las empresas (59°) y uso individual (58°), su talón de Aquiles pasa por los aspectos cuya responsabilidad recaen sobre el Estado en sus distintos niveles. Así deficiencias en los mercados (126°), regulación (110°), baja priorización de las TIC en la agenda gubernamental nacional (128°) y disposición y uso en el Estado (102°), alejan al país no ya del pelotón de punta sino de varios países contra los cuales compararse.

En la comparación sudamericana, delante de Argentina se ubican Chile (40°), Uruguay (57°), Colombia (60°) y Brasil (61°). Detrás, Venezuela (112°), Ecuador (114°), Paraguay (127°) y Bolivia. Clarísimo.

Lo único esperanzador es que los aspectos que afectan la posición de Argentina pueden solucionarse con un poco de voluntad política. Lo último que se pierde es la esperanza.

El anuncio realizado esta semana en relación al Programa Conectar Igualdad que apunta a otorgar una netbook a cada alumno de escuelas secundarias públicas del país dejó mucha tela para cortar.

La primera y más evidente es el grado de escisión en la sociedad argentina. Un gobierno más preocupado en dividir políticamente que en armonizar logra que un plan con buenas intenciones (nadie puede estar en contra del acceso a la información de los estudiantes) sea profundamente criticado, y así, por ejemplo, aquellos que señalaron al uruguayo Plan Ceibal como modelo, hoy critican lo que se hace aquí. Por otra parte, también es cierto que muchos anuncios del gobierno relativos a la educación no se cumplieron, como la difusión de la jornada completa o la cantidad mínima de días de clases por año. Así, es comprensible que haya descreimiento sobre la efectiva concreción de lo anunciado en este caso.

No ayuda que la presidenta se compare a sí misma con Sarmiento. Educar es algo muy distinto a proveer una herramienta. No obstante, según lo que puede leerse en el sitio Web destinado al programa, parece prestársele muchísima atención a la distribución del hardware, pero hay muy poco respecto a algo tanto o más importante, como es la formación docente y la adecuación de las metodologías de estudio como consecuencia de la incorporación del equipamiento. O sea, más énfasis en la herramienta (necesaria sin dudas) que al contenido y proceso educativo.

Por otra parte, tampoco queda claro cómo este programa se articula con los presentados en otros distritos, como las provincias de San Luis, Rio Negro o Salta, o la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, siendo que la incorporación de esta herramienta al proceso educativo trae aparejado un reenfoque profundo del mismo, sería interesante escuchar la opinión de quienes son expertos en educación aunque no formen parte del gobierno.

Desde el punto de vista de la industria, evidentemente este plan representa una gran oportunidad, especialmente para los productores locales. De hecho, CAMOCA, cámara que los agrupa, rápidamente emitió un comunicado de prensa respaldando el programa y las oportunidades que representa para la industria local. Para tener una idea del impacto del programa, en el 2009 se vendieron en el país unas 900 mil computadoras portátiles, con lo que 3 millones destinadas al plan representan una cantidad más que interesante, habida cuenta de que a éstas se les sumarán las que el mercado consume regularmente. Si bien aún no queda en claro si los equipos de producción nacional tendrán algún tipo de ventaja o prioridad respecto de los extranjeros, si hubiera incentivos de este orden, serán sin dudas más favorables a la industria que el establecimiento de barreras arancelarias geográficas del estilo impuesto tecnológico.

Finalmente, y ya desde una perspectiva más política, el programa es una gran apuesta del oficialismo. A un año y medio de las elecciones para presidente, muchos ven en este anuncio una medida destinada a convencer a una porción del electorado hoy en duda. Pero si el programa no cumple sus objetivos, la medida podría convertirse en un boomerang.

En fin, el programa tiene aspectos positivos, para la educación y para la industria, aunque sería un error entenderlo como una solución a los problemas educativos del país. Y luego de otros antecedentes, es normal que algunos desconfíen. Se trata en definitiva de un programa que por su envergadura e implicancias debería ser más preciso y amplio en su descripción, así como tener un tratamiento más plural, tanto desde el punto de vista político como técnico.

Aunque con un desfase en el tiempo, las operadoras móviles están siguiendo los pasos de sus hermanas mayores, las fijas. Esto es, pasar de un negocio donde la voz es lo único a otro donde los datos crecen en importancia, a punto tal de convertirse, más tarde o más temprano, en “el” negocio.

Esta  semana hubo una declaración interesante proveniente del CEO de Ericsson. Según el ejecutivo, en diciembre último tuvo lugar un hito histórico: por primera vez, el tráfico de datos superó al de voz en las redes móviles. Para no reducir una tendencia a un simple hecho, también agregó que el tráfico global de datos por redes móviles se triplicó tanto en 2008 como en 2009 y que se prevé que se duplique anualmente en el próximo lustro.

Detrás de este meteórico crecimiento está el interés por acceder a Internet, tanto desde smartphones como portátiles. Pero el CEO indicó también que las redes sociales son una de las principales fuentes de consumo de datos móviles. Por el lado de los dispositivos, resulta también interesante que los 400 millones de terminales con acceso a Internet a nivel mundial generan más tráfico de datos que el de voz proveniente de los 4.600 millones de celulares a nivel mundial. O sea, menos del 9% de los terminales generan el 50% del tráfico, con lo que van camino a confirmar el teorema de Pareto.

Este escenario obviamente no es inocuo para la industria en general, exigiendo respuestas por parte de reguladores, fabricantes de infraestructura, terminales, aplicaciones y operadores.

Los reguladores deberán estar atentos a las limitaciones de espectro, propiciando la optimización de su uso y otorgando nuevas frecuencias que den respuesta a las mayores demandas (¡teléfono Secom!). Si así no lo hicieran, deberían asumir su cuota de responsabilidad en las deficiencias del servicio.

Los proveedores de infraestructura, beneficiados por el recambio a 3G primero y a 4G luego (sea LTE o Wimax), deberán aportar lo suyo, mejorando la optimización del uso del recurso escaso (espectro), con mecanismos tales como la compresión y otras técnicas de dominio de los ingenieros. A esto se le puede sumar la puesta a punto de propuestas basadas en la tecnología Femtocell.

Tampoco pueden desentenderse los fabricantes de terminales. Sotto voce, los operadores locales se quejan del iPhone, el cual, aseguran, es muy ineficiente en el consumo de datos (probablemente por provenir de una empresa cuyo origen fue la fabricación de computadoras y no de celulares). Es quizás por esto que, a pesar de usar la imagen del iPhone como herramienta comunicacional, son pocas las unidades que se importan en Argentina. No quieren llenar su red de terminales “glotonas”. Otros fabricantes buscan sus caminos, como Blackberry que comprime los datos que viajan por su red. O Motorola, que con su nuevo servicio Blur para smartphones con Android establece un sistema push de datos (como mails, actualizaciones en Facebook y otras redes sociales, etc.) que evita que el terminal esté regularmente consultando a los distintos servicios por novedades (generando tráfico innecesario).

También los proveedores de contenidos y aplicaciones deben optimizarlas para una red que no tiene la capacidad de su versión fija. Decididamente, un sitio en Flash o cargado de imágenes y videos siguen siendo un desafío para las redes móviles.

Amén de los usuarios, los operadores son los más afectados por este explosivo crecimiento de la demanda, tanto en términos económicos (por las inversiones necesarias) como tecnológicos (tampoco se puede instalar una antena en cualquier lado). Y mientras las soluciones del ecosistema no lleguen (espectro, eficiencia de redes y terminales y adaptación de sistemas y contenidos), irán frenando la demanda con tarifas y limitaciones de tráfico, algo que como usuarios es fácil de ver.

