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Plan B

Independientemente de la extensión o no de los plazos, y dando por descontado que el proceso de apelación a la medida entrará en un recorrido judicial impredecible pero también lento, no hay que descartar un escenario donde efectivamente Cablevisión deje de prestar el servicio

 

De darse esta situación, y ante la falta evidente de un plan de migración para “reubicar” 1 millón de abonados en 3 meses, la mejor forma de evitar la desconexión de la mayoría es que sigan accediendo a Internet a través de la red que usan actualmente, la de Cablevisión, más allá de quién sea el proveedor del servicio de Internet (ISP). No hacerlo tendría un costo muy alto cuando en muchas de las localidades afectadas sólo queda el acceso a la red telefónica. Así para que los usuarios no queden desconectados y no se alteren las condiciones de competencia, un nuevo ISP debería operar utilizando la red de Cablevisión. 

 

En tren de analizar escenarios, surgen dos alternativas si lo que se busca es cumplir con la resolución pero al mismo tiempo mantener el servicio en forma ininterrumpida para sus usuarios. Ambas implican la entrada en escena de una sociedad que cuente con la licencia para dar servicios de Internet (ISP), la cual operaría sobre la red de Cablevisión, quien prestaría la infraestructura de transporte pero no el servicio. Y las alternativas son que este ISP sea privado o público.

 

Si es privado, Cablevisión tiene un as en la manga: PRIMA S.A. (Primera Red Interactiva de Medios Argentinos). Se trata de una subsidiaria 100% de este operador, tal como consta en sus balances. La misma tiene licencia para operar, haciéndolo bajo la marca Datamarkets.

 

PRIMA tiene antecedentes prestando servicios sobre redes de terceros. Comenzó a través del ISP Ciudad, operando sobre las redes telefónicas, primero ofreciendo acceso dial up y más tarde banda ancha a través del ADSL de Telecom y Telefónica. Al tiempo, amplió sus servicios a la red de cablemódem de Multicanal. Al operar Ciudad sobre múltiples redes de terceros, sus clientes tenían la alternativa de acceder a Internet tanto desde la red telefónica como de la de TV por cable. Luego de algunos reacomodamientos dentro del Grupo Clarín y más tarde con la fusión de Cablevisión y Multicanal, los clientes de Ciudad terminaron siéndolo de Fibertel/Cablevisión, quien puso el énfasis en la red de cablemódem. PRIMA se concentró entonces en el segmento de empresas con Datarmarkets.

 

Ante el escenario de que la resolución 100 siga vigente, Cablevisión podría entonces transferir sus clientes a PRIMA, quien comenzaría a operar el servicio sobre la red del operador de cable. Pero esta alternativa tiene un talón de Aquiles: al carecer de licencia, Cablevisión no podría traspasar sus clientes por decisión propia dado que técnicamente ya no lo serían más. O sea que el nuevo ISP debería “conquistar” a los clientes de Fibertel para que expresamente optaran por contratarle sus servicios. Una tarea de uno por uno muy distinta a la de traspasos en masa, y con tiempos apremiantes. No obstante, al usar la misma red que Fibertel (la de Cablevisión), tendría la ventaja de que el servicio continuaría ininterrumpido para los abonados, pudiendo inclusive mantener el preciado dominio fibertel.com.ar. [Caveat lector: PRIMA podría no ser la única sociedad vinculada al Grupo Clarín con licencia para dar servicios de valor agregado (lo que incluye Internet). No obstante, el mecanismo de resolución del conflicto sería el mismo]

 

Desde el punto de vista político, una solución que implique que una sociedad de Cablevisión mantenga el servicio de Fibertel no parece muy digerible para el gobierno, ya que su estrategia sufriría un duro golpe, con lo que todo el revuelo armado sólo habría servido para quedar en una posición peor que la original.

 

Si por algún recurso técnico-legal el plan PRIMA no pudiera implementarse, no habría que descartar una intervención directa del Estado, esgrimiendo el argumento de garantizar la continuidad del servicio. Así surge entonces la alternativa de un ISP estatal, que se haga cargo del servicio para garantizar su  continuidad, evitando la desconexión del millón de abonados o como mínimo todos aquellos que no hubieran logrado cambiar de proveedor dentro del plazo de 90 días estipulado. Para ser prolija, esta intervención estatal debería darse hasta tanto la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Claro que el escenario de una operación conjunta entre Cablevisión y el Estado, el primero proveyendo su red de cable y el segundo dando los servicios de Internet, se presenta a todas luces como problemático. Además, una intervención estatal generaría un revuelo político no menor, más allá de que por los antecedentes, esto no sería un disuasor.

 

Por supuesto, el ISP privado podría ser independiente, aunque parece poco probable que Cablevisión “ceda” los abonados de Fibertel a un tercero para convertirse en una simple red de transporte. Y la regulación vigente no podría exigírselo.


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