Si la industria en general no avanza hacia un uso racional de un recurso escaso como es la capacidad de las redes inalámbricas, la opción WiFi como puerta de entrada a las redes de banda ancha fija será la alternativa, aunque esta implique una movilidad y ubicuidad limitada. Otra, de la cual aún ni se habla en Argentina, es la tecnología Femtocell.

Esta situación podrá generar decepción en muchos, a quienes proveedores de infraestructura, fabricantes de terminales y operadores prometieron una Internet igual a la que conocían pero sin ataduras. Lamentablemente, fueron víctimas de los discursos marketineros.

El sostenido crecimiento de Brasil de los últimos años ha convertido a nuestro vecino en lo que se podría denominar una potencia emergente. Sin embargo, hasta el momento este mayor poderío económico e influencia política no se vio reflejado en las empresas de telecomunicaciones más allá de sus fronteras. Es por esto que no sorprenden las declaraciones del presidente de la telco Oi a la prensa de aquél país según las cuales la empresa está considerando expandirse a Argentina, Colombia, Uruguay, Medio Oriente y África.

Oi es la mayor empresa brasilera de telecomunicaciones, ofreciendo servicios de voz local, larga distancia, telefonía móvil, datos, Internet y TV. En el 2009 compró el control de Brasil Telecom, comenzando a actuar en todo el territorio brasilero, con más de 60 millones de clientes (21 en fija, 4 en banda ancha y 35 en móvil). Sin dudas, un peso pesado en ese mercado, que, por otra parte, y haciendo gala de su peso específico, acaba de ser confirmado como uno de los patrocinadores de la Copa del Mundo 2014, que se realizará en Brasil, proveyendo la infraestructura de telecomunicaciones para el evento.

Terminada su fusión con Brasil Telecom y con un crédito abierto por US$ 7 mil millones por parte del banco estatal brasileño BNDeS para financiar su expansión regional, resulta natural que se comience a especular con su ingreso al mercado argentino. Así, los brasileros suenan como potenciales compradores de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina como consecuencia de los conflictos generados por la participación de Telefónica en su capital accionario.

Pero no sería el único brasilero interesado. También el dueño de otro operador brasilero, en este caso Intelig, informó a la prensa estar en negociaciones con Telecom Italia para comprar su participación en Telecom Argentina.

Quizás fue por estos nuevos interesados que también esta semana uno de los históricos interesados en Telecom Argentina, Ernesto Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000 y socio de Eduardo Eurnekian, ofreció una entrevista al diario El Cronista. En la misma le pegó al pasar al gobierno al afirmar que “el gobierno argentino ha sido ‘débil’ en el caso Telecom”, lo que indicaría cierto nerviosismo por un negocio que podría alejarse de sus manos.

En definitiva, no habría que descartar un giro inesperado en el affaire Telecom Italia en Argentina al ritmo de samba y batucada.

El regulador del mercado de telecomunicaciones brasilero Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) determinó que los terminales celulares deben ser vendidos desbloqueados para que puedan utilizarse con cualquier operador. Así, a partir de la semana próxima las operadoras no podrán cobrar multas por el desbloqueo de los equipos. De esta forma, se espera que la medida estimule la competencia en el sector, según un comunicado distribuido en medios locales.

La primera operadora en vender aparatos desbloqueados fue justamente Oi, quien ahora aparece interesada en activos en Argentina. Con esta medida, demostró que se trata de un competidor agresivo. Locales, tomar nota.

En los últimos tiempos el gobierno nacional se muestra muy activo en los temas de TV Digital Terrestre (TDT). A pocos días del comienzo de las primeras transmisiones públicas en abril próximo, el Poder Ejecutivo, a través del decreto 364/2010 declaró de interés público a la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre.

Mientras el Estado aparece muy activo en el tema TDT, el sector privado ajeno a la provisión de infraestructura (antenas, decodificadores y demás equipamiento) no hace siquiera mención al tema. Este silencio evidencia las dudas que hay respecto del modelo adoptado. En el caso argentino, la aplicación de la digitalización a las señales de TV abierta implica que con el mismo espectro se puede albergar aproximadamente el cuádruple de señales. De hecho, eso es lo que está haciendo el Estado, que a Canal 7 planea sumarle el canal Encuentro, una señal de cine argentino y latinoamericano y otra para niños. No obstante, nada de lo que planean hacer los canales del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) 13, Telefé y 9 se ha hecho público, al menos por ahora.

Lo cierto es que esta posibilidad de cuadruplicar la oferta de canales abiertos y gratuitos no es tentadora para la actividad privada. El modelo se financia con publicidad, y los presupuestos publicitarios no se multiplican por cuatro por el simple hecho de que aumente la oferta de canales. Entonces, se preguntarán algunos, por qué no emiten las señales que ya existen en el cable. Justamente porque los cables pagan por tenerlas, con lo que no sería razonable entregar gratis por TDT lo que se cobra por cable. Con este panorama, uno de los riesgos que se corre es que esas vacantes sean llenadas con señales de bajo costo y probablemente de baja calidad también.

El problema de base para el modelo de TDT pretendido, es que Argentina tiene una altísima penetración de TV paga, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países donde se implementó TDT. Así, buscar crear un competidor de costo cero para el usuario puede sonar atractivo para éste, pero no lo es para el productor de los contenidos. Y sin contenidos atractivos, no hay sistema de TV que aguante, por más sofisticado que sea desde el punto de vista tecnológico.

Es razonable preguntarse entonces por qué se avanza con un sistema que, de entrada, muestra fisuras. Es evidente que desde el gobierno se apunta contra el Grupo Clarín y otros medios no afines, como surge de la implantación de la primera antena de transmisión de TDT, la cual estará cubriendo principalmente la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano cercanos, una de las área del país con más alta densidad de abonados a TV paga.

Todo esto permite presagiar que el modelo de TDT sufrirá un profundo replanteo cuando la actual gestión finalice, sea en 2011, 2015 o 2020 (ups, perdón, 2019).

Quienes originalmente impulsaron en su momento el impuesto a los bienes tecnológicos siempre sintieron como una gran derrota tener que haber exceptuado a las notebooks y netbooks del grupo de equipos alcanzados. La existencia de diversas empresas produciendo portátiles localmente en el país daba por tierra con los argumentos de aquellos que sostenían que el impuesto era para fomentar la producción nacional. Estas portátiles se armaban en Argentina (aunque no en Tierra del Fuego), por lo que no tenía ninguna lógica establecer una discriminación entre lo producido en la isla y en el continente.

Tratándose de un mercado en franca expansión (ver gráfico), los fabricantes de Tierra del Fuego, agrupados en AFARTE, presentaron al gobierno varios proyectos de fabricación en la isla, según publicó el diario El Cronista. A diferencia de los productos alcanzados por el impuesto tecnológico, lo harían sin un beneficio adicional al régimen de promoción que ya tiene Tierra del Fuego.

La pregunta que surge es por qué no presentaron sus proyectos antes. Quienes conocen en detalle los números del negocio indican que, a pesar del régimen de promoción existente, los mayores costos de logística y mano de obra por operar en la isla no se ven compensados con los beneficios de la promoción. Entonces, ¿qué es lo que cambió?

Hay quienes dicen que la interpretación por parte de ciertos funcionarios de determinadas normas aduaneras estaría encareciendo la importación de partes (un tema bastante técnico que preferimos evitar), afectando a algunos (no todos) productores en el continente. Otros sostienen que en realidad es una estrategia para empezar a producir y con las fábricas en marcha reclamar posteriormente beneficios para “mantener las fuentes de trabajo”.

Lo cierto es que ya hay cierto runrún que permite presagiar un nuevo embate para llevar la fabricación de notebooks desde el continente hacia la isla. Se trata de un negocio lo suficientemente importante y creciente. Y nadie quiere quedar afuera….

Esta semana, RIM, fabricante de los Blackberry, anunció sus planes para producir sus smartphones en Brasil, de la mano de Flextronics, una empresa dedicada a la fabricación bajo especificaciones de terceros.

Con alrededor de 170 millones de líneas, Brasil ya es el 5° mercado mundial, lo que genera ventas de equipos del orden de los 50 a 60 millones de unidades anuales. A esto se suma que en aquél país todavía hay crecimiento de mercado. Con estas cifras, una fábrica (no una ensambladora) puede lograr las economías de escala para que la producción sea viable.

El objetivo de RIM es lograr un 5% de participación de mercado en Brasil, lo que equivaldría a entre 2,5 y 3 millones de unidades anuales. Estas cifras confirman el camino iniciado reciente por los Blackberry que, sin descuidar el segmento de uso profesional o de negocios, avanzan aceleradamente hacia el mercado masivo.

Luego de la entrada en vigencia del impuesto a los productos tecnológicos producidos fuera de Tierra del Fuego, la comparación entre la situación de Argentina y Brasil en términos de producción de celulares es inevitable. Con la fabricación en Brasil, RIM evitará los impuestos a la importación que establece aquél país, que en el caso de los celulares llega a casi el 40%. Se trata sin dudas de algo similar a lo que comenzó a suceder en Argentina desde diciembre último. No obstante, existe una diferencia entre ambos países: el tamaño de sus respectivos mercados.

Por más que las políticas industrialistas puedan ser similares (sin entrar en los detalles), Argentina no puede no puede replicar el tamaño de mercado de su vecino luso parlante. Los 10 millones de unidades anuales que se venden localmente equivalen a lo sumo al 20% del mercado brasilero. Y mientras el mercado brasilero todavía tiene margen para el crecimiento, en Argentina se trata prácticamente de un negocio de reposición. Además, hay que sumarle que en los últimos tiempos el desarrollo económico brasilero está llevando a parte de su población a salir de la pobreza y por ende a consumir más.

Con un mercado chico, Argentina debería apostar a una política exportadora. Pero será difícil lograrlo protegiendo a la industria con sobreprecios a la competencia foránea, ya que aquí lo que se logra es encarecer a los productos importados, pero no que los locales sean competitivos más allá de nuestras fronteras.

En síntesis, lo que sucede en Brasil demuestra que una misma medida no es buena o mala en sí misma. Depende del contexto en que se aplique.

Luego del revés que sufrió en la justicia al intentar frenar los aumentos en el abono del cable, el Secretario de Comercio Interior no se dio por vencido. En un nuevo embate, a través de la resolución 50/2010 dispuso que las empresas de TV paga se sometan a una fórmula para determinar el valor del abono.

Más allá de lo discutible que resulta que sea el Estado quien determine la forma de calcular el valor del abono de un servicio que no es público, indirectamente plantea una cuestión más de fondo. En los considerandos de la resolución, se afirma que “la existencia de fuertes economías de escala en la actividad facilita la conformación de posiciones dominantes a través de la concentración de la oferta”. Si el problema es que hay pocos oferentes, entonces una solución es que haya más. Sin embargo, durante el tratamiento de la Ley de Medios se dejó afuera a todas las empresas de telecomunicaciones que no fueran cooperativas, las cuales, por contar actualmente con la red, podrían haber comenzado a dar el servicio en un plazo razonable.

Esta norma, como tantas otras, deja en claro que desde el gobierno se confía más en la discrecionalidad del Estado para contener los precios artificialmente que en el desarrollo de un sistema en competencia que contenga los precios de manera natural. El problema es que las soluciones artificiales suelen no sostenerse en el tiempo.

El modelo de MNVO (Operador Virtual de Red Móvil) tuvo altibajos a lo largo de su vida. En algún momento, se lo vio como una gran oportunidad de negocios. Luego como una calle sin salida. Como todo, y dependiendo de las regulaciones en los distintos países, la verdad pareció ubicarse en algún lugar entre ambos extremos.

Uno de los ejemplos es el de la cadena de supermercados Carrefour, quien ofrece sus servicios de telefonía celular como MNVO en Francia, España, Bélgica y Polonia. Pero al parecer, estarían evaluando el modelo para aplicarlo en Latinoamérica. El primer país sería Brasil, donde sus ejecutivos ya anunciaron que se encuentran analizando la posibilidad de ofrecer este servicio, cuya regulación todavía está en proceso de revisión.

En Argentina este modelo está reglamentado, llegando inclusive a tener un operador (en los papeles) que fue Millicom (luego rebautizada Ertach), aunque nunca prosperó. ¿Tendremos algún día celulares con el slogan “el precio más bajo o le devolvemos la diferencia”?

Es sabido que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra trabajando desde prácticamente el inicio de la actual gestión en el desarrollo del Distrito Tecnológico ubicado en una de las áreas más postergadas de la ciudad.

Si bien hasta el momento la respuesta por parte de las empresas ha sido positiva (el gobierno hace referencia a 33 empresas con planes de radicación), no hay como liderar con el ejemplo. Por eso es una buena noticia el anuncio de que el Banco Ciudad trasladará a esta zona su sede central, la cual será construida desde cero en uno de los terrenos lindantes con Parque Patricios.

No hay que esperar resultados inmediatos de la iniciativa, aunque sí será positiva esta presencia ya que implicará el desarrollo de infraestructura que va más allá de lo básico para el funcionamiento (como el tendido de fibra óptica) a otra más colateral pero no menos importante, como transporte público, desarrollo de comercios (bares, restaurantes y otros servicios para los trabajadores del área).

Es normal mirar con desconfianza este tipo de anuncios, acostumbrados como estamos a que nos vendan “buzones”. Pero esperemos que esta vez no sea así. Le hará bien a la industria y le hará bien a la ciudad.

El crecimiento de las ventas de computadoras portátiles (notebooks y netbooks) está dando lugar a un mercado lo suficientemente grande como para que cada vez más se sumen nuevos actores no sólo a la oferta, sino también a la producción nacional, tal el caso del fabricante de memorias Novatech, según publicó el sitio RedUser.

En el artículo, el titular de la empresa menciona que están haciendo pruebas para la producción de netbooks, agregando que esta experiencia podría servir para producir todo tipo de productos mobile.

El caso es interesante porque Novatech fue una de las empresas que más se opuso a la aplicación del impuesto tecnológico para favorecer la producción en Tierra del Fuego. De hecho, sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y desde allí ha logrado una fuerte presencia en el mercado de memorias. Ahora está ampliando sus horizontes con la fabricación de conversores para TV digital, a lo que se sumarían las netbooks.

Así, al igual que otros fabricantes locales de computadoras portátiles como Exo, Banghó, SICSA y otros, demuestra que no hacen falta los groseros privilegios que ofrece Tierra del Fuego para poder competir en el mercado de la electrónica.

La semana que pasó dejó nuevos capítulos en la novela Telecom Italia-Gobierno que suman incertidumbre respecto del devenir de los acontecimientos.

La semana arrancó con el Jefe de Gabinete contradiciendo los dichos del Ministro de Infraestructura sobre una eventual estatización de Telecom Argentina. El funcionario, afirmó que “nunca el objetivo fue ese” en relación a la medida. Como se dice, bajó un cambio.

Pero el panorama podría modificarse radicalmente debido a los rumores, cada vez más insistentes, de una fusión entre Telecom Italia y Telefónica. Si bien no parece aún una decisión tomada, lo cierto es que las charlas existen, a tal punto que el Ministro de Desarrollo Económico italiano se reunirá con ejecutivos de Telecom Italia para discutir este tema, según publicó el diario El Cronista.

En Italia hay oposición a la operación por considerar que las telecomunicaciones son un activo estratégico que no puede estar en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, el propio ministro italiano declaró que “Telecom es una sociedad privada. En Italia existe el libre mercado y este es un gobierno liberal que permite que las compañías desarrollen sus actuaciones”. Así, parecería insinuarse que finalmente habría un visto bueno del gobierno para que la operación se lleve adelante.

De efectivamente producirse esta fusión, la discusión en Argentina dejaría de tener sentido y pasaría a circunscribirse al cuándo más que al qué.

Esta semana, se conocieron los resultados de la telco estadounidense Verizon de cuyo análisis podría inferirse que adelanta lo que sucede en la industria.

Verizon anunció para este año recortes que llegan a 13.000 trabajadores dedicados al negocio fijo, el cual registró un retroceso anual superior al 11% en el último trimestre de 2009. Los ingresos del negocio de telefonía disminuyeron un 59%, con una caída en la cantidad de líneas del orden del 10%. Inversamente, la banda ancha creció un 6%, pero fue gracias a que las conexiones de fibra óptica compensaron una retracción del ADSL.

Todo indica que este escenario comenzará a ser cada vez más habitual en el negocio fijo a nivel global, más allá de las diferencias de cada mercado: líneas fijas en franco retroceso, ADSL alcanzando su techo de capacidades y siendo reemplazados por conexiones de fibra óptica que permitan acceder a contenidos más demandantes.

Desde el punto de vista regulatorio, es un buen momento para pensar cómo propiciar este recambio tecnológico profundo que será un factor clave en la sociedad en un futuro mucho menos lejano que lo habitualmente imaginado.

El affaire Telecom entró esta semana en una espiral de golpes cruzados que, en la inmediatez de la información, pueden hacer perder de vista el fondo de la cuestión: el modelo regulatorio argentino no es ni chicha ni limonada, pero cada vez huele más rancio.

Todo comenzó con aquella operación en el 2007 que significó el ingreso, aunque indirecto, de Telefónica como accionista de Telecom Italia (TI). Por las implicancias de la operación en Latinoamérica, donde ambas compañías compiten tanto en Brasil como en Argentina, era evidente que daba lugar a un flanco débil, o por lo menos vulnerable, de carácter político. Quizás el error de ambas haya sido menospreciar el costo potencial de la operación, particularmente en Argentina.

Fue este elemento el que esgrimió el socio local de TI, el Grupo W, para bloquear la opción de compra que los italianos tienen sobre la participación de los argentinos en Telecom. Se podrá discutir si lo hicieron motivados por la amenaza que implica que su mayor competidor esté cerca de la “cocina” de la empresa o simplemente como una forma de negociar un mejor valor para su salida de la empresa. Pero las motivaciones no son relevantes en este caso. Había un flanco débil, abierto por los mismos afectados, y lo supieron aprovechar. Después vino el típico vaudeville administrativo-judicial de decisión-apelación.

Con la orden de desinvertir en Telecom Argentina, aunque su principal objetivo es el de quedarse, TI comenzó a evaluar distintas propuestas de compradores para su participación. Es difícil saber si las negociaciones fueron estiradas para ganar tiempo pensando en un posible debilitamiento del gobierno hasta el fin de su gestión. Lo que sí es cierto es que un vendedor apurado no vende bien.

Preso de la impaciencia, y acosado por diversos flancos en su gestión, el gobierno subió la apuesta y tiró la palabra “estatización” en la mesa bajo el argumento de la falta de competencia. Ese as en la manga terminó siendo un ancho falso. Habida cuenta de que el Estado dispone de herramientas de control, la amenaza de estatización muestra su incapacidad para actuar como regulador.

La operación que da lugar al conflicto tuvo lugar en el 2007 y no fue hasta el 2009 en que el gobierno comenzó a ver de qué se trataba. Más allá de que la misma no haya sido declarada localmente por los involucrados, la noticia estaba en todos los medios, pudiendo comenzar a actuar de oficio en el tema. En otras palabras, pasaron 2 años antes de que tomara cartas en el asunto y ahora espera que en solo uno esté todo cerrado. No suena razonable.

Por otra parte, no es el cambio de accionistas, sean estos privados o el propio Estado, lo que hará que el mercado argentino tenga competencia. En sus redes fijas, las que dan telefonía, Internet y datos, Telecom y Telefónica prácticamente no compiten por que operan en áreas geográficas distintas. Así, la posición dominante de Telecom en el área de cobertura de su red se mantendrá, sin importar si el accionista es TI, Telefónica, Grupo W, el Estado, los gremios, la Iglesia, los piqueteros o cualquier otro.

Lo que hace falta es que desde el Estado comiencen a prestar atención a la importancia de definir un marco regulatorio para las telecomunicaciones, un sector que es clave en el desarrollo de la sociedad y economía moderna. Y es importante avanzar rápidamente para determinar el modelo a seguir: infraestructura dominante abierta a terceros o competencia en infraestructuras.

El modelo de infraestructura dominante es la evolución natural de los procesos de privatización de las grandes empresas estatales de telecomunicaciones, como sucedió hacia fines del siglo pasado en varios países de Europa y también en Argentina con ENTel. Siendo que esos mercados tenían un único oferente, el modelo más rápido hacia la competencia era que, previa privatización, el heredero de esta red (el incumbente) permitiera que los nuevos competidores (los entrantes) usufructúen la misma a precios a determinar por el Estado. Este modelo exige un alto grado de regulación para evitar que el incumbente abuse de su posición de poder por ser quien maneja la red. El mismo fue el elegido en Argentina para la apertura del año 2000 que si bien no fracasó no tuvo el éxito esperado porque la regulación quedó a mitad de camino y no hubo, por muchos años, ningún interés del Estado de actuar en la materia. La inacción regulatoria en materia de telecomunicaciones en Argentina ha sido una constante desde el año 2002.

Más recientemente, el desarrollo de tecnologías digitales con redes alternativas (celulares, TV por cable, inalámbricos, satelitales) dio lugar a la competencia entre infraestructuras. Independizadas de un servicio determinado como consecuencia de la digitalización, éstas pueden ofrecer todo tipo de servicio (voz, Internet, video, etc.). Así, las redes alternativas crean naturalmente competidores, si bien a veces la regulación (como sucedió con la Ley de Medios), genera barreras artificiales a esta competencia. Por supuesto, este modelo también requiere de regulación, aunque distinta a la necesaria en los casos de infraestructura dominante, que responden más al modelo de desarrollo de las telecomunicaciones de los 90 que a las necesidades y posibilidades de la década del 2010.

Si seguimos pensando en términos de privado o estatal, estamos poniendo el foco fuera del problema. El punto es regular mirando al futuro y, tan importante como esto, hacer cumplir esta regulación.

En agosto último, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por terminada su relación con TSC para la explotación de los derechos de televisación de los partidos y anunció la cesión de estos derechos al gobierno nacional. En aquél entonces se prometieron dos cosas: que el fútbol sería visto gratuitamente por la población y que habría una rentabilidad por sobre los $ 600 millones que recibiría la AFA, la cual se utilizaría para financiar actividades olímpicas.

A 6 meses de ese momento, el balance no es del todo positivo. Es cierto que el fútbol sí fue gratuito para todos, pero los números del negocio están lejos de ser lo que prometían (a tal punto que hubo que inventar un impuesto a los celulares para financiar el deporte olímpico). Así, el Estado terminó subsidiando a clubes (e indirectamente a sus millonarios contratos con figuras y otras no tanto), lo cual es un sinsentido total desde la perspectiva de la redistribución del ingreso.

Ciertamente, esta situación no deja de preocupar en la AFA, donde son concientes de que sus ingresos dependen de la buena relación con el gobierno y de la continuidad de éste más allá del 2011 (año de las próximas elecciones presidenciales). Por eso, quienes viven del fútbol están evaluando modelos alternativos que permitan no sólo que la actividad sea viable a largo plazo sino también que se adapte a los desarrollos tecnológicos, aunque tratando de respetar el espíritu inicial de la movida.

Una de las propuestas que circula tiene mucho que ver con la TDT (Televisión Digital Terrestre) de próximo lanzamiento (en marzo Canal 7 comenzaría con las transmisiones digitales) y podría servir para darle un fuerte impulso a su desarrollo en esta etapa inicial. Básicamente lo que se plantea es que las transmisiones gratuitas sean únicamente por la señal digital, aunque manteniendo la transmisión analógica en las zonas donde la TDT no llegue.

Los operadores de cable o DTH (Direct To Home, léase DirecTV) podrían retransmitir los partidos, previo pago al Programa Fútbol para Todos, para lo cual la AFA crearía una señal de TV (algo así como un TyC de los propios clubes). El monto pagado se distribuiría entre los clubes, un fondo para el desarrollo de la TDT y otro que servirá para financiar la digitalización de operadores de TV por cable. Asimismo, se propone crear una señal premium  de alta definición (HD), la que se pagaría por fuera del abono básico al servicio de TV paga.

Finalmente, la idea es también ampliar los canales de distribución de estos contenidos, por lo que no habría que descartar productos para celulares y/o Internet. De esta manera, las empresas de telecomunicaciones podrían también ingresar al negocio de la distribución de fútbol.

Se podrá argumentar, no sin razón, que su punto débil es que el fútbol no será tan gratuito como se presume si exige la tenencia de un conversor o un televisor digital al espectador. Pero también es cierto que lo que hay hasta ahora tampoco lo es, ya que son varios los puntos del interior del país donde Canal 7 no llega y por lo tanto la única forma de ver fútbol es vía TV paga.

Sin dudas, esta propuesta es, como todas, discutible. Pero tiene sus virtudes. La principal, desde la perspectiva del ciudadano, es que el fútbol se financie por sí sólo y no con los recursos del Estado, que ciertamente tiene otras prioridades. Desde la perspectiva tecnológica, podría ser un impulso clave para el desarrollo de la TDT. Pero también lo será para la industria que gira a su alrededor: fabricantes de conversores, televisores, equipamiento de transmisión y operadores de TV paga.

La cercanía del inicio del campeonato local hace inviable pensar que este esquema o uno similar se aplique de inmediato. Pero este es un año mundialista, por lo que la presencia de Argentina en Sudáfrica podría ser un interesante banco de ensayos para transmisiones y equipamiento necesario.

Más allá de que esto es sólo una propuesta y que, de avanzar, probablemente sufra modificaciones, es un indicio de que hay intenciones de hacer más seriamente algo que nació a las apuradas y desprolijamente, cuya su continuidad en el tiempo, bajo el formato actual, está seriamente amenazada. Ahora sólo resta esperar.

Esta semana, Google trascendió las secciones de tecnología o economía y negocios para instalarse en política e internacionales, luego del affaire chino.

La empresa emitió un mensaje oficial a través de su blog corporativo en el que indica que dejará de cooperar con la censura china en Internet, abriendo la puerta para el cierre de sus operaciones en aquél país. Google denuncia un ataque “altamente sofisticado” y proveniente de China a su infraestructura, que resultó en el robo de propiedad intelectual. También aclara que el ataque no fue sólo a ellos sino también al menos otras 20 empresas en distintos sectores de actividad. Y, finalmente, que hubo intentos de acceso a las cuentas de Gmail de activistas a favor de los derechos humanos en China en todo el mundo (no únicamente residentes en aquél país). La relevancia de las acusaciones es tal, que la propia Secretaria de Estado de los EE.UU. emitió un comunicado al respecto, pidiendo aclaraciones a las autoridades chinas.

Fue notable como en ciertos ámbitos donde la tecnología y los negocios se vinculan, hay varias voces que opinan que, sin negar los hechos denunciados, la reacción de Google se ve potenciada por el hecho de no lograr en ese país una posición relevante donde alcanza sólo un tercio de las búsquedas desde China, resignando el primer puesto a la local Baidu (con fuertes vínculos con el gobierno). En esta línea de razonamiento, los ataques y la censura ayudan para que Google pueda retirarse sin que parezca un fracaso comercial.

Más allá de la veracidad o no de este análisis, quizás la desconfianza detrás de las reales motivaciones y el peso de cada una en la decisión final venga del propio hecho que Google no puede presentarse como un inocente desprevenido. Cuando en 2006 se lanzó el servicio en China (google.cn), la empresa sostuvo que era mejor ofrecer un servicio censurado en cuanto al resultado de las búsquedas, que no ofrecer nada. Esa decisión le valió muchas críticas, especialmente porque iban contra su lema “Don’t be evil”. Esta frase, que encabeza su código de conducta, resultaba totalmente fuera de sincronía con su aval a la censura en China. Así, peor que aceptar la censura impuesta por el gobierno chino, era su doble discurso. Previsiblemente, eso mismo que avaló, ahora le jugó en contra.

Hacía rato que no había tanta novedad en materia tecnológica proviniendo desde el Congreso. Pero con la ley de medios y el impuestazo, alcanzó. Gracias.

Resumiendo, la ley de medios se promulgó con un gran defecto: no diferenciar el transporte del contenido. Sin entrar en otros aspectos que fueron controvertidos pero que no corresponde analizar desde aquí, la negociación política hizo que se perdiera una gran oportunidad de darle un fuerte impulso al desarrollo de la infraestructura, aumentando simultáneamente la oferta y competencia a nivel de redes. Si bien técnicamente esto podría subsanarse vía una nueva ley de telecomunicaciones, no parece que estemos en las vísperas del tratamiento de esta norma.

Sobre el impuestazo tecnológico aún no puede observarse su impacto real, debido a que entró en vigencia hace poco más de dos semanas. No obstante, hubo una gran victoria para los fabricantes de portátiles locales cuando lograron que éstas fueran excluidas de la norma. El crecimiento de las ventas de éstas y el retroceso en desktops realzan el valor del logro. Por el lado de los celulares, ni los fabricantes ni los operadores fueron muy vehementes en la defensa de sus intereses. En este rubro, el paso de los meses y los cambios de modelos, los subsidios de los operadores que no permiten saber el precio real del equipo y la natural baja de precios de la tecnología, harán que el impacto psicológico del mayor precio se vaya diluyendo. Será como los televisores, que en Argentina son carísimos, pero no nos damos mucha cuenta.

Hablando de televisión, el 2009 vio la definición de la norma de TV Digital, luego de años de negociaciones que parecían inclinar la decisión para un lado o para otro. Por el momento quienes aparecen más activos en el tema son los sectores vinculados al ámbito estatal, quienes lo ven como un vehículo para multiplicar la oferta de contenidos. Con la proximidad del mundial, desde el gobierno se han fijado el ambicioso objetivo de llegar con un millón de decodificadores digitales para esa fecha, aunque no se entiende bien el apuro. Esos decodificadores estarán conectados mayormente a televisores tradicionales (quien hoy tiene un LCD, Plasma o LED en su mayoría tienen un servicio de TV paga), por lo que no se entiende la lógica del que desembolsaría dinero en un deco que hoy por hoy no es clave, ya que siguen las transmisiones analógicas (faltan años para el apagón). En fin, cosas que pasan.

A nivel regulatorio quedan varios temas pendientes. Uno es el del Servicio Universal, donde se habilitó una cuenta bancaria para constituir el fondo pero no se avanzó en absoluto en cuanto a cómo se utilizarán esos recursos. Mientras tanto, los que necesitan servicios de telecomunicaciones, siguen esperando. Otro es el de la portabilidad numérica. La justicia ya se expidió en más de una oportunidad sobre este tema, aunque aparentemente sin muchas señales de recepción por parte de las autoridades regulatorias. Si bien hay quienes confían en que se está cerca de la implementación de esta capacidad, por ahora concreto no hay nada.

Tanto éstos como otros temas evidencian que además de tener las normas, hay que hacerlas cumplir. Pero en la medida en que el gobierno no se ocupe de reglamentar lo que falta, nada tiene sentido. Quizás sea esta otra razón para pensar en una ley de telecomunicaciones que reemplace a una regulación que quedó a mitad de camino y que tiene 10 años, con todos los cambios, tanto tecnológicos como de escenario, que se dieron en esta década.

No, no se trata de un pedido hacia algunos políticos o dirigentes de fútbol. Se trata del robo de los celulares, tema que estuvo en los medios esta semana con motivo de un acto delictivo con final trágico.

Lo cierto es que el robo de celulares es más común de lo que muchos creen. Tan solo este año, el número de equipos robados estará cerca de los 2 millones, una cifra similar a la del año pasado (buena noticia, al menos no crece). Esto surge del informe Telefonía móvil: segmento individuos - 2009, realizado por Carrier y Asociados. La cifra surge al preguntar por el destino de los terminales renovados durante el último año y no considera a los equipos declarados como perdidos, que en algunos casos podrían ser consecuencia de un hurto. Los grupos más afectados son los menores de 18 años y las mujeres.

Seguramente esta cifra supera, y en mucho, a las denuncias realizadas por tal motivo. En esto tiene que ver la alta penetración de las líneas prepagas, de alrededor del 70% del total. Y aquí no hay mucho incentivo para hacer la denuncia. Esto se debe a que no hay seguro que reclamar y, por otra parte, es mucho más rápido y eficiente adquirir una línea nueva que hacer la denuncia primero y el trámite en el operador después, para que reestablezcan la línea perdida o robada.

Luchar contra este delito no será fácil, en la medida en que no se tomen medidas concretas al respecto. Un año atrás hubo una intención de controlar el tema, pero el procedimiento era de una complejidad tal que murió no nato. Como el robo de celulares no es una exclusividad argentina, habría que analizar lo que se hace en otros países, de forma tal de lograr un mayor control sin que esto implique complicar la vida de los usuarios honestos.

Si no hacemos nada al respecto (usuarios, operadores y autoridades), no tiene sentido que nos lamentemos cuando ocurren hechos que van más allá de la pérdida del equipo.

Uno de los argumentos más esgrimidos a favor de la sanción de la reciente ley conocida como “impuestazo tecnológico” tenía que ver con que permitiría la creación de 2.000 puestos de trabajo en la provincia beneficiada. Así, resulta inadmisible (aunque sí comprensible considerando el contexto) que la industria de los Call Centers haya perdido en lo que va del año unos 3.500 puestos, tal como surge de un artículo publicado por el diario El Cronista.

Las razones de este achicamiento eran totalmente previsibles desde hace un tiempo: revaluación del peso frente al dólar, salarios que subieron en dólares y crecientes incentivos estatales de otros países de la región. O sea, pérdida de competitividad cuando aumenta la competencia: una combinación letal.

No se trata en este caso de pedirle al gobierno que cambie su política económica en función de un sector de actividad. Pero se le puede pedir que la incentive con regulaciones específicas. Y acá sí se puede criticar que el proyecto original de la Ley de Software (que ha dado buenos resultados) incluía a los call centers y otras actividades de BPO (business process outsourcing), pero misteriosamente fueron borrados de la misma sin que nunca se supiera oficialmente por qué.

Los beneficios de una industria de tercerización de servicios son más que suficientes para merecer un trato diferencial, especialmente por parte de un gobierno que ha hecho de la promoción discriminada un culto. Generan muchos puestos de trabajo y rápidamente, emplean a sectores más propensos a tener dificultades para encontrar trabajo (como jóvenes, adultos de más de 45 años, etc.), no requieren de inversiones importantes en relación a los puestos de trabajo generados y permiten exportar sin agotar recursos internos, entre otros.

Quizás la ilusión de que estamos solos en un mundo globalizado o, tanto o más grave aún, creernos seriamente que teníamos capacidades únicas no replicables por nuestros vecinos, está logrando que una actividad que generó 58.000 puestos de trabajo en sólo 5 años y sin leyes especiales, hoy haya entrado en un proceso descendente. Por favor, que no sea otra oportunidad perdida. Ya fueron muchas.

Esta semana llegó desde Brasil una noticia que, de confirmarse, marcaría una novedosa forma de entender los alcances del Servicio Universal.

El gobierno de aquél país negocia con los operadores celulares un acuerdo por el cual entregarían terminales móviles gratuitamente a las 11,9 millones de familias que reciben los beneficios del programa de asistencia social Bolsa Familia. Además del dispositivo, se les otorgará un crédito mensual de R$ 7 (US$ 4) para el uso del servicio. Como contrapartida, el Estado resignaría el cobro del impuesto por el Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) con el objetivo de expandir las redes a la población de menor renta.

Adicionalmente a este beneficio, para los operadores móviles es una forma de ampliar sus mercados, ya que todo gasto por encima de los R$ 7 previstos será pagado por los propios usuarios.

Si bien en aquel país ya hay proyectos de ley que apuntan a la inclusión tecnológica vía la Bolsa Familia, estos están ligados a líneas fijas. Desde el Ministerio de Comunicaciones consideran, con buen tino, que es más viable hacer esto vía telefonía móvil.

Por el momento, el operador TIM (de Telecom Italia) se manifestó públicamente interesado en la propuesta, faltando la respuesta de Vivo (de Telefónica de España y Portugal Telecom), y Claro.

La comparación con lo que sucede en Argentina es inevitable. Por un lado, lo único parecido (en los papeles) es el Servicio Universal, el cual si bien está contemplado en el marco regulatorio de las telecomunicaciones desde el año 2000, aún no pasó de una cuenta en el Banco Nación donde los distintos operadores (no sólo los celulares) deben depositar el 1% de su facturación. Todavía no hay ninguna novedad en cuanto al uso de los fondos. Por otra parte, aquí se acaba de votar un impuesto que alcanza a diversos productos tecnológicos, incluidos los celulares, donde uno de los argumentos fue que éstos son bienes suntuarios.

Argentina y Brasil. Tan cerca físicamente. Tan lejos en sus políticas.

Para los usuarios de telefonía celular (o sea, para una altísima proporción de habitantes del país), la que termina será una semana más para olvidar que otra cosa. Tres noticias que se conocieron durante la misma impactarán en los usuarios: suba de tarifas, impuestazo tecnológico y, sorpresa, proyecto de impuesto olímpico.

La suba de tarifas, aunque previsible en una economía inflacionaria, seguramente no es simpática. Analizando el detalle, más allá del ajuste de los precios, la decisión oculta también un cambio en la estrategia comercial tendiente a lograr una mayor fidelización de los clientes a través de la migración de cuentas prepagas a abonos. Esto es así porque los mayores niveles de aumento serán para los prepagos, aunque con diferencias en los ajustes anunciados por Claro, Movistar y Personal.

Por su parte, y luego de varias dilaciones, el impuestazo finalmente llegó, y a esta altura queda muy poco por agregar que no se haya dicho ya. Es sin dudas una decisión que en el corto y mediano plazo no logrará los objetivos planteados, por lo que lo único concreto es que celulares, monitores, cámaras digitales, GPS y todos los demás productos alcanzados por la norma serán más caros para el consumidor. Al menos hasta tanto la producción de Tierra del Fuego pueda satisfacer por completo la demanda. Y no parece que vaya a suceder en el próximo año. Mientras tanto, habrá un mayor incentivo para la comercialización informal (o en negro, como le dicen en el barrio).

Finalmente, y como frutilla del postre, hubo en estos días una insólita propuesta. O mejor dicho, doblemente insólita. Tanto por la propuesta en sí como por provenir de uno de los principales accionistas de uno de los operadores celulares. La noticia habla de un proyecto de ley para gravar con el 1% las facturas de los abonados (no los prepagos) de telefonía celular. El objetivo del impuesto sería financiar el deporte olímpico (parece que no alcanza con el superávit que ¿dejará? la televisación del fútbol local). Uno de los impulsores de la medida es el presidente del COA (Comité Olímpico Argentino) quien asimismo es vicepresidente de Telecom, propietaria a su vez del operador celular Personal. Sus colegas de la industria no hicieron declaraciones al respecto, pero difícilmente estén contentos. El texto completo del proyecto puede verse desde aquí (prestar atención al art. 26 inc. a)

¿Hasta dónde se podrá ordeñar la vaca celular?

Como en la película francesa “Le dîner des cons”, algunos funcionarios y empresarios parecen competir por ver quien encuentra al personaje más tonto. Esto se aplica a los justificativos esgrimidos para la aprobación del impuestazo tecnológico.

La primera fue la ministra de Industria y Turismo, quien esta semana afirmó que “estamos pagando los precios de productos electrónicos más grande del mundo, esto significa que estamos pagando una ganancia extraordinaria”. En el fondo, la funcionaria tiene razón. Es cierto que pagamos los precios de productos electrónicos más caros. Lo que no queda claro es cómo revertirá esta situación subiendo los impuestos para que los productos de Tierra del Fuego puedan competir. Y si alguien tiene ganancia extraordinaria, parecería que es el Estado, ya que la diferencia en el precio se debe fundamentalmente al componente impositivo, y es conocida la voracidad fiscal del Estado argentino.

Otro que nos invitó a la cena es el titular de AFARTE (cámara que agrupa a los fabricantes de Tierra del Fuego) quien declaró que “nada obliga al importador a trasladar el impuesto directamente al consumidor”. Difícilmente alguien, ni siquiera las empresas beneficiadas, esté en condiciones de absorber un costo adicional del 30% o más. En fin…

Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión sobre este y otros temas y hacer lo que crea apropiado, dentro de la ley, para lograr el objetivo buscado. Pero no hay que subestimar la inteligencia del interlocutor. Ya bastante tenemos con la suba de impuestos como para que además nos traten de tontos. Aunque quizás, muchos de nosotros lo seamos y no nos demos cuenta…

Aunque sin ningún anuncio oficial, se cayó la compra de Velocom por parte de Nextel. La operación, que había sido acordada 3 años atrás, nunca pudo concretarse. La razón es muy simple: artrosis regulatoria. El pase de manos esperaba desde entonces la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones. Durante este tiempo, no hubo ninguna objeción por parte del regulador, sino simplemente el silencio sepulcral al que nos tienen acostumbrados.

La operación no era conflictiva. Nextel no hubiera pasado a dominar el mercado de comunicaciones móviles como resultado de la misma. Simplemente habría tenido más espacio para desarrollar nuevos servicios. Así, estos 3 años de silencio son incomprensibles, aunque conociendo el paño y repensándolo, son comprensibles…

La inacción terminó sin favorecer a nadie (al menos, no en forma evidente). Nextel tenía planes y dinero para aprovechar estos activos que no fueron utilizados ni para absorber Velocom ni para invertirlos en otras actividades que podrían haber generado nuevos servicios y nuevos puestos de trabajo. Por el lado de Velocom, sin dudas que al pensar que ya estaba vendida, el énfasis en su desarrollo no podía ser igual al que tendría con otro horizonte. En síntesis, 3 años en vano.

Lo más paradójico de esto es que después los funcionarios viajan por el mundo y dan discursos tratando de lograr inversiones en el país. Pero cuando algunos están dispuestos a hacerlo (algo no muy recurrente en estos tiempos), son “anestesiados” hasta hacerlos desistir.

Nextel-Velocom, lo que pudo ser y no fue. Argentina, un país en serio (risas).

Finalmente, y tal como se preveía, esta semana el Senado aprobó la ley conocida como “impuestazo tecnológico”, la cual deberá volver a Diputados por algunas modificaciones luego de un confuso episodio en el rubro acondicionadores de aire. Nadie duda a esta altura de que la misma será también aprobada en la Cámara Baja, respirándose un aire que va de la resignación hacia la indiferencia. ¿Por qué indiferencia?

Por un lado, desde que notebooks y netbooks quedaron fuera del proyecto tal cual estaba planteado originalmente, los fabricantes locales, que fueron los más activos en contra de la norma, bajaron notablemente los decibeles. Como muchas de estas empresas también fabrican PC de escritorio, también se verán afectadas por el impacto del nuevo esquema impositivo para los monitores. Considerando que el monitor representa aproximadamente un tercio del precio de una “desktop”, se puede estimar que la suba de precios de éstas será del orden del 10%. Esto no hará más que acortar más aún la brecha entre portátiles y de escritorio, lo cual de alguna forma los beneficia porque acelerará el proceso de sustitución de las segundas por las primeras. Así, estas empresas locales no se verán impactadas en forma considerable.

Quienes sí se verán afectados negativamente por el impuesto sobre los monitores son todos aquellos ensambladores locales que arman PC pero no notebooks o netbooks. En definitiva, afectará a cientos de pequeñas PyMEs y comercios informáticos, que no tienen fuerza para hacerse oír. Darwinismo puro.

En el caso de los celulares, fue notorio el silencio de las principales marcas con operaciones en el país. Quizás porque apuestan a que el aumento de precios será absorbido por los operadores. Está claro que el costo alguien lo tiene que pagar, y todo apunta a que será el consumidor final, ya sea porque su próximo celular será más caro o porque deberá comprometerse por más tiempo con su abono o, quizás, por el aumento de los nuevos planes (combinando minutos, SMS o datos). Por supuesto, también puede darse una combinación de estos factores.

No hay que creer cuando los políticos afirman que la ley no acarreará aumentos de precios. El año pasado, de los 10 millones de celulares que ingresaron al país, sólo unos 200 mil provinieron de Tierra del Fuego. O sea, que si hubiera que reemplazar todas las importaciones por fabricación local, en la isla la producción debería crecer en un 5.000%. Si no es así, el mercado deberá completar su abastecimiento importando equipos, los cuales serán alcanzados por los nuevos impuestos. Ergo serán más caros.

Solitos, predicando en el desierto, quedaron los importadores de cámaras digitales y las empresas que giran alrededor de este negocio. Su mensaje no llegó en forma contundente a los medios y, menos aún a la población. Aunque es razonable pensar que, como consecuencia de la ley, habrá un importante aumento del contrabando, que no pagará ninguno de los impuestos, ni los viejos ni los nuevos.

Así, todo apunta a que desde el Congreso dicen “marche una ley para Tierra del Fuego”, quedando políticamente a mano por los servicios prestados en el tratamiento de la ley de medios. Y habrá que estar preparado para la mayor frecuencia de notas periodísticas de tono indignado del estilo “en Argentina un celular es un XX% más caro que en el resto de Latinoamérica”…

La sanción de la ley de medios dejó indudablemente descolocados a los cableros (principalmente a los grandes) quienes durante mucho tiempo se habían dedicado a torpedear la posibilidad del ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV. Pero la ley las dejó afuera, aceptando únicamente el ingreso de las cooperativas al negocio. Y atacar a las cooperativas no rinde, ya que éstas tienen esa imagen de “todos juntos trabajando por el bien común”, que hace que agredirlas no rinda demasiado.

Por eso sonó a fuera de timing cuando durante las últimas jornadas de ATVC se propusiera el ingreso de las telcos al negocio de la TV, aunque con algunas condiciones, como la de liberar el 25% de sus clientes y darles 5 años para ponerse a punto (cuando algunos, sobre todo los grandes, ya están en condiciones).

Más allá de la moda de dudoso gusto de tratar a los clientes como mercancía intercambiable (como el tope del 35% de participación expresado en la ley o este 25% que las telcos deberían resignar), lo cierto es que da la impresión de que los cables se acordaron tarde de negociar. Ahora sólo les queda la carta de modificar la ley con el nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre. Una carta que tampoco es segura, habida cuenta de la creciente tendencia al surgimiento de tránsfugas.

Finalmente, y sin generar ningún tipo de sorpresa, a las pocas horas de que Comentarios llegara a las casillas de mail o se publicara en la Web, el Senado daba el OK al proyecto de ley de medios, con los vicios propios, los introducidos por Diputados y alguna que otra desprolijidad (algo que en Argentina es más norma que excepción).

Mucho se criticó a la norma, especialmente desde el punto de vista de los contenidos y su regulación. Pero poca fue la relevancia que se le dio desde el punto de vista de su impacto a un factor clave para el desarrollo tanto social como económico de los próximos años del país y que es todo lo vinculado a la infraestructura, uno de los pilares de la sociedad del conocimiento. Conviene entonces repasar lo que pasó y ver cuáles pueden ser las consecuencias.

No hay dudas de que las empresas que prestan servicios de TV por cable han sido negativamente impactadas por la nueva ley, y no sólo por las obligaciones en cuanto a los contenidos. La limitación del 35% en la participación de mercado impactará principalmente a Cablevisión, quien a su vez es uno de los tres grandes proveedores de banda ancha (con Telefónica y Telecom). Este tope no sólo implicará que la empresa deba desprenderse de clientes, cuyo destino en términos de servicio es incierto, sino que será también un freno para el desarrollo de la banda ancha en condiciones de competencia, tal como sucede en la actualidad. Ciertamente, más que establecer límites artificiales al desarrollo de un negocio, hubiera sido mucho más beneficioso implementar medidas que fomenten la competencia, dejando que sea principalmente ésta la que establezca los límites de dominancia de los actores. El Estado sólo debería garantizar que ningún proveedor abuse de una posición dominante.

En este sentido, el discurso de ATVC debería ser revisado. Su mensaje es “con la competencia [de las cooperativas, las telefónicas ya están fuera] vamos a desaparecer”. Algunos de sus argumentos son válidos (las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias), otros, no tanto (tienen clientela cautiva). Pero lo cierto es que esto no es algo que preocupe particularmente a la opinión pública, por lo que el mismo tiene impacto menor. De hecho, el servicio de TV paga es claramente el menos valorado dentro de los servicios de telecomunicaciones en el hogar, en comparación con la telefonía fija, la móvil e Internet, tal como surge en el informe “Telefonía móvil – segmento individuos – 2009” realizado por Carrier y Asociados. Su mensaje debería ser “dennos condiciones de competencia justas y verán que nuestra oferta es la mejor”. Pero esta frase es típica de un entrante en un mercado determinado, no de un incumbente, sin importar el negocio del que se hable.

En otras palabras, el foco no debería girar en torno a lo que la industria pierde, porque eso poco interesa al público. Es visto como una lucha entre poderosos. Debería enfocarse en lo que el público, o en este caso los habitantes del país, se pierden. Así, la población se sentirá afectada.

Más allá de esto, sin dudas el panorama no se presenta muy alentador desde la perspectiva del desarrollo de la infraestructura. Con los cableros a la defensiva y forzados a desinvertir, y las telcos fuera del partido, estaremos retrasando el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones. No se trata de pensar en el ahora o el año que viene. La tendencia en telecomunicaciones es hacia el despliegue de redes de fibra óptica, de mayor capacidad y alcance que las redes actuales de cobre. Y en este escenario, no habrá grandes jugadores dispuestos a invertir lo que hace falta.

Seguimos rifando oportunidades de desarrollarnos. Y van…

Ahora que se aprobó la ley de medios a nivel nacional, parece que otros distritos quieren tener una ley propia. Tal es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde esta semana el gobierno local presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular la televisión por cable en este territorio.

Más específicamente, lo que la ciudad busca es lograr la potestad en el otorgamiento y revocación de las licencias para la explotación de la televisión por cable (técnicamente, “servicios de difusión por suscripción") cuyas redes se ubiquen dentro del territorio porteño. El argumento es que si bien la administración porteña no tiene ingerencia en el ámbito de la televisión abierta y la radio, sí puede tenerla en el cable.

Para ello creará una Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP), que será descentralizada y con autonomía funcional y financiera. La misma tendrá a su cargo los procedimientos para la adjudicación o autorización de la explotación de los servicios de difusión locales y luego controlar que se cumpla con la normativa. La ley propuesta impone además normas sobre la difusión de contenidos, la contemplación de una tarifa social y crea el “Consejo de libertad de expresión” como asesor de la agencia.

El tema no es menor habida cuenta de que la Capital es el distrito con mayor penetración del servicio, con una altísima concentración en manos de la fusionada Cablevisión/Multicanal.

La viabilidad de una norma de estas características y su convivencia con la recientemente sancionada ley nacional será seguramente terreno de disputas entre abogados. Pero más allá del claro objetivo político de la norma propuesta (diferenciarse del gobierno nacional), como no podía ser de otra forma también esconde uno fiscal. Es que el proyecto contempla que "Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual tributarán un gravamen del cuatro por ciento (4%) de su facturación bruta por todo concepto derivado de la explotación de la autorización otorgada". En otras palabras, una nueva fuente de ingresos que servirá (de aprobarse tal cual está) para tapar alguno de los varios agujeros presupuestarios. En fin, la voracidad fiscal no es monopolio del gobierno nacional. ¿Adivinen quién lo va a terminar pagando?

Comentario final. Por lo publicado en distintos medios, llamativamente el tema no estuvo en la agenda del jefe de gobierno porteño durante su participación en las Jornadas de ATVC que se realizaron esta semana en Buenos Aires. Quizás no era oportuno…

Al tiempo que la política local nos quiere condenar a la edad de piedra en materia de infraestructura digital de banda ancha, en otros países los gobiernos se involucran para desarrollarla y llevar la conectividad a la mayor cantidad de gente posible.

Esta semana Finlandia fue noticia al establecer que a partir del año próximo todo habitante de aquél país tendrá derecho a una conexión de banda ancha de 1 Mb. Esta envidiable forma de servicio universal no termina allí, ya que el gobierno decidió subir esa capacidad a 100 Mb para el 2015, aunque por supuesto habrá contemplaciones si la conectividad es alcanzada vía redes de telefonía móvil.

Más cerca, en Brasil, el ministro de comunicaciones se reunió con los presidentes de los cinco principales operadores del mercado de telecomunicaciones (tanto fijas como móviles) para debatir nuevas formas de cooperación entre el sector público y privado para la implementación del  Plan Nacional de Expansión de la de Banda Ancha. El objetivo del mismo es potenciar el desarrollo del acceso a Internet, estimándose que requerirá una inversión de 10 mil millones de reales. Mientras tanto, aquí a Salas apenas si se le conoce la voz.

Finalmente, Cuba logró un acuerdo con el gobierno de los EE.UU. para instalar una fibra óptica subterránea que conecte a la isla con Key West, Florida. Se espera que esté totalmente operativo en el 2011. Cuando esto ocurra, no sólo se podrá prescindir de los más caros y limitados servicios satelitales, sino que será la piedra basal que permitirá el desarrollo de nuevos servicios para la isla, como Internet de banda ancha y TV por cable. Esto marca no sólo que algo está cambiando en Cuba, sino que el cambio se acelerará luego de la “conexión”.

Como puede concluirse de estos tres ejemplos de países en distintos estadios de desarrollo de infraestructura digital, lo que tienen en común es la decisión de avanzar hacia una sociedad moderna. Nosotros, mientras tanto, nos ocupamos de poner piedras en el camino. ¡Qué capos